La protección de inversiones en combustibles fósiles en la UE lastra la lucha contra el cambio climático

¿Una ley de cambio climático? ¿Un pacto verde europeo? Están sobre la mesa, están acordados y programados. Pero los compromisos del Tratado sobre la Carta de la Energía, que protege las inversiones en combustibles fósiles, complica la consecución de los Acuerdos de París en cuanto a los objetivos de reducción de emisiones en 2030 y 2050. “Es imposible, es imposible”, explica Yamina Saheb, ex jefa de la Unidad de Eficiencia Energética de la Secretaría Internacional del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y miembro de OpenExp, “la protección de la inversión extranjera en combustibles fósiles no cumple con la ley climática de la UE, ni el Acuerdo de París ni la taxonomía de la UE para actividades sostenibles”. ¿Y qué consecuencias tiene? “Para 2050, las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero protegidas por el TCE podrían llegar a más de un tercio del presupuesto global de carbono restante para el período 2018-2050, y los activos de combustibles fósiles protegidos por el tratado ascenderían potencialmente a 2,15 billones de euros”.

Se ha iniciado una nueva ronda de negociaciones para la modernización del tratado. La primera reunión fue en julio. La segunda es el 8 de septiembre y la definitiva es en diciembre. Pero no será fácil acometer grandes modificaciones “porque hay países dependientes de las inversiones en combustibles fósiles que no van a apoyar ese tipo de reformas y cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 53 países firmantes, incluidos exportadores de gas y petróleo como Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán”, explica Yamina Saheb.

Izaskun Aroca, una de las coordinadoras de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, afirma que “hay diferentes elementos que vemos necesario abordar, como el hecho de que la protección de combustibles fósiles es incompatible con Tratado de París y el New Green Deal europeo. Por ejemplo, a Países Bajos acaban de demandarle por su política de descarbonización con vistas a 2030: Uniper les ha demandado por el cierre de las centrales del carbón”.

La empresa energética alemana demanda a Holanda por valor de 1.000 millones en concepto de compensación por la decisión de eliminar gradualmente el carbón para la producción de electricidad. Un caso de arbitraje de este tipo que tarda años en resolverse y, por el camino, genera inseguridad en la aplicación de políticas climáticas.

“Aumenta la protección de inversiones en combustibles fósiles”

“La protección de inversiones en combustibles fósiles está aumentando enormemente el costo de la transición energética para los y las contribuyentes y, por lo tanto, socavando directamente el objetivo de neutralidad climática de Europa definido en el European Green Deal (el Acuerdo Verde Europeo), lanzado por la Presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen”, afirmaban los eurodiputados Javi López (PSOE), Idoia Villanueva (Podemos), Sira Rego (IU) y Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) en un artículo en eldiario.es: “Todavía en shock por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, los países podrían ser víctimas de una nueva oleada de demandas de inversores debido a las medidas excepcionales adoptadas en los últimos meses. España ya era un objetivo importante después de la última crisis financiera. Y España es, hasta la fecha, el Estado más demandado ante el arbitraje del Ciadi [el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas entre Inversores], acumulando un total de 47 demandas, de las cuales 17 ya han sido resueltas a favor del inversor. Esto representa más de 1.000 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto comprometido por España para contribuir al Fondo Verde de la ONU para apoyar las acciones contra el cambio climático. Pero aún quedan 27 reclamaciones sin resolver contra España, que podrían costar a los contribuyentes españoles hasta 8.000 millones de euros”.

El Tratado sobre la Carta de la Energía está siendo revisado actualmente, pero las conversaciones no parecen encaminarse a que los combustibles fósiles sean excluidos de la protección del tratado. Además, el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas reclamar esas indemnizaciones, no está previsto ser reformado.

¿Puede salir la UE del TCE? “Hay países que no querrán irse porque una gran parte de su PIB depende de los combustibles fósiles” explica Yamina Saheb, quien explica que el tratado tiene un elemento disuasorio: los países pueden ser demandados hasta 20 años después de abandonar el tratado por sus acciones mientras formaban parte de él.

Ninguno de los firmantes del TCE –incluida la UE– está presentando estas propuestas, anticipando que la reforma no hará que el TCE sea compatible con los compromisos climáticos, ni abordará que los mecanismos de arbitraje del TCE sean incompatibles con la legislación europea.

En efecto, la Comisión considera ilegales los mecanismos de arbitraje entre Estados e inversores previstos en tratados bilaterales entre países de la Unión Europea o en la Carta de la Energía, lo cierto es que siguen produciéndose, a pesar de que Bruselas ha señalado, a raíz de la sentencia de Achmea, repetidas veces que los inversores europeos “no pueden recurrir a tribunales de arbitraje establecidos en tales tratados de inversión bilaterales entre países de la UE o, para litigios entre países de la UE, a los tribunales de arbitraje establecidos bajo la Carta de la Energía”.

Según publica Forbes, el 67% de las demandas de los inversores gracias al tratado son presentadas por un inversor de un país de la Unión Europea contra el gobierno de otro país de la UE. Los inversores en Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido representan el 60% de los 150 inversores involucrados en reclamaciones. La tasa de demandas que utiliza el TCE también se ha disparado en la última década. Se presentaron 75 demandas de inversores en los últimos cinco años, en comparación con solo 19 durante los primeros diez años del acuerdo (1998-2008).

Y, ahora, se abre un horizonte nuevo con las demandas. Según publicaba El Confidencial, un tribunal del Ciadi ha confirmado que la reclamación de una entidad financiera alemana, que asumió la deuda de un proyecto de energía renovable, está amparada bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Se trata de Portigon, uno de los inversores que plantearon una reclamación contra España en mayo de 2017, y el presidente del tribunal y el árbitro designado a petición de Portigon fallaron a favor de que el banco financiador también pudiera reclamar, una decisión que no fue compartida por el tercer árbitro, el elegido por España.

“El problema es que el TCE no se puede modernizar”, concluye Saheb: “Y si te sales unilateralmente como país, tienes que acordar la salida y hasta 20 años después te puede seguir demandando, como es el caso de Italia”.

“El proceso de negociaciones, además no ha puesto una fecha de finalización”, recuerda Aroca, una de las coordinadoras de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, “y de ello está pendiente el Green Deal europeo y la ley de cambio climático española, porque el tratado deja poco margen para recortar inversiones en combustibles fósiles. El tratado nace en 1994 en un contexto diferente, y en un momento en que se está con proyectos legislativos nuevos en España y en la UE, llegan demandas, y en un escenario de covid con medidas de emergencia en el que muchos bufetes están asesorando para demandar por la pandemia”. 

Petición de compensaciones por restricciones

En efecto, firmas internacionales recomiendan a sus clientes pedir compensaciones por las pérdidas de las restricciones, según un informe de Corporate Europe Observatory. A medida que hogares enteros se enferman con la covid-19 o se ven privados de ingresos debido a la pérdida de puestos de trabajo, los políticos están considerando un alivio para el pago de facturas.

En España, los proveedores de agua, gas y electricidad tienen prohibido cortar el suministro si los hogares no pueden pagar sus facturas. En Francia y otros países donde algunos inquilinos ya no pueden pagar los alquileres anteriores a la crisis, las peticiones de reducciones obligatorias de alquiler son cada vez más fuertes. Los abogados de inversiones están observando estos debates teniendo en cuenta las posibles reclamaciones de compensación de las empresas de servicios públicos.

Refiriéndose a las suspensiones de los pagos de facturas de energía en el Reino Unido, el despacho Shearman y Sterling critica: “Estas medidas inevitablemente afectan a los acreedores al causar una pérdida de ingresos. Las medidas aparentemente tomadas para hacer frente a un problema grave pero que por lo demás afectan de manera desproporcionada a determinadas empresas... pueden ser incompatibles con el derecho internacional. Si la suspensión de pagos a las empresas de servicios públicos conduce a la quiebra, surgirá la cuestión de si el Estado consideró la asistencia financiera adecuada para abordar la suspensión”.

En otras palabras: los Estados podrían ser demandados por el alivio de las facturas de servicios públicos suspendidos, y perder si los tribunales determinan que los costes de estos actos fueron asumidos “desproporcionadamente” y el gobierno no hizo lo suficiente para respaldarlos.