El próximo gobierno ante el declive de la industria: cae su peso en el PIB y se aleja aún más del objetivo europeo
Es uno de los retos que aguardan al gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales: qué futuro tiene la industria española, un sector que en 2018 redujo su peso en el PIB en tres décimas, hasta el 16%, según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato pone fin a dos ejercicios de discretos avances, supone el mayor recorte en la aportación de la industria al PIB desde 2006 y aleja más a España de la media europea (17,5%, según Eurostat) y del objetivo de que esta actividad suponga el 20% del PIB en 2020.
La industria española, que en 2018 empleaba a un 14,01% de la población activa (2,7 millones de personas), cortó el pasado ejercicio una racha de tasas de crecimiento superiores a los del PIB y acabó el año destruyendo empleo por primera vez desde el cuarto trimestre de 2012. También encadenó dos trimestres en negativo, lo que técnicamente equivale a recesión.
Tras ese comportamiento está la ralentización de las exportaciones, que crecieron un 1% en el último trimestre frente al 4,2% del mismo periodo de 2017, como consecuencia de las tensiones comerciales a escala global, el enfriamiento de la demanda de Alemania y el impacto de la entrada en vigor de los nuevos protocolos de medición de emisiones en el sector de la automoción, que da empleo directo a más de 885.600 personas en España. Con una facturación de unos 235.000 millones de euros, esta industria representa en torno al 10% del PIB.
A rebufo de Alemania, la Comisión Europea propuso en 2012 ese objetivo de que la industria alcanzase en 2020 el 20% del PIB. Bruselas propugna un “renacimiento” de esta actividad, que goza de altos niveles de productividad y genera empleos de mayor calidad, con mejores salarios y condiciones laborales para sus trabajadores. También ofrece una mayor resistencia a las fases adversas del ciclo económico.
“Un país sin industria es mucho más vulnerable a todo”, resume José María Labeaga, catedrático de Análisis Económico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Como señala Santiago Carbó, catedrático de Economía de Cunef, más industria equivale a “reforzar la base productiva más sana” de la economía y generar nueva tecnología.
Carbó cree que, por ahora, es “imposible llegar a ese 20%” del que, como reconocía el jueves la ministra de Industria, Reyes Maroto, “ahora mismo estamos lejos”. Recuerda el catedrático de Cunef que “aunque España tenga competitividad y gran presencia en sectores como el automóvil, el sector servicios es la actividad principal del PIB y tendría que registrar un fuerte retroceso para que la industria tuviera ese protagonismo”.
Nada más tomar posesión, Maroto subrayó en el Congreso que los crecimientos registrados en los últimos ejercicios por la industria eran “insuficientes” para llegar a ese 20%, que emplazó a alcanzar para lograr “niveles de peso del sector industrial equivalentes al que tienen otros países de nuestro entorno. Por poner algunos ejemplos, en República Checa la industria representa el 28,4% del PIB, en Alemania el 23,1% y en Italia el 17,2%”, recordó.
Desde entonces, se ha sucedido un goteo de anuncios de cierres y despidos en empresas como Alcoa, Cemex, Vestas, Tubos Reunidos o La Naval, muchas veces multinacionales con su centro de decisión fuera de España. Varias han utilizado como argumento el alto coste de la electricidad, un problema sin visos de solución a corto plazo. “Un precio competitivo de la energía para las actividades industriales respecto a los países de nuestro entorno europeo y global” era el primero de los “desafíos” que identificaba la CEOE para la industria en un documento publicado en enero de 2018.
El Ministerio de Industria aprobó el viernes un paquete de ayudas de 91 millones para compensar a las fábricas con alto consumo de electricidad por el aumento del coste de los derechos de emisión de CO2, una medida que busca atraer a posibles compradores de las dos plantas que Alcoa quiere cerrar. Industria también sacó adelante en diciembre un decreto ley de medidas urgentes que, entre otras cosas, incluía un contrato de relevo pensado para abaratar la sustitución de los trabajadores más veteranos del sector del automóvil. Y recientemente sacó a consulta un Estatuto de Consumidores Electrointensivos mermado por la ausencia de Presupuestos del Estado y que la Asociación Española de Grandes consumidores de Energía (AEGE) ha considerado “insuficiente” porque su impacto real es “mínimo”.
Industria también presentó en marzo un Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción que prevé más de 2.600 millones hasta 2025 para dotar de “certidumbre” al sector, en un contexto de caída de ventas y producción. Pese a que no convence a la patronal Anfac, que ha pedido medidas “de choque”, para Jordi Carmona, secretario del sector Automovilístico de UGT FICA, el plan va en la buena dirección tras la “criminalización del diésel” que, a su juicio, emprendió la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al apuntar que esta tecnología tenía “los días contados”.
El PSOE es la única formación que hasta ahora ha presentado su programa electoral para las generales. En él, apuesta por “un Pacto de Estado por la Industria” para alcanzar ese objetivo de “incrementar al menos hasta el 20%” su peso en el PIB. También promete una nueva Ley de Industria “que adapte el marco regulatorio a los nuevos retos de digitalización y descarbonización, que actualice la regulación sobre calidad y seguridad industrial, y reduzca las cargas administrativas favoreciendo una mayor coordinación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales”.
Vaso medio lleno
Pese a los datos negativos de los últimos meses, en el Ministerio prefieren ver el vaso medio lleno: defienden que el dato de 2018 “indica estabilidad en el ciclo de medio plazo” y que es “difícil recuperar en el segundo semestre del año lo que, en términos de política industrial, no se hizo en el primer semestre”. Industria subraya que la última Encuesta de Coyuntura Industrial, publicada el jueves y basada en las respuestas de más de un millar de empresas, muestra una mejora en el Indicador de Clima Industrial (ICI), que en marzo frenó la tendencia decreciente que presentaba desde hacía más de un año, aunque es 1,8 puntos inferior al de un año antes.
El secretario general de Industria, Raúl Blanco, defendía en un artículo publicado en febrero en El Nuevo Lunes que “la industria ha entrado en un proceso de desaceleración, pero sigue creciendo, y lo hace de forma robusta, pues se basa en un incremento notable de la formación bruta de capital fijo. Si tomamos la evolución del valor añadido industrial como referencia, observamos que ha pasado de crecer un 4,4% en 2017 a experimentar un crecimiento del 1,2% en 2018. Es más, las señales solo se han encendido en el último trimestre del año, cuando el VAB [Valor Añadido Bruto] industrial registró una caída del 1,1% interanual”, frente al aumento del PIB, fijado por el INE el viernes en el 2,6%.
Hay quienes ven en la energía ese lastre para la competitividad industrial, un posible nicho futuro de empleo en esta actividad para la próxima década, como consecuencia de la transición hacia una economía descarbonizada. El Plan Nacional de Energía y Clima que el Gobierno remitió en febrero a Bruselas estima que la industria podría captar entre el 19,2% y el 14,5% de los entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos anuales que, según las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica, podrían generar las nuevas inversiones hasta 2030 en renovables, ahorro, eficiencia y redes.
Para Santiago Carbó, en el país del sol y tras el espectacular descenso de costes experimentado en los últimos años por la tecnología fotovoltaica, “es viable crear cientos de miles de empleos” vinculados a esta industria “si se hace en serio y se ponen los recursos necesarios”. “Mi duda es que hemos hecho muchos anuncios en el pasado de gran proyecto nacional y quedaron en nada”, dice. En su opinión, esa puesta debería ser “transversal, con participación de todos, con un plan bien comunicado, que logre motivar y atraer a nuevos agentes empresariales”.
José María Labeaga, de la UNED, cree necesario impulsar la industria, pero teniendo clara una estrategia que hoy por hoy “no existe”. “Necesitamos algo más que decir que vamos a apostar por la industria; esto implica hacer la regulación adecuada” y “seleccionar muy bien, porque no se puede competir con los emergentes, vía costes. En España hay ejemplos muy bonitos de desarrollo de clusters empresariales”, como Euskadi, donde la industria supera el 20% del PIB. “Quitas País Vasco, Navarra y Catalunya y la situación es dramática: sin esas regiones la industria no llegaría al 12% del PIB”, añade.
La inversión en investigación y desarrollo (I+D) de España es de apenas el 1,2% del PIB (la media europea supera el 2%). “Se habla de un sector industrial absolutamente informatizado y conectado al big data, y todo el mundo habla de la industria 4.0, pero, ¿alguien sabe qué es eso? De los 3,2 millones de empresas que hay en España, el 99,4% tienen cinco o menos empleados. Es el tejido que tenemos”, recuerda el catedrático de la UNED.
“La mejor política industrial es la que no existe”
Hasta mediados del siglo XX, España fue una economía eminentemente agrícola, que empezó a atraer industrias durante el desarrollismo franquista compitiendo vía costes. Con la durísima reconversión de los 80, con aquella frase atribuida al entonces ministro Carlos Solchaga (hoy consejero del grupo de componentes de automoción CIE Automotive) defendiendo que “la mejor política industrial es la que no existe”, llegó la hora de la deslocalización hacia otros destinos más baratos, como Asia.
“Retuvimos al automóvil, pero eso me parece casi un milagro”, dice el analista financiero y estadístico Juan Ignacio Crespo, que recuerda que el futuro en este sector (coche eléctrico mediante) apunta a una utilización de mano de obra mucho menos intensiva que la actual: los estudios que maneja UGT, dice su responsable de Automoción, apuntan a que un vehículo eléctrico utiliza un 38% menos de piezas que uno convencional y supone una reducción del 17% en la mano de obra necesaria.
“Hasta hace muy poco, todo el mundo quiso que la industria pesara menos en el PIB porque es propio de los países desarrollados. Fue el mantra hasta que se impuso que había que hacer lo contrario, relocalizar. A mí me suena mejor que pierda peso a cambio de un sector servicios potente en el exterior, no basado en bares de copas, sino en sectores como por ejemplo la ingeniería, que en el caso de España en los últimos 20 años ha competido de maravilla”, resume Crespo.
