Puertos del Estado: zona franca para el caos y el despilfarro

El descontrol en la gestión de algunos de los 46 puertos españoles está encendiendo algunas alarmas. En torno a una decena de estas infraestructuras estratégicas están inmersas en escándalos por presunta corrupción, sobrecostes y falta de vigilancia, con un posible despilfarro de cientos de millones de euros.

España es el país de la UE con mayor longitud de costa (8.000 kilómetros) pero Madrid no tiene mar. Los que denuncian el descontrol en los Puertos del Estado, como Daniel Ripa diputado autonómico y secretario general de Podemos Asturies, creen que esta es la principal razón por la que apenas se atiende a la situación de estas infraestructuras, dependientes de las autoridades portuarias, que son entes públicos.

Solo en el caso de El Musel (Gijón) la Audiencia Nacional está investigando irregularidades por cantidades que podrían ascender a 247,5 millones de euros. Serían sobrecostes injustificados en unas obras de ampliación de la infraestructura que supuestamente tenían que costar unos 500 millones. Por comparar, el perjuicio económico de la trama Gürtel se ha cifrado en la parte que se está juzgando en la actualidad en “solo” 120 millones de euros.

Fue la Oficina Antifraude de la Unión Europea, OLAF, la que a mediados de 2014 detectó irregularidades contables por parte de la UTE de empresas adjudicataria (entre ellas FCC y ACS). Recientemente técnicos de la oficina europea han ratificado ante el tribunal que a su juicio las empresas sabían, poco después de que les adjudicaran las obras en 2005, que se iba a producir un importante sobreprecio. Las dos constructoras mencionadas han declinado hacer declaraciones a este medio sobre este asunto.

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), personado como acusación particular en el juicio fue impulsado por Ripa, entre otros. Para ellos se puede añadir a la cantidad investigada en la Audiencia Nacional otros 380 millones del coste de la regasificadora que se construyó dentro del puerto y que posteriormente fue declarada ilegal y otros 100 millones de un polígono logístico al que apenas se ha trasladado ninguna empresa porque carece de accesos adecuados.

“Al principio, pensábamos que era una práctica muy asturiana. Pero conforme ha ido avanzando el caso tengo la duda de si está generalizada por parte de un grupo de empresas en obras de distintos puertos”, añade Ripa.

Según ha publicado en su blog la fundación Hay Derecho, los escándalos en una decena de puertos españoles podrían ser “la punta de iceberg”. Además del de El Musel, mencionan otros otros casos en Pasaia (Gipuzkoa), Barcelona, Valencia, Las Palmas, Baleares, Cartagena...

Los auditores de la Unión Europea han dado la voz de alarma. En un demoledor informe en septiembre, el Tribunal de Cuentas comunitario, con sede en Luxemburgo, alertó del “despilfarro” en puertos españoles, y calculó que 394,2 millones de euros de fondos europeos han terminado en infraestructuras “inutilizadas o infrautilizadas en gran medida”. Como ejemplo, ponían inversiones fallidas en puertos de Campamento, Punta Langosteira, Ferrol y Arinaga.

La respuesta del organismo encargado de controlar y coordinar la eficiencia de las 28 autoridades portuarias, Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, es que no se puede pretender que en cuatro o cinco años una infraestructura portuaria dé todos los frutos que se esperan de ella. Creen que no se puede medir en ese plazo su rentabilidad, sino que tienen que pasar 10 o 20 años como mínimo. Y añaden que los casos que están en proceso de investigación han sido denunciados por las propias autoridades portuarias. En todo caso niegan descontrol o un problema de corrupción sistemática.

Casos aislados, según los sindicatos

Tampoco para los responsables sindicales de UGT y CCOO en estas infraestructuras los casos de corrupción y mala praxis se pueden considerar un problema generalizado, sino ejemplos “aislados”. Para el secretario general de Puertos de CCOO, Pedro Suárez, se trata de una extrapolación de los problemas de sobredimensionamiento de las infraestructuras propios de los años del pelotazo.

Suárez explica que no tiene una “sensación de corrupción sistémica o generalizada” y “menos ahora, cuando todo el mundo se cuida mucho de lo que se firma y lo que hace”. En todo caso, señala que su sindicato es “el único” que ha llegado a denunciar un caso de este tipo en el Puerto de Huelva.

A raíz de esa denuncia del sindicato, Manuela de Paz dejó en 2015 la presidencia de la Autoridad Portuaria de la provincia, al ser investigada por delitos ambientales, fraude y prevaricación durante su gestión. Según publicó El Mundo tras la denuncia de unos trabajadores, fue despedida con una comilona sufragada con fondos públicos.

Por su parte, el responsable del Sector Marítimo Portuario de UGT, José Manuel Pérez Vega, reconoce que los mecanismos de control de la administración de los puertos, en manos en parte de las autoridades portuarias -designadas por las comunidades autónomas–, y en parte de Puertos del Estado “lo complica todo”. Aunque tendría que suponer una mayor vigilancia, esta multiplicación de autoridades va justamente en dirección contraria, según su impresión. También denuncia que se están “vaciando de personal” los puertos con el fin de abaratar costes. “Es esa concepción de lugar estratégico que se ve prostituida por una liberalización salvaje”.

Por los puertos españoles pasan cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones españolas, lo que representa el 53% del comercio exterior con la Unión Europea y el 96% con terceros países. La actividad del sistema portuario estatal aporta cerca del 20% del PIB del sector del transporte, un 1,1% del PIB. Genera además un empleo directo de 35.000 puestos de trabajo y unos 110.000 de forma indirecta, según el organismo Puertos del Estado.

El plan de inversiones de accesibilidad portuaria 2017-2020, aprobado recientemente, prevé un volumen de inversión de 1.418 millones de euros en el citado periodo. Y sólo en este año, están previstas obras de inversión portuaria por valor de 813 millones de euros.