El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, el conocido como 'caso Bankia', se reanudará este martes previsiblemente con la comparecencia del expresidente de la entidad Rodrigo Rato.
En caso de ser condenado, Rato sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid. De hecho, el expresidente de Bankia llegará a la Audiencia Nacional en furgón de la Guardia Civil desde la prisión.
El pasado 29 de noviembre finalizó la cuarta jornada del juicio oral, tras la que la presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la magistrada Ángela Murillo, decidió suspender las sesiones hasta el mes de enero debido a que el tribunal requería de tiempo para elaborar su auto de conclusiones.
El juicio se inició ese lunes con las ponencias de las defensas de todas las partes, que expusieron sus cuestiones previas a lo largo de tres jornadas, tras lo que tuvo lugar el turno de réplica para responder a dichas cuestiones.
La siguiente etapa arranca hoy con la comunicación por parte del tribunal de la resolución de las cuestiones previas que plantearon las partes --como la aplicación de la 'doctrina Botín', la admisión de nuevas pruebas periciales o la expulsión de acusaciones no legitimadas--, tras lo cual tendrán lugar las comparecencias de los investigados.
Está previsto que desde hoy y hasta el 26 de junio se celebren tres sesiones (lunes, martes y miércoles) cada semana, por lo que esta semana únicamente habrá dos sesiones, la de hoy y la de mañana.
La Fiscalía solo acusa a cuatro de los 34 sentados en el banquillo: el expresidente y el exvicepresidente de Bankia, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, respectivamente, y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons.
Durante las cuestiones previas, varias defensas argumentaron que el único perjudicado por la salida a Bolsa de Bankia es el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) --propietario del 61% de Bankia--, por lo que no existe acusación legitimada para solicitar la apertura del juicio oral contra los otros 30 investigados y piden acogerse a la 'doctrina Botín' de 2007, que establece que se archivará la causa si la persona no es acusada por el Ministerio Fiscal o un particular.
La Fiscalía se opuso a este requerimiento, al estimar que la salida a Bolsa de Bankia puso en cuestión a todo el sistema financiero español al provocar el mayor rescate de la historia de España, lastrar la cotización del Ibex 35 y disparar la prima de riesgo, lo que le llevó a entender que la operación tuvo un perjuicio colectivo, respaldando así la legitimidad de las acusaciones populares y particulares.
LA FISCALÍA PODRÍA AMPLIAR SU ACUSACIÓN
Además, el Ministerio Fiscal comunicó al inicio del juicio que había recibido un nuevo informe pericial del perito Antonio Busquets que no había tenido en cuenta en el periodo de instrucción y que ponía de manifiesto que la información que aparecía en el folleto de salida a Bolsa ocultaba el estado real de las cuentas, por lo que advirtió de que podría incluir el delito de falsedad contable en su escrito de acusación definitiva, que se dará a conocer cuando finalice el juicio, un delito que descartaba expresamente en su escrito provisional.
Tanto Bankia como la mayoría de defensas solicitaron que esta prueba fuese inadmitida por causar una situación de indefensión material para los acusados, al tratarse de documentos que introducen nuevos hechos ajenos al debate y a la acusación formalizada por la Fiscalía y que no fueron remitidos debidamente a las partes para que pudiesen componer una defensa y articular una prueba suficiente para refutarlo.
Por otro lado, el abogado de Bankia reiteró su petición de expulsar a las acusaciones particulares no legitimadas para personarse en el juicio, como aquellos que llegaron a un acuerdo con Bankia para la devolución de lo invertido a cambio de renunciar a ejercer acciones civiles y penales, los que representan a inversores fallecidos sin acreditar su potestad como herederos y los que compraron acciones del banco en un mercado secundario o que canjearon preferentes por títulos de la entidad.