Sea quien sea quien ocupe La Moncloa a partir de 26 de junio tendrá que afrontar dos retos económicos que condicionarán el inicio de su mandato: el recorte de 8.000 millones de euros que exige Bruselas para cumplir el déficit y una posible multa de 2.000 millones como castigo a los incumplimientos de España. Sin embargo, casi todos los partidos mantienen sus compromisos de gasto en los programas que presentarán a las próximas elecciones. De momento, solo Ciudadanos ha reconocido que su compromiso de bajar el IVA ya no es posible debido al alza del déficit.
El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, admitió este fin de semana que sus propuestas fiscales y económicas tendrán que ajustarse al nuevo escenario. Su programa para los comicios tendrá “una memoria presupuestaria detallada y específica”. De momento, Garicano ya ha adelantado que su promesa de bajar el IVA general del 21% al 18% y el reducido del 10% al 7% “no será factible”.
Habrá que ver si el partido de Albert Rivera mantiene otros de sus compromisos anteriores, como el complemento salarial para las rentas más bajas, una ayuda para trabajadores con sueldos bajos que nunca ha concretado pero que podría suponer un gasto significativo.
El PSOE ha insistido en varios ocasiones: su programa para el 26J será el mismo que el que elaboraron para el 20D. El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, asegura que su propuesta para aumentar los ingresos del Estado es sólida y permitirá aguantar el aumento del gasto que requerirán las medidas de su programa.
No son pocas. El partido de Pedro Sánchez se ha comprometido a aprobar una ayuda para los hogares sin ingresos, a ampliar la cobertura por desempleo, a aumentar las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo y a subir el salario mínimo a lo largo de toda la legislatura. “Tenemos una alternativa fiscal muy trabajada y tenemos prioridades de gasto: la lucha contra la pobreza, los planes de empleo y la formación para parados de larga duración y el ingreso mínimo vital”, subraya De la Rocha.
Los socialistas han añadido, además, otro compromiso más: un plan de empleo público que costará 3.300 millones, un dinero que pretenden rescatar de las numerosas bonificaciones a la Seguridad Social que existen actualmente, pero también de los Presupuestos Generales. En cualquier caso, el plan del PSOE pasa también por negociar con Bruselas una ampliación del plazo de cumplimiento del déficit. Según el secretario de Economía, si en las anteriores elecciones decían que un año más bastaría para domarlo, ahora cuentan con que serán necesarios dos.
Las contradicciones del PP
La situación del Partido Popular es la más ambigua: sobre el papel su programa no solo no incluirá recortes, sino que apostará por una nueva rebaja del IRPF. Este lunes el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, reiteró su intención de reducir dos puntos todos los tramos del impuesto sobre la renta.
Sin embargo, hace unos días el propio Rajoy envió una carta al jefe de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, comprometiéndose a hacer más ajustes si gobierna tras las elecciones de junio. “Estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir los objetivos”, decía. Es más, el ministro de Economía en funciones, Luis De Guindos, dijo este lunes que si la economía se frena, habrá que “implementar recortes”.
Los programas de Podemos e IU
Aunque Podemos e Izquierda Unida concurren unidos a las elecciones del 26J, cada partido lo hará con su propio programa electoral. Además de esos dos textos está el acuerdo que contiene las 50 propuestas de mínimos que las formaciones acordaron al cerrar su pacto. Entre ellas figuran reivindicaciones que llevan meses poniendo sobre la mesa y que implican gasto, como la renta garantizada para las personas que viven bajo el umbral de la pobreza o la financiación de la Ley de Dependencia. Pero también una “nueva senda de reducción del déficit” y una reforma fiscal que aumente los ingresos.
La responsable de programa de IU, Marga Ferre, subraya que su partido no va a plegarse ante “una amenaza” que busca “ayudar a los partidos de la Troika”. “Hemos entendido que los anteriores gobiernos han sido sumisos a los dictados de Bruselas de manera vergonzosa. Para España, que es la cuarta potencia económica de la Unión Europea, no valen amenazas como para Grecia”, dice Ferre. Sus afirmaciones, señala, son compatibles con defender una racionalización del gasto público y unas cuentas saneadas.