Récord de litigios ante el Ministerio de Industria tras la reforma eléctrica de José Manuel Soria
José Manuel Soria encara los últimos meses de su actual mandato al frente del Ministerio de Industria con la litigiosidad relacionada con la normativa del sector eléctrico en máximos históricos. Aunque es difícil cuantificarlo porque su departamento no ofrece datos al respecto, nunca hasta ahora Industria había tenido tantos frentes abiertos en los tribunales nacionales e internacionales. La culpa es, en buena medida, de la reforma eléctrica con la que Soria ha intentado taponar el multimillonario déficit de tarifa eléctrico.
En su estreno en la Comisión de Industria del Congreso, en enero de 2012, Soria dijo que uno de sus “ejes de actuación” en materia energética sería “dar seguridad jurídica al sector”. “En la legislatura pasada en algún momento se rompió esta seguridad jurídica y no nos podemos permitir volver a tropezar en ello”, dijo entonces el ministro. Tres años después y tras haber intentado cuadrar a martillazos el enorme agujero entre ingresos y costes regulados del sector eléctrico, el balance es desolador.
En la última memoria de la Abogacía del Estado es del año 2008 y, pese a la negativa de Industria a facilitar ninguna información, hay datos que confirman la opinión, unánime entre todos los expertos consultados, de que el Ministerio ha batido todos los récords de litigios en esta legislatura, en un sector tradicionalmente muy proclive a recurrir en los tribunales cualquier normativa que se le ponga por delante: ya se trate de la financiación del bono social (descuentos en la tarifa para colectivos vulnerables), las contribuciones al fondo de eficiencia energética, la interrumpibilidad (descuentos para la gran industria) o las sucesivas órdenes de peajes, que fijan la parte regulada del recibo.
“Hay más litigios, sí, pero son todos alrededor de un mismo tema, con más países y más gente interesada”, resume el expresidente de Red Eléctrica y actual presidente de Madrileña Red de Gas, Pedro Mielgo.
El “tema” al que alude Mielgo son los recortes a las energías renovables. Como explica Mariano Bacigalupo, director jurídico de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) hasta 2012, la litigiosidad en este sector siempre había sido “bastante amplia”, pero antes de la “explosión” del antiguo régimen especial (en el que se incluyen las tecnologías renovables), a mediados de la pasada década, el mercado se lo repartían un puñado de agentes, lo que se traducía en menos denuncias en los tribunales.
“El mundo eléctrico estaba reducido a un número muy pequeño de grandes empresas; era un mundo muy cerrado, en el que la interacción entre el regulador y las empresas era muy estrecha. No se sabía muy bien quién hacía la norma y quién era el destinatario de la misma”, resume Bacigalupo.
Ahora los actores se han multiplicado, sobre todo tras la irrupción de una tecnología más asequible que el resto, la fotovoltaica, que ha dado entrada a muchos pequeños inversores en el sector. Con ellos, y tras los recortes retroactivos aplicados desde 2010, se han disparado las denuncias. Por un lado, en el exterior: España ya es tercera en el ránking mundial de demandas ante el CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, sólo por detrás de Venezuela y Argentina, países que son sinónimo de inseguridad jurídica. La última denuncia, vigésima, de momento, la presentó la japonesa JGC a finales de junio.
Hay miles de millones de euros en juego, pero el desenlace de estos pleitos (la mayoría está relacionada con la energía termosolar, mucho más intensiva en capital que la fotovoltaica) llegará cuando en Industria ya no esté Soria.
Que apechugue el que venga después
Como recuerda Bacigalupo, en estos casos, “quien apechuga con las consecuencias, en el caso de que sean desfavorables, es un responsable político que normalmente no es el que hizo la regulación”.
El otro frente es el nacional. A principios de julio, ya se habían presentado cerca de 400 recursos (muchos de ellos, además, agrupan a varios recurrentes) ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (la de lo contencioso-administrativo) contra el decreto de Industria que hace un año modificó con efectos retroactivos el sistema de primas a renovables y la orden ministerial que estableció los parámetros retributivos de esas instalaciones. La normativa colea en otra instancia judicial, la Fiscalía Anticorrupción, por los famosos 'informes fantasma' en los que supuestamente Industria iba a basar los recortes. De momento, hay presentada una denuncia contra el número dos de Soria, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, al que los promotores del escrito acusan de prevaricación.
Ahora puede llegar una nueva avalancha de recursos. La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) acaba de aprobar la liquidación definitiva del ejercicio 2011, que abre la última puerta a recurrir (el plazo expira a principios de octubre, dos meses hábiles después) el recorte del número de horas con derecho a cobrar prima que aprobó en 2010 Miguel Sebastián (antecesor de Soria) a las plantas fotovoltaicas.
Fue el primer hachazo al sector y la publicación de esta liquidación es “el último tren” para los promotores que quieran reclamar, explica Daniel Pérez, abogado del bufete Holtrop, que recuerda esa liquidación recibió más de 34.000 alegaciones, lo que puede dar una idea de cuántos promotores pueden decidir acudir a los tribunales (en este caso, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional). Piet Holtrop, del mismo despacho, (representa a unos 2.000 clientes poseedores de instalaciones fotovoltaicas), cree que este paso puede dar pie a una “segunda ola en los tribunales” contra Industria.
