Los recortes en empleo público son insostenibles, según la OCDE

Los recortes aplicados en el empleo público en varios países como elemento destacado de sus planes de ajuste durante la crisis son difícilmente sostenibles a largo plazo porque la población demanda servicios públicos, según estimó hoy la OCDE. “Reducciones significativas en el empleo público son difíciles de sostener a largo plazo, ya que las demandas de los ciudadanos crecen”, consideran los autores de un nuevo estudio de la Organización.

Los autores de “Panorama de las Administraciones Públicas 2013” indican que aunque muchos miembros de la OCDE han aplicado en el período 2001-2011 (en el que se fija el estudio) recortes o congelaciones de empleo en el sector público, pocos podrán mantenerlos. La OCDE estima que como la demanda de los servicios públicos no cae, las formas de reducir el empleo público a largo plazo pasa, en primer lugar, por obtener incrementos de la productividad, pero reconoce que estos “raras veces son cuantificables y que pueden asumirse que sean más bien modestos”.

En segundo lugar, dice que se puede optar por externalizar servicios, es decir, que el Gobierno de turno pague por ellos pero que los preste el sector privado.

En relación con la estructura del empleo público, el estudio detectó entre esos años poca variación entre el porcentaje de trabajadores públicos en la administración central y las entidades regionales. En el caso de España, la OCDE vincula el fenómeno con la delegación de competencias desde el Estado hacia las comunidades autónomas, pero también coincidió con un recorte de los efectivos desde 2010, constataron los autores del estudio. Así, los empleados públicos dependientes del Gobierno central pasaron a suponer un 20% del total, frente al 40% de 2001.

Solo en el caso de Noruega se dio en ese período un proceso contrario, es decir, una “notable” centralización del empleo público, con un incremento del 13 % en el número de personas que trabajan en la administración central.

Dentro de la propia OCDE existen grandes diferencias en el tamaño relativo del empleo público: en Noruega y Dinamarca alcanza al 30 % de la población que trabaja, mientras que en México, Corea del Sur, Grecia o Japón es el 9 % o menos; la media de la organización es del 16 %. Para España, la OCDE dice que solo un 13,1% de la fuerza laboral trabaja en el sector público en 2011.

Sueldos públicos españoles

Además, detalla los salarios medios que cobran los empleados públicos en la Administración Central. Estas compensaciones medias parece mucho más altas que lo que reflejan los PGE del Estado (ver gráfico). Bien por efecto del cambio de divisa, o porque en la OCDE cuenten también con los cargos en empresas públicas. Así, la organización asegura que de media un alto cargo cobra 145.000 dólares (107.000 euros), cuando el sueldo del presidente del Gobierno es de 78.185 euros. En una reciente información, el digital Infolibre aseguraba que solo en la empresa pública Tragsa hay 200 directivos que cobran más que Rajoy y que el coste medio del personal de Madrid es de 109.000 euros. Además, en 2012 tuvo lugar el recorte de la paga extra, que no se incluiría en los datos de la OCDE.

Y entre 2011 y 2011 decreció en la mayor parte de los países del conocido como “club de los países desarrollados” el empleo de las empresas públicas en porcentaje del total de la población laboral: de una media del 5,7 % en 2001 hasta el 4,7 % en 2011, precisó la OCDE.

Además, en España un 55,2% de los empleados públicos son mujeres, un poco por debajo de la media de la OCDE que se fija en un 56,8%. Sin embargo, con las tres ministras la tasa de mujeres que desempeñan un cargo de rango tan elevado en el Gobierno es muy superior al del resto de estos países industrializados en los que hay economías como México y Turquía.

En lo que España suspende es en transparencia en las administraciones públicas. Así, solo tiene una nota algo por encima de 40 en cuanto a la revelación de intereses públicos y privados, frente al más de 50 que tiene el conjunto de los países ricos. La confianza de los ciudadanos en el Gobierno ha caído, además, al 34% de la población.