2020 solo está empezando, pero una de las metas más ambiciosas para este año sobre empleo público se antoja “irrealizable”. Los sindicatos ya dan prácticamente por imposible el objetivo al que se comprometió el Gobierno de reducir la temporalidad en todas las administraciones públicas al 8% antes de que acabe este año. Pese al acuerdo, firmado en 2018 por el entonces ministro Cristóbal Montoro, la proporción de trabajadores temporales en el sector público ha continuado aumentando y está disparada. Era del 27,8% en el último trimestre de 2019, según los datos de la EPA.
Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, firmantes del acuerdo, han pedido ya a la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública una reunión urgente para abordar esta y otras cuestiones pendientes que afectan a los empleados públicos. Carolina Darias afirmó esta semana en el Congreso que se encontraría con los representantes de los trabajadores en breve y fuentes del Ministerio indican que la reunión tendrá lugar “en los próximos días”.
La meta de reducción del empleo temporal hasta el 8% figura en el 'II Acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo' en los años 2018 a 2020, en el que se recogen también los aumentos de sueldo para estos ejercicios. Los incrementos salariales sí se han aplicado. El último, de un mínimo del 2%, fue aprobado por el Ejecutivo de coalición en sus primeros días de mandato a través de un real decreto-ley, a falta de Presupuestos Generales del Estado, y ya ha sido convalidado en el Congreso.
Sin convocar muchas plazas comprometidas
En cambio, el compromiso para estabilizar el empleo público se encamina al fracaso. CCOO, UGT y CSIF explican que no se han convocado todas las ofertas públicas de estabilización del empleo comprometidas por el Gobierno y ya descartan que dé tiempo a hacerlo en lo que queda de año para cumplir el límite del acuerdo. “Es irrealizable”, explican fuentes de CSIF, que denuncian “la falta de voluntad política” para cumplir el acuerdo.
Fuentes del Ministerio de Función Pública destacan que en la Administración General del Estado, que depende del Estado central, sí se va a cumplir el compromiso: “En los últimos dos ejercicios se han realizado las ofertas más amplias de la última década. Y se ha incidido especialmente en la estabilización del empleo público con lo que la temporalidad ha caído al 1,95%, por tanto, muy por debajo del 8%”.
En UGT han ido recopilando información de las convocatorias de ofertas públicas de estabilización y calculan que, por sectores, en Justicia se han convocado casi todas las plazas comprometidas (8.105 de las 8.764 planificadas), mientras que en Enseñanza y Sanidad hay aún una enorme distancia respecto a lo firmado: en el primer caso con 84.140 plazas convocadas de un total de 151.136 y en Sanidad, con la convocatoria de 79.316 de 132.582.
Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Empleadas y Empleados de Servicios Públicos de UGT explica que el sindicato pedirá que el Gobierno conceda más tiempo a las administraciones a las que no les haya dado tiempo a convocar las ofertas de estabilización. Lo importante, señala Lacuerda, es que esas plazas “no se pierdan” y salgan adelante.
La temporalidad ha seguido creciendo
La cuestión es que, aunque se convocaran en plazo todas las ofertas de empleo público apalabradas, no se lograría alcanzar el objetivo del 8% de temporalidad. “Con las plazas comprometidas podemos llegar en torno al 15%”, estima Paco García, coordinador del área pública de confederal de CCOO.
Y es que, pese a las convocatorias organizadas estos últimos años, la temporalidad en el empleo público ha aumentado hasta llegar a máximos. En la actualidad, uno de cada cuatro empleados públicos tiene un contrato temporal. Mientras, el sector privado ha logrado reducir su peso de trabajadores eventuales, con descensos desde 2017.
El responsable de UGT lo califica como un “bucle” de precariedad en el seno del sector público. Aunque han salido plazas en estos procesos pactados, las necesidades de personal de la Administración son superiores y se sigue recurriendo a más trabajadores temporales para cubrirlas.
El sindicato culpa en gran medida de ello a la tasa de reposición, que busca limitar la incorporación de trabajadores cuando se libera una plaza (por jubilación o defunción de la persona que la ocupaba, por ejemplo). Aunque esta restricción se ha relajado en los últimos años en algunos sectores considerados esenciales, los sindicatos reclamarán a la nueva ministra de Función Pública que se elimine por completo, para facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas y la suficiencia de personal.
Aunque la Administración General del Estado consiga cumplir la meta, de media, tanto los trabajadores públicos en todo el Estado como los que trabajan en todas las Comunidades Autónomas presentan tasas de temporalidad muy alejadas del 8%, según los últimos datos de la EPA.
Las tres Comunidades con más peso de trabajadores eventuales son Euskadi (39,1%), Navarra (38,4%) y Cantabria (38%). Las que presentan menores tasas de temporales son Catalunya (24%), la Comunidad de Madrid (24,6%) y Castilla-La Mancha (25,2%).
Manifestación de empleados temporales
En este escenario, miles de empleados públicos temporales de todo el Estado están llamados a manifestarse en Madrid el próximo sábado 15 de febrero para exigir la conversión de los trabajadores temporales fraudulentos en empleados fijos. El recién formado 'Colectivo de empleados públicos en abuso de temporalidad' se organiza a través de las redes sociales, explica uno de sus miembros Israel Fulgencio, empleado público temporal de la Administración de Justicia desde hace nueve años.
Este colectivo exige la conversión en fijos de los trabajadores eventuales en los casos en los que la Administración ha cometido un abuso en su situación de temporalidad, algo que no comparten los sindicatos, que consideran que hay que sancionar el fraude cometido, pero no con la concesión de la plaza fija, que en su opinión choca con el actual sistema de acceso al empleo público. Fulgencio rechaza que su propuesta incumpla los requisitos de igualdad de acceso a una plaza pública: “Nosotros ya accedimos en su día a estos puestos cumpliendo los requisitos constitucionales que se exigen”.
El Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará el próximo jueves 19 de marzo sobre si procede esta conversión automática en fijos. Por el momento la abogada general de la UE se ha posicionado en contra de esta solución, aunque avala que exista alguna indemnización para los afectados por el fraude.
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CORRECCIÓN: En una versión anterior de este artículo se apuntaba, de manera errónea, que la sentencia del TJUE sobre la fijeza de los interinos en fraude se anunciaría el 13 de febrero. La fecha correcta es el 19 de marzo.