Reforma laboral y bajada de impuestos separan a empresarios y sindicatos en la reconstrucción tras la pandemia

La pandemia del coronavirus ha generado una crisis sanitaria, económica y social que ha estallado sin esperarlo. Junto a la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger el empleo y al tejido empresarial, ha comenzado el debate sobre cómo levantar la economía española en el medio y largo plazo. Los sindicatos y las patronales mayoritarias han presentado este jueves sus propuestas al respecto, que tienen como destimo la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica. La necesidad de diálogo y aumentar el peso de la industria centran las principales coincidencias entre empresarios y sindicatos, mientras que la política fiscal y la reforma laboral protagonizan las distancias en sus planteamientos.

Los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han explicado esta mañana en un rueda de prensa conjunta sus recetas para “la construcción de un nuevo país”, que llevarán al Congreso de los Diputados la próxima semana. Los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, han tenido ya esta tarde su intervención en la comisión parlamentaria de reconstrucción, donde han expuesto ante los diferentes grupos parlamentarios sus recomendaciones para la recuperación económica post Covid-19.

Más diálogo y unidad

En medio del clima de enfrentamiento político y la dificultad para generar consensos entre las fuerzas parlamentarias –algo exceptuados por la aprobación esta semana del ingreso mínimo vital sin ningún voto en contra–, los empresarios y los sindicatos mayoritarios han reivindicado este jueves la necesidad de diálogo y unidad en la salida de esta crisis inédita. Pese a sus muchas diferencias, los agentes sociales han recordado con su ejemplo su capacidad para cerrar acuerdos, como el último para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio.

Unai Sordo ha reclamado una acción conjunta en varios planos (político, entre administraciones territoriales y con los agentes sociales) para adoptar las medidas que necesita el país y defender una postura común en Europa. El máximo responsable de alcanzar esos pactos, ha recordado, es el Gobierno. “La verdad, permítanme que se lo diga, señorías, que a veces uno cuando ve la televisión se sonroja”, ha reconocido ante los diputados por su parte Antonio Garamendi. “Hay veces en las que echamos de menos un poco que fuéramos en una misma línea”, ha añadido el líder patronal.

Ampliar los ERTE

En el corto plazo, una de las principales reclamaciones de patronal y sindicatos es común: que se mantenga el apoyo del Estado a los ERTE (expedientes de regulación de empleo temporal) mientras duren las necesidades excepcionales de los sectores y actividades como consecuencia de la pandemia. Los agentes sociales destacan que esta herramienta consensuada con el Gobierno ha evitado una gran destrucción de empleo, pero insisten en la necesidad de prorrogar su mantenimiento para que los ERTE no terminen convirtiéndose en ERE.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido también esta tarde en la comisión de reconstrucción, donde ha asegurado el acompañamiento del Estado a las empresas a través de los ERTE. Díaz ha pedido a los agentes sociales que cierren el acuerdo sobre esta nueva prórroga “antes del martes”, ya que la intención es que pueda ir al Consejo de Ministros la semana próxima. Las actuales condiciones de los ERTE caducan a final de mes en estos momentos.

Como otra de las medidas urgentes para paliar los efectos más inmediatos de la crisis también figura garantizar liquidez a las empresas con dificultades, para evitar su cierre y la destrucción de puestos de trabajo, algo en lo que también coinciden los representantes de los empresarios y trabajadores.

Diferencias por la reforma laboral del PP

La reforma laboral del PP ha enfrentado, ya desde antes de la pandemia, a empresarios y sindicatos y las diferencias persisten. La legislación laboral de 2012 alcanzó el primer plano del debate político por el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral “de manera íntegra” a cambio del voto a favor de los vascos al mantenimiento del estado de alarma. El pacto fue más tarde rectificado por el Gobierno, que apuesta por el desmontaje de esta normativa a través sobre todo de la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Los sindicatos han reivindicado este jueves la necesidad de revertir la reforma laboral del Gobierno del PP, mientras los empresarios han destacado sus virtudes. “Ayer mismo la OCDE dijo que la reforma laboral es muy positiva”, ha defendido Antonio Garamendi en el Congreso. “No lo estoy diciendo yo. El FMI está diciendo que fue positiva... No quiero que sean mis palabras, hay terceros que lo dicen”, ha subrayado el líder empresarial, que no obstante ha afirmado que la patronal está abierta a negociar para “mejorar” la legislación laboral. “No hemos planteado que no se pueda negociar o que no se pueda hablar”, ha sostenido Garamendi.

CCOO y UGT no solo consideran que hay que negociar al respecto, sino que hay que hacerlo rápido. Los sindicatos han destacado que ahora la prioridad del desmontaje de la reforma laboral pasa por revertir las facilidades que aprobó el PP para rebajar salarios, como los descuelgues y las modificaciones unilaterales de las empresas para aprobar cambios en las condiciones laborales. Unai Sordo ha advertido que uno de los principales riesgos para la segunda mitad de año son los recortes salariales, en opinión de los sindicatos.

Quieren “flexibilidad”, pero distinta

Los empresarios y sindicatos piden “flexibilidad” en las empresas y la legislación laboral, pero en general se refieren a conceptos diferentes y en ocasiones opuestos. Los líderes patronales han defendido hoy en el Congreso que se faciliten “los descuelgues” de los convenios colectivos, por los que las empresas pueden no aplicar las condiciones pactadas.

CCOO y UGT se oponen a este tipo de remedios, que favorecen las decisiones unilaterales del empresario, y apuestan por la flexibilidad interna y la restricción de los despidos. Recomiendan: por un lado, endurecer la salida de trabajadores de las empresas, para que el despido o la extinción de contratos temporales dejen de ser la medida de ajuste de las empresas ante las dificultades; y, por otro, facilitar las medidas de adaptabilidad interna, como los ERTE.

En este sentido, Unai Sordo ha apostado por un modelo similar al alemán, en el que ante la reducción de actividad se reduce la jornada de los trabajadores, que reciben una prestación del Estado para complementar parte del empleo perdido y además reciben formación para ampliar su cualificación.

¿Más o menos impuestos?

Las recetas en materia fiscal también enfrentan las dos soluciones a la crisis. Los sindicatos y las patronales consideran que hay que modificar la política impositiva de España, pero en sentido contrario. Mientras que los empresarios defienden, más allá de las moratorias de impuestos a corto plazo por esta crisis, rebajas fiscales en los impuestos de sociedades y otros tributos, los sindicatos llaman a que España se equipare a la media de la UE en su presión fiscal. La brecha en la recaudación respecto a nuestros socios europeos es de más de 70.000 millones de euros anuales, han recordado UGT y CCOO.

Los líderes patronales sostienen que las rebajas fiscales impulsarán el crecimiento y el sostenimiento de las empresas, pero las organizaciones de trabajadores advierten de que el enorme gasto público que están generando en España (y el resto de países) las medidas para paliar los efectos de la pandemia no podrán atenderse con menos ingresos. Los empresarios coinciden en que el país no debe descontrolar su endeudamiento.

La defensa de CCOO y UGT una reforma fiscal a medio y largo plazo, por la que el Estado recaude más (especialmente de los que más tienen), va de la mano de su defensa de los servicios públicos, como la sanidad, los servicios sociosanitarios como las residencias de mayores y la educación, entre otros. Los sindicatos destacan que la emergencia sanitaria ha revelado aún más la importancia de unos servicios públicos fuertes, que tampoco podrán mantenerse ni mejorar sin ingresos a las arcas del Estado.

Más industria y apoyo al turismo

El impulso de la industria para que adquiera más protagonismo en la economía española es una de las principales demandas que unen a sindicatos y patronal, ya desde antes de la pandemia. Los agentes sociales han recordado que el peso de la industria en el PIB es del 14% cuando el compromiso adquirido a nivel internacional para 2020 suponía que dato alcanzara el 20%.

Los sindicatos y empresarios reclaman una política industrial impulsada desde los poderes públicos, por la que España fomente los sectores y actividades en los que pueda destacar a nivel internacional. Todas las organizaciones han recordado que la industria genera más valor añadido que otras actividades y empleo de mayor calidad.

La política industrial debe ir de la mano de una diversificación productiva, en la que los sindicatos y la patronal han recordado que hay oportunidades en la economía verde y aquella que apueste por una transición ecológica justa, que reivindican desde las instituciones europeas. Además de todo ello, los agentes sociales reconocen que el turismo es clave en la economía española y llaman a apoyar al sector para garantizar su futuro. Desde un punto de vista más crítico, CCOO y UGT recomiendan una revisión del modelo turístico, para que sea menos estacional, de mayor calidad y evite fórmulas 'low cost' y que garantice empleo más estable.

Indispensable la formación continua

Otra de las materias en las que coinciden empresas y sindicatos es en el fomento de la educación y la formación continua de los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral. Sin ahondar en el modelo, los agentes sociales coinciden que la preparación y cualificación de los trabajadores será imprescindible cada vez más, en un entorno de digitalización y automatización en el mundo del trabajo.

Antonio Garamendi han insistido en fomentar la formación dual, “tanto en la Formación Profesional como la Universidad”, lo más cercana posible a la empresa. Los agentes sociales también han coincidido en reclamar una mayor apuesta por la investigación y desarrollo (i+D), con una inversión que alcance el 3% del PIB, en lugar del 1,2% actual.

Peticiones de los autónomos

Los representantes de las organizaciones de trabajadores autónomos también han trasladado su visión de la recuperación en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso. Los principales dirigentes de ATA, UPTA y Uatae, han insistido en la necesidad de prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 31 diciembre para mantener el empleo y conservar a las empresas y trabajadores autónomos, según informa Europa Press.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado que prorrogar los ERTE de forma automática hasta el 31 de diciembre salvaría en 2020 un total de 500.000 empleos y de 200.000 empleadores y que, extender hasta esta fecha también el cese de actividad reduciría a la mitad la pérdida de autónomos en 2020. “Salvaríamos a casi 250.000 autónomos”, ha apuntado.

“A estos autónomos se le debe dar protección y si acreditan haber cotizado al menos durante 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2019 deben poder tener acceso a la prestación extraordinaria por cese”, ha añadido, tras cuestionar que, si se ha hecho con el régimen de artistas, “¿por qué no hacerlo con los músicos autónomos o todas aquellas actividades que un año tras otro son de temporada?”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, cree que una medida tan “eficaz y positiva” como la prestación extraordinaria por cese de actividad “no puede quedar empañada por la falta de seguridad jurídica que actualmente soporta el colectivo beneficiaria de la misma”.

De su lado, la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu, ha resaltado que la prestación extraordinaria ha dejado fuera “incomprensiblemente algunas cuestiones centrales que se deberían haber particularizado”.

“La exigencia de una pérdida de ingresos del 75% ha sido a nuestro juicio excesivamente elevada, especialmente para quien menos ingresos tiene”, ha valorado, tras incidir en la importancia que tiene no dejar sin protección tampoco a los autónomos de temporada, más aún “cuando sí se han adoptado medidas acertadas para los trabajadores asalariados fijos discontinuos, que tienen unas características asimilables”.

Landaburu ha hecho hincapié en que es necesario mantener las medidas de protección en el proceso de desescalada para un buen número de sectores o actividades afectadas más haya del 30 de junio, no sólo de los ERTE, sino también de la prestación extraordinaria. “No se trata sólo de determinar sectores afectados, sino que existen autónomos en distintos ámbitos que están claramente afectados”, según la secretaria de Uatae.

Otras reformas

Paralelamente a esta prórroga de la prestación por cese de actividad extraordinaria, Amor cree que debería realizarse una reforma en profundidad de la prestación por cese de actividad ordinaria, “que cubra y proteja a los autónomos que desgraciadamente sabemos se van a verse abocados al cierre de sus negocios”.

No obstante, Amor ha apuntado que la prestación por cese de actividad extraordinaria, al igual que los créditos ICO, “son ayudas para un momento de urgencia”, por lo que ve necesario “un verdadero plan a largo plazo que atienda múltiples factores que afectarán a los autónomos”.

Asimismo, ha añadido que cree que tarifa plana de la Seguridad Social debe jugar un papel fundamental en la reactivación y que no se debería desaprovechar tampoco la oportunidad para cambiar algunos aspectos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Para Abad, hay cuestiones “de vital importancia” que aún no han sido puestas en marcha y cree que es necesario que de manera urgente se encuentren mecanismos de protección para los trabajadores por cuenta propia que en peores condiciones se enfrentan a la crisis, que son aquellos que han perdido “un gran porcentaje de su facturación y que dan por perdido el año 2020”, como son fotógrafos, músicos, agentes comerciales, profesionales de empresas de eventos, entre otros.

Además, Abad considera que sería importante el fomento de iniciativas fiscales y de mecanismos de incentivación económica ventajosos. También cree que de cara al futuro, lo más importante es que haya un cambio del modelo formativo para el empleo y el autoempleo. “Sin formación no hay transformación”, ha añadido.

Landaburu cree que la clave está en analizar que las medidas más eficaces contra la pandemia, distanciamiento social o limitación de movimientos, son precisamente las que más afectan a sectores básicos de nuestra conformación económica.

Asimismo, ha instado a mirar “más allá” y a aprovechar la oportunidad para “dignificar el trabajo por cuenta propia y para dotarlo de derechos”. También cree que hay que superar el modelo “obsoleto” de la tarifa plana para nuevos emprendedores, que combatir el uso fraudulento de los falsos autónomos o caminar de manera progresiva hacia un sistema de cotización por ingresos reales.

Las tres organizaciones han puesto de relieve la necesidad de aprobar una Ley de Segunda Oportunidad para los trabajadores por cuenta propia que quieran volver a intentarlo.

Respecto a las líneas de avales del ICO, las tres organizaciones han valorado su buen funcionamiento como “una vacuna de liquidez”, aunque cree que no está llegando a todos los que lo necesitan y que, con el último tramo de créditos ICO recientemente aprobado, apenas si va a llegar a cubrir la demanda de ayuda que están lanzando los autónomos.