En el itinerario que ha modelado Jeremy Hunt, canciller de la Hacienda del Reino Unido, para espolear la economía británica en recesión, como corroboró en la presentación de su plan, no hay ni rastro del doctrinario thatcheriano. Adiós a las agresivas rebajas tributarias sobre los patrimonios de los más pudientes, como proclamó la defenestrada Liz Truss a comienzos de octubre. La nueva hoja de ruta económica de Downing Street se asemeja bastante a la concebida por el ticket hispano-luso: elevación de la presión fiscal sobre los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, congelación del recibo de la luz e incremento del salario mínimo.
El gabinete de Rishi Sunak ha constatado, pues, un giro copernicano. Hunt plantea crear un nuevo impuesto, del 40%, sobre el “exceso de beneficios” de las empresas generadoras de electricidad. Esta nueva figura tributaria se sumaría al gravamen de entre el 25% y el 35% sobre las ganancias extraordinarias de las compañías gasistas y petrolíferas, que ya instauró Sunak durante su periplo como responsable económico del premier Boris Johnson. Estos últimos impuestos se prolongarán hasta 2028. Además, deja sin validez el intento de poner coto a los ingresos de las renovables y de la industria nuclear para el próximo año. Otra señal nítida de que el intervencionismo estatal se instala en los gobiernos occidentales para capear los efectos de la doble espiral, inflacionista y monetaria, que amenaza con sepultar el ciclo de crecimiento económico post-COVID.
La dupla Sunak-Hunt trata de parchear una parte substancial de los 55.000 millones de libras –unos 65.000 millones de euros– del agujero presupuestario ocasionado por los programas de estímulo fiscal lanzados para amortiguar la crisis sanitaria y los planes de coberturas y ayuda a la ciudadanía y a las empresas. De hecho, Sunak admitió que pretende aplicar un “triple candado” sobre las pensiones para proteger a sus beneficiarios del impacto de la inflación. A los mayores de 65 años irá destinada una porción del aumento de la recaudación. La intención declarada del Ejecutivo británico es que el 40% de esta cantidad se corrija vía tributos, con aumentos de la presión fiscal, y el 60% mediante recortes de gasto.
Este nuevo planteamiento fiscal sobre las empresas energéticas, explican fuentes de Downing Street al Financial Times, va a suponer 45.000 millones de libras de ingresos fiscales en los próximos seis años, que podría ser más si los precios de la energía siguen al alza.
El plan Hunt, sin embargo, no baraja solo la mayor bonanza de las arcas estatales británicas, sino que sopesa ampliar desde las 2.500 hasta las 3.100 libras mensuales el tope sobre los distintos recibos energéticos de las familias británicas. Además de considerar pagos directos a personas vulnerables, con algún tipo de discapacidad, o a las pensiones más bajas. En paralelo, prepara un alza del salario mínimo del 10%, desde las actuales 9,5 libras por hora a las 10,4 libras.
Tampoco Europa parece sucumbir a los cantos de sirena neoliberales que todavía se escuchan en los tiempos actuales. Cristina Enache, autora del Índice de Competitividad Fiscal Regional de España, revela que la mayoría de los socios europeos han asumido la tesis de la Comisión de imponer gravámenes temporales sobre los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas, valorados en más de 200.000 millones de euros por la Agencia Internacional de la Energía.
Una vuelta de tuerca más al Brexit
El nuevo planteamiento del ministro de Hacienda concuerda en materia tributaria con la tendencia europea, aspecto que se podría trasladar al Brexit. Sunak es un firme partidario de la salida británica de la UE, pero tendrá que lidiar con otro cambio de tercio –el enésimo– en el divorcio pactado entre Londres y Bruselas. Es la eterna herencia que, en este caso, Hunt y el premier asumen del conjunto de gobiernos tories surgidos desde el referéndum de 2016. Aunque ahora el panorama parece más desalentador: ocho de cada diez empresas británicas critican el colapso que supone para sus negocios la interrupción del comercio con Europa, advierten en la Cámara de Comercio Británica.
Fortnum & Mason, el histórico centro comercial de Piccadilly Circus, está entre las compañías que acaban de poner el grito en el cielo y que han paralizado sus exportaciones. Después de 315 años de un intercambio fluido de productos. Mientras, fuentes del sector exterior español avisan de una ampliación notable de los tiempos de entrega de mercancías: “De días a meses”, aclaran.
Sunak se ha comprometido a acabar con los cuellos de botella del Brexit. Pero no lo tendrá fácil, porque el comercio se ha reducido en un 16% entre Reino Unido y Europa y en un 20% entre el mercado europeo y Gran Bretaña, según asegura el ESRI, el Instituto de Investigación Económica y Social Irlandés. “Los socios europeos han recortado significativamente sus vínculos con Reino Unido, aunque en diferentes magnitudes”, aclaran Janez Kren y Martina Lawless, autoras del informe del ESRI.
No por casualidad, Sunak se enfrenta a la necesidad imperiosa de revitalizar a Reino Unido de la larga década perdida surgida con la crisis financiera de 2008, cuyo punto álgido de regresión se produjo en 2016 con la consulta popular sobre la salida de la UE. Desde entonces, la credibilidad sobre el modelo económico británico está puesta en seria tela de juicio.
En parecidos términos se manifiesta un antiguo oficial del Banco de Inglaterra. Michael Saunders achaca al Brexit y a su tumultuoso e incierto mecanismo de desacople posterior el periodo de crisis que atraviesa ahora la sexta economía global –recién superada por el PIB de India–, en “un permanente estado de perjuicio”. “No estaríamos hablando ni de aumento de impuestos ni de recortes de gastos sociales” si Londres siguiera perteneciendo al club europeo, recalca Sanders.
El debate sobre la recesión y su conexión con el Brexit vuelve a estar en boga. Hasta el punto de que el jefe de Saunders, el anterior gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, considera que los súbitos e intensos aumentos de los tipos de interés actuales son, en gran medida, provocados por las condiciones de esta separación política, que han añadido combustión al alza del IPC. Carney se jacta de haber hecho llegar en reiteradas ocasiones estas advertencias a los gobiernos tories con los que compartió su periplo al frente de la autoridad monetaria de Reino Unido desde 2010.