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Intermón Oxfam acusa a las empresas de usar la responsabilidad corporativa como mero marketing

La evasión fiscal, la precariedad laboral, la desigualdad de condiciones entre hombres y mujeres o la falta de transparencia continúan lastrando el desarrollo de algunos de los países donde se asientan empresas internacionales y españolas, según Intermón Oxfam. A través del informe “La empresa y los Derechos Humanos. Claves para una internacionalización responsable”, la ONG ofrece recomendaciones al Gobierno, al sector privado y a los ciudadanos con el objetivo de que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no se quede en una declaración de intenciones. “Lamentablemente muchas compañías han utilizado la RSC como una herramienta más de marketing”, expone el documento.

El informe insta a las empresas españolas al uso de prácticas laborales y ambientales semejantes a las que mantendrían en España para que no se aprovechen de la vulnerabilidad del país donde están asentadas. “Las inversiones de muchas compañías a lo largo de las últimas décadas han minado la vida de millones de personas”, denuncia la organización.

La filial de Pescanova en Nicaragua, por ejemplo, vulnera las recomendaciones que la ONG efectúa sobre derechos laborales, medio ambiente y transparencia, según indica el informe. Los trabajadores están obligados a jornadas de doce horas sin descanso semanal, con condiciones de salubridad “malas” y, como denuncian, sólo pueden acudir al baño una única vez cada día. También citan la insuficiencia de material y de protección adecuada para desempeñar su trabajo. Oxfam advierte de la dificultad de los empleados para formalizar estas denuncias porque la empresa limita también su derecho a sindicarse.

“En un contexto de crisis, es comprensible que se impulse la salida de las compañías a terceros países, pero esta internacionalización no debe hacerse a cualquier precio: no en perjuicio de las personas y de la vulneración de sus derechos”, recuerda Intermón Oxfam.

El apoyo público a las inversiones privadas en el extranjero se ha multiplicado en los últimos años a través de programas e incentivos encaminados hacia este fin. Los presupuestos generales de 2013 indican que la totalidad del dinero dedicado a ello se eleva a los 4.215 millones de euros, que representan casi tres veces el presupuesto de ayuda oficial al desarrollo. Incluso la nueva política estatal de Cooperación al Desarrollo posiciona como eje clave de estas políticas a las empresas.

En este contexto, según Intermón Oxfam, se hace imprescindible el impulso de la Responsabilidad Social Corporativa hacia un compromiso real por parte del sector privado, algo que pasa por una “fiscalidad no abusiva, el respeto irrenunciable de los derechos humanos y a los intereses de la comunidad extranjera, la transparencia empresarial o el cumplimiento de los últimos marcos normativos” recientemente aprobados a nivel internacional.

El sector alimentario es uno de los más afectados por la desigualdad. Mientras que en algunos países faltan alimentos, en otros se tira hasta una cuarta parte de los alimentos que se compran. En este sentido, el informe menciona a la compañía española Agrogeba. Llegó en 2010 al norte de Guinea Bissau para producir arroz. Con una primera inversión de tres millones de euros se convirtió en la primera empresa agrícola del país. Según denuncia Oxfam, antes de que la compañía se instalase, las comunidades producían y consumían el arroz que cosechaban, y destinaban las tierras restantes al pastoreo y a la producción de otros cultivos. “Con la llegada de Agrogeba más de 600 personas fueron expulsadas de sus tierras sin recibir compensación alguna, teniendo que huir y buscar nuevas tierras en las que cultivar”, denuncia.

Actualmente, las 10 principales empresas agroalimentarias controlan el 70% de las decisiones en el sistema alimentario mundial. Coca- Cola, Danone, Kelloggs, Mars Nestlé y Pepsi, son las cinco más conocidas. Sus ingresos conjuntos superan los 1.100 millones de dólares diarios y dan trabajo a millones de personas. Según Oxfam, estas cifras avalan su capacidad para fomentar una mercado de alimentos más igualitario, aunque, su responsabilidad social corporativa no siempre alcance el aprobado.

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