El fondo público de pensiones no ha sentado bien entre las gestoras privadas, las aseguradoras y los bancos, con los que tendrá que competir cuando eche a andar. La publicación del anteproyecto de ley, aprobado la pasada semana en el Consejo de Ministros, no ha servido para calmar los ánimos y las patronales del sector han retomado el rechazo frontal contra esta medida, que se avanzó hace ya un año. La incertidumbre sobre incentivos fiscales o la competencia con los planes privados individuales son las principales críticas que vierten contra este vehículo complementario a la pensión pública vinculado al empleo.
El ministro de Seguridad Social e impulsor de la medida, José Luis Escrivá, presentó hace una semana el texto con el que pretende que eche a andar el fondo. Se trata de un vehículo impulsado por el Estado que busca atraer a pequeñas empresas y autónomos a este modelo de ahorro en el que empleador y empleado aportan a un fondo de pensiones para complementar la jubilación que percibe el trabajador en base a sus cotizaciones. Este negocio se encuentra hasta la fecha escasamente desarrollado en España frente a otros países, más allá de grandes empresas, y el Gobierno se ha comprometido a impulsarlo.
Sus competidores privados, sin embargo, llevan un año aprovechando cualquier intervención pública para cargar contra él, al que han llegado a acusar en el pasado de “competencia desleal”. El terreno de juego era propicio este martes para que estas críticas se retomaran: una conversación entre la patronal de las aseguradoras (Unespa) y la de los fondos de inversión (Inverco) en un encuentro sobre el sector financiero organizado por la consultora KPMG y el periódico económico Expansión. Sobre la mesa, el detalle del anteproyecto de ley para crear el fondo público que se presentó hace una semana.
“Es un objetivo ambicioso que no se va a cumplir, tiene claros errores de diseño”, aseguró Pilar González de Frutos, representante de las aseguradoras. Unespa ha sido una de las voces más críticas con este fondo público. El principal problema que denuncia la directiva es que el lanzamiento de este vehículo se complementa con la “desaparición forzosa del ahorro individual”. Como paso previo a crear este plan de pensiones público, el Gobierno ha ido reduciendo los incentivos fiscales que existían para los planes privados individuales, redirigiéndolos hacia los planes de empresa. En 2020, los partícipes de los fondos individuales podían aportar hasta 8.000 euros anuales, con su posterior deducción en el IRPF. En 2021 bajó a los 2.000 y para 2022 se ha fijado en 1.500 euros. Estos beneficios fiscales fueron criticados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal porque, en la práctica, beneficiaban fundamentalmente a las rentas más altas.
Este es uno de los aspectos que más rechazo ha provocado en el sector. En el lenguaje del sistema de pensiones, el primer pilar es el de la pensión pública, el segundo el de los de empleo —que quiere impulsar el Gobierno— y el tercero el de los individuales. Para Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco —patronal de los fondos de inversión—, este sistema “va contra los trabajadores que utilizan el tercer pilar que son tan respetables como los que utilizan el segundo” y “no plantea incentivos para las empresas”. Las aportaciones a planes de pensiones individuales se han reducido hasta septiembre a su nivel más bajo en ocho años con la retirada de esos incentivos fiscales que reclama el sector.
El representante de las gestoras de inversión colectiva, que incluye a fondos, planes de pensiones, sicav, etc., defendió que “no ha habido debate” para impulsar esta iniciativa pública. “Falta debate, no hay información y es necesaria más educación financiera”, insistió. Tanto González de Frutos como Martínez-Aldama pusieron en duda que la pensión pública vaya a ser suficiente y precisaron que es necesario impulsar los dos pilares privados, especialmente mediante incentivos fiscales.
En esta idea también se posicionó Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, una de las mayores aseguradoras del país, aunque con menos relevancia precisamente en los planes de pensiones. “Lo malo es que para vestir a un santo, los planes de empleo, han desvestido a otro, los planes individuales”, señaló, rechazando el “tripartito” que va a dirigir estos fondos públicos, que estará compuesto por el Estado, los sindicatos y representantes de la patronal.
Quien sí es un operador fundamental en el negocio de los planes de pensiones privados es Mapfre. Su presidente, Antonio Huertas, aseguró que hay “muchas incertidumbres” y que “si no hay incentivos fiscales, esto no va a funcionar”. “Lo que pretende la iniciativa del Gobierno nos genera dudas”, subrayó. El directivo puso en duda la “neutralidad política” de la gestión del fondo y su posible “intromisión”. Sin embargo, avanzó que la compañía quiere presentarse para ser la encargada de gestionar el plan de impulso público. “Nos gustaría participar, tenemos experiencia y podemos desarrollarlo”, enfatizó.
Cinco ministerios impulsarán el fondo
Las dudas sobre la “neutralidad política” que exponía Huertas hacen referencia al modelo de gobernanza del fondo. El anteproyecto de ley diseña un sistema de gobierno a dos niveles. En primer lugar, se crea una Comisión Promotora, que se encargará de constituir los fondos y de diseñar la estrategia de inversión. El texto, que está en fase de consulta pública antes de su vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, incluye una modificación respecto a los borradores previos. Finalmente no será Seguridad Social el único Ministerio implicado, sino que habrá cinco, por lo que las vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, tendrán voz en el arranque de este fondo público. También María Jesús Montero. Esta comisión estará compuesta por cinco representantes de Seguridad Social, pero también participarán Asuntos Económicos, Trabajo, Transición Ecológica y Hacienda, con un representante cada uno.
En el segundo nivel estará la Comisión de Control Especial, que se encargará de supervisar la gestión de estos fondos públicos. Tendrá 17 miembros, de los que nueve serán propuestos por el Ministerio de Seguridad Social. Los otros ocho se repartirán a partes iguales entre los sindicatos y las patronales “más representativas”. Esta comisión se reunirá mensualmente y tendrá un mandato de seis años.
El fondo es de impulso público y este sistema de comisiones garantiza el control de su funcionamiento, pero la gestión efectiva será privada. Así, entidades como Mapfre, que ya ha anunciado su interés, tendrán que presentarse a un concurso público para poder adjudicarse su gestión. En el diseño previo se desveló que el ministerio impondría un nivel mínimo de patrimonio bajo gestión para poder presentarse al proceso, aunque la redacción del anteproyecto no lo especifica y lo deja para un desarrollo posterior. Cada tres años se celebrará este concurso.
Para poder participar en este concurso, la ley obligará a las gestoras a presentar ofertas en las que las comisiones que se cobren tendrán un máximo del 0,3%. En borradores previos este nivel era superior. De este modo, el Gobierno pretende que estos fondos sean más baratos que la media que existe en el mercado y, con ello, que sean más atractivos para que se adhieran más partícipes de los que actualmente existen.