Si el Gobierno logra mantener sus planes, el próximo verano echará a andar el fondo público de pensiones de empleo. Esta apuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, busca impulsar en España estos planes de ahorro en los que el empresario y el trabajador aportan a un fondo que, en el momento de la jubilación, será un complemento a las pensiones públicas. Aunque con décadas de historia –entraron en funcionamiento a finales de los ochenta–, esta vía de ahorro apenas cubre a 1,9 millones de trabajadores en España y, en la práctica, esa cobertura se queda fundamentalmente en los empleados de las mayores compañías del país y con escasa implementación en pymes y autónomos.
A cierre del tercer trimestre del año, los fondos de pensiones de empleo –conocidos como segundo pilar del sistema de pensiones– que funcionan en España gestionaban 37.109 millones de euros de patrimonio, según las estadística de la patronal de la inversión colectiva, Inverco. Por compararlo, son casi 87.000 millones los que se encuentran en planes individuales –tercer pilar–, aquellos en los que una persona decide crear una hucha privada sin estar vinculada a su trabajo. Existen más de un millar de planes vinculados a la empresa, un sistema que suele acordarse en la negociación colectiva como un beneficio añadido para el trabajador.
Sin embargo, las citadas estadísticas muestran que, pese a los múltiples planes y fondos que existen en España, el grueso del patrimonio que gestionan procede de un pequeño número de empresas. En concreto, tan solo cinco de ellos suman unos 17.000 millones de euros, casi la mitad del total. Son los que gestionan el ahorro asociado a los trabajadores de CaixaBank, Endesa, Telefónica, BBVA y Bankia. Otras grandes empresas del Ibex 35 completan la lista de los mayores planes, como Banco Santander, Iberdrola, Repsol o Naturgy.
Pensions Caixa 30, el fondo que aglutina a los trabajadores de CaixaBank, es el más grande de los que operan en España, ya que tiene unos 46.000 partícipes y gestiona un patrimonio que ronda los 6.700 millones de euros. Es decir, en torno a uno de cada seis euros que en España está en fondos de pensiones de empleo se encuentra en este plan de la entidad catalana. El siguiente por tamaño, lejos del de CaixaBank, es el de los empleados de Endesa, que suma unos 3.130 millones de euros. El plan de los trabajadores de Telefónica suma algo menos de 3.000 millones, el de BBVA incluye unos 2.500 millones de euros y el de Bankia, cuyos trabajadores ya se han integrado en CaixaBank, suma otros 1.800 millones. El fondo de pensiones de Santander también suma más de 1.000 millones de euros de patrimonio. La existencia por tanto de unos pocos fondos que gestionan la mayor parte del patrimonio muestra que existen cientos de ellos de reducido tamaño, lo que en este sector suele ir acompañado de mayores costes.
La concentración se aprecia no solo en qué trabajadores son los que están cubiertos por estos planes, sino en quiénes gestionan los mismos. Las cinco principales entidades aglutinan el 84% del patrimonio que se encuentra entre los planes de pensiones de empleo. CaixaBank, que es la entidad con mayores intereses en los distintos niveles de gestión de planes de pensiones, acumula una cuota de mercado del 34%. Le siguen BBVA, que tiene algo más del 22%; Ibercaja, con el 12%; Fonditel –gestora de Telefónica que incluye principalmente los planes de empleo de sus trabajadores y otros vehículos de inversión–, con el 10%; y Banco Santander, con algo más del 6%.
El anteproyecto de ley que presentó Escrivá hace dos semanas pretende desarrollar esta alternativa de ahorro y es uno de los compromisos del Gobierno en el Plan de Recuperación y que también se incluyó en los Presupuestos Generales del año pasado. El ministro ha evitado plantear objetivos concretos en cuanto al número de partícipes o el patrimonio gestionado, aunque en el pasado ha expuesto que le gustaría que en torno a la mitad de los trabajadores españoles estuvieran adscritos a planes de empresa, poniendo de ejemplo el caso de Euskadi, donde estos fondos ya tienen una importante penetración.
Centrado en pymes y autónomos
Según ha expresado Escrivá en sus comparecencias públicas y aparece en el anteproyecto de ley, el objetivo no es tanto ofrecer el fondo público a las plantillas de las grandes empresas sino dar pie a que pymes o autónomos se sumen a una alternativa que, hoy por hoy, no les es propicia. “La reducida dimensión media [...] es un elemento que afecta a su eficiencia en términos de costes de gestión y, en definitiva, a su rentabilidad. De ahí que un objetivo esencial de esta ley sea favorecer la existencia de fondos de pensiones de empleo con dimensión adecuada para garantizar los menores costes de gestión, permitir una distribución de inversiones diversificada y, con ello, mejorar los niveles de rentabilidad”, reza el preámbulo de la norma, que actualmente se encuentra en consulta pública antes de que el Consejo de Ministros dé su aprobación definitiva y la envíe a las Cortes.
Escrivá no ha ocultado que el objetivo del fondo es que tenga el suficiente tamaño para poder tener menos costes y, por ello, ser más atractivo para las empresas pequeñas y los trabajadores por cuenta ajena. Aunque el fondo es de impulso público, la gestión será privada y el Gobierno exige como condición para participar que la comisión que se aplique sea inferior al 0,3% de los activos gestionados. El Ejecutivo justifica esta decisión en que los actuales planes de empleo con trabajadores público con 100 millones bajo gestión tienen comisiones inferiores a esa cifra “y los fondos de empleo de promoción pública aspiran a tener cifras muy superiores a dicho patrimonio”.
El sector privado en el que ahora entrará el impulso público ha reconocido en las últimas semanas que el segundo pilar necesita más desarrollo en España. Sin embargo, niegan que la participación del Estado sea necesaria. De hecho, consideran que si no se ha desarrollado más hasta ahora no tiene que ver con la oferta sino con la falta de incentivos fiscales para las empresas para plantear este producto a sus trabajadores. “Sinceramente no creo que la falta de desarrollo del segundo pilar tenga que ver con la gestión”, apuntaba Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, la patronal de las aseguradoras en España, en un reciente encuentro del sector financiero.
El rechazo entre los representantes de las aseguradoras, los fondos y la banca es notorio. La CEOE llegó a tachar la propuesta de “competencia desleal” y abrió la puerta a llevarlo a la justicia. Sin embargo, el principal punto de descontento que mantiene públicamente el sector es que la medida de crear un fondo público de pensiones de empleo vaya acompañada de un recorte en los beneficios fiscales para los que decidan tener planes individuales –tercer pilar del sistema de pensiones– y que han pasado de 8.000 euros anuales de aportación en 2020 a 1.500 euros para el próximo año. Pese al rechazo que muestran las patronales, ya hay grandes aseguradoras, como Mapfre, que han mostrado su interés por presentarse al concurso para gestionar el fondo público.