Semana clave en las ayudas a autónomos y los ERTE para intentar sostener el empleo en el último trimestre del año

Miles de trabajadores y empresas tocadas en su actividad por la crisis de la pandemia esperan con atención las medidas laborales que apruebe el Gobierno esta semana. Las ayudas por cese de actividad para autónomos, que perciben casi 150.000 trabajadores, y el actual sistema de ERTE relacionados con la COVID-19 –aún con unos 700.000 empleados afectados– caducan el próximo miércoles, 30 de septiembre.

El Gobierno prevé por tanto que la renovación de las medidas salga adelante en el Consejo de Ministros del martes. La intención del Ejecutivo era no apurar plazos para dar seguridad a la economía y a los afectados, pero el pacto sobre los ERTE se complica en cada negociación y ha retrasado también que salieran adelante las medidas para autónomos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que ahora llega un momento muy “delicado” para el empleo, en un último trimestre del año muy incierto por los rebrotes y en el que habrá que ver hasta dónde llega la recuperación del empleo destruido por la emergencia del coronavirus.

El Ministerio de Trabajo y el de la Seguridad Social están centrados en estos días en la negociación para ampliar los ERTE a partir de octubre, que ya cuenta con consensos en varios puntos, pero en la que las discrepancias de los empresarios se están alargando y parece que será así hasta el último momento. La fecha de ampliación de los ERTE que se impone es el 31 de enero y la protección para los trabajadores afectados por los expedientes parece también clara: Trabajo ha accedido a mantener el llamado 'contador a cero' para que los empleados no consuman su derecho futuro al paro, que según dijo la ministra Díaz seguirá teniendo vigencia en 2021, y evitará también el recorte de las prestaciones de desempleo del 70% al 50% de la base reguladora pasado el sexto mes de cobro de la prestación, según establece ahora la ley.

Además, las partes han acordado aprobar una prestación extraordinaria de desempleo para los trabajadores fijos discontinuos que no tengan derecho a paro y hayan estado en ERTE en la temporada veraniega, que ha quedado finalmente muy afectada por la pandemia, especialmente en el turismo.

Escollos para el acuerdo

Los escollos al acuerdo se centran sobre todo en dos cuestiones. La primera: cómo se va a aplicar la sectorialización (o diferenciación) de los ERTE en esta ocasión, en la que ya no habrá una prórroga general de los expedientes. El Gobierno defiende que hay que centrar los recursos públicos en las actividades que pese a su viabilidad se están viendo más afectadas por la pandemia y que lo seguirán estando todavía durante bastantes meses, dadas las “restricciones presupuestarias”, ha explicado el ministro José Luis Escrivá. Por ejemplo, el turismo, pero también los transportes y la cultura, entre otros.

El Ejecutivo ha propuesto varias actividades especialmente protegidas, a través de sus códigos de sector CNAE, que tendrían acceso a mayores exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, del 85% en el mejor de los casos. La prórroga más garantista se plantea para esta lista de actividades, pero también para las que pertenecen a su cadena de valor y a aquellas que están relacionadas por su facturación, con una afectación muy fuerte en sus ingresos. Además, el Gobierno plantea que siga funcionando un ERTE por rebrote para todos los sectores, que pueda proteger a cualquier empresa ante medidas restrictivas para frenar el virus.

Este modelo de ERTE dejaría fuera a algunas empresas que están actualmente en ERTE por fuerza mayor pero que ya no se están viendo afectadas directamente por las limitaciones que ha traído consigo la pandemia. Según fuentes del diálogo social, el actual esquema protege a la mayoría de los actuales 700.000 trabajadores en ERTE. Una minoría, cuyo número está por determinar, quedaría fuera de la extensión de estos ERTE específicos por la COVID-19.

El Banco de España ha recomendado al Ejecutivo que focalice las ayudas en las empresas viables y que vaya retirando los recursos públicos de aquellas compañías con problemas estructurales más allá de la pandemia, que pueden acabar siendo empresas 'zombies', sostiene el organismo, que no sobrevivan a esta crisis pese a la inversión de fondos públicos.

Los empresarios son los que más se oponen a esta diferenciación de las ayudas en los ERTE y abogan por una prórroga más general, aunque suponga menores exoneraciones, explican fuentes del diálogo social. Que las exenciones no alcancen ese 85% en las actividades más limitadas por la pandemia para que puedan entrar otras que lo están menos. En este grupo está la hostelería y la restauración, que los empresarios quieren que entre en los CNAE expresamente y no se conforman con las otras vías para su inclusión (rebrote, cadena de valor y empresas relacionadas por su facturación).

El otro caballo de batalla, relacionado con el anterior, es definir la letra pequeña de las exenciones de cuotas. Tanto los empresarios como los sindicatos se oponen al sistema que ha regido hasta el momento de mayores exoneraciones sobre los trabajadores que se reincorporen a sus puestos y exigen al Gobierno que centre sus esfuerzos en los que aún no pueden trabajar.

La definición de los ERTE es clave para el empleo en los próximos meses. Todavía quedan por recuperar medio millón de empleos destruidos por la pandemia. En estos momentos, los rebrotes están afectando a España más que a otros países y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que no se pueden descartar escenarios para frenar la pandemia. En los momentos más duros de la primera ola, los ERTE fueron determinantes para 'congelar' puestos de trabajo y evitar su destrucción, por lo que habrá que atender al funcionamiento del nuevo diseño de la herramienta y del virus hasta final de año.

La previsión del Ejecutivo es de un 19% de paro al término del año, pero el ministro Escrivá ha subrayado que la 'deshibernación' de los ERTE está funcionando mejor de lo esperado por el momento, con un “94%” de las personas que han salido de ERTE que está trabajando. El aumento de la afiliación en los primeros días de septiembre se mantenía por encima del “comportamiento de los últimos años”, informó el ministro de la Seguridad Social.

El 'paro' de los autónomos

La otra medida pendiente de aprobación que deberá salir del Consejo de Ministros este martes es la extensión de las ayudas de 'paro' por cese de actividad relacionadas con la COVID-19 para los autónomos, que caducan también el 30 de septiembre. Sus colectivos más representativos (ATA, UPTA y UATAE) también están muy pendientes de la negociación de los ERTE, que afecta a aquellos trabajadores por cuenta propia con empleados a su cargo, aunque fuentes de las asociaciones lamentan a elDiario.es que sus medidas queden supeditadas a la negociación sobre los expedientes.

En el último acuerdo con los colectivos de autónomos, la Seguridad Social aprobó exenciones en el pago de la cuota a la Seguridad Social hasta septiembre de los autónomos que hubieran percibido el “paro extraordinario” aprobado al inicio de la pandemia. Además, facilitó la ayuda por cese de actividad ordinaria para que fuera compatible con cierta actividad tras el funcionamiento del paro extraordinario y aprobó una ayuda para los autónomos de temporada.

Según los últimos datos de agosto, 142.973 trabajadores autónomos se beneficiaron entonces de la prestación ordinaria compatible con la actividad y 1.566, de la prestación de temporada y 3.528 trabajadores seguían percibieron la prestación extraordinaria, “extinguida el 30 de junio, pero que se podía solicitar hasta el 31 de julio”, recuerda la Seguridad Social. En total, unos 148.000 autónomos percibieron ayudas desde el máximo alcanzado en los meses previos, en los que se protegió con la ayuda extraordinaria a 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia.

El ministro de la Seguridad Social valora la reducción de beneficiarios de ayudas como una buena noticia, por la reactivación económica de los autónomos, que no se han resentido tanto en la afiliación como los asalariados. Con los datos de agosto, había 1.609 autónomos más afiliados respecto al mismo mes de 2019. José Luis Escrivá ha manifestado de manera general que no dejará caer las ayudas a los autónomos y que se mantendrán a partir de septiembre, pero no ha trascendido por el momento en qué términos.

Los colectivos de autónomos advierten en cambio al Gobierno de la necesidad de ampliar y mejorar las ayudas ahora existentes para evitar potenciales cierres y la pérdida de empleos en los próximos meses. ATA, UPTA y UATAE piden igualdad respecto a los apoyos a los asalariados materializado en los ERTE de rebrote y reclaman volver a aprobar el cese extraordinario por cese de actividad vinculado a estas situaciones de contagios que requieran nuevas restricciones.

Además, para los sectores más afectados por la pandemia, como el ocio nocturno, los eventos, la cultura y el turismo, los colectivos de autónomos piden mayores exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, para aliviar la situación de los trabajadores que acumulan tantos meses sin actividad ni ingresos. Las organizaciones reclaman también otras medidas asociadas, en cuanto a la tributación, liquidez y posibilidad de demoras de pagos como el alquiler, que consideran necesarias para que los autónomos más tocados por esta crisis puedan soportar los próximos meses sin echar el cierre.