Los nuevos señores del ladrillo están expulsando a los vecinos del centro de las ciudades

“El principal enemigo (de Madrid) es el capital urbano latifundista, ahora como en el pasado. Los Banús, los Vallehermoso, SA. los Somosaguas, SA. los Explosivos Río Tinto, los Ardid, el conde de Romanones, los grandes propietarios del suelo edificable y los que cambian las ordenanzas en su beneficio, los que han metido mano en Gerencia de Urbanismo, los que están acabando con el barrio de Salamanca imponiendo excesivas alturas o con Malasaña y Chamberí, los que han cambiado el tejido de la ciudad originando sus actuales males. (…) Eso se acaba en tres meses. Por eso las prisas del urbanismo concertado en los últimos tiempos franquistas para consolidar legalmente importantes tajadas”. Se trata del fragmento de una entrevista que le hacía en 1978 El País al economista Ramón Tamames, que se presentaba como candidato a la alcaldía de la capital por el PCE (finalmente facilitó con su voto la investidura de Enrique Tierno Galván).

Han pasado cuarenta años desde entonces, pero lo que Tamames llamó “capital urbano latifundista”, y que él creía condenado a desaparecer “en tres meses” gracias a las nuevas leyes democráticas, parece seguir campando a sus anchas por la capital y por otras grandes ciudades, como Barcelona, pero de un modo cada vez más difuso. No hay datos oficiales de quiénes son hoy los grandes propietarios de inmuebles y de suelo en estas ciudades, por hablar de dos de las más afectadas por las subidas de precios, y tampoco son sencillos de obtener. Por eso, organizaciones ciudadanas en las que trabajan economistas e investigadores se están moviendo para poner cara a los nuevos señores del ladrillo, y determinar en qué medida se les puede responsabilizar de una subida de precios que, entre otras cosas, está vaciando de vecinos el centro de las grandes ciudades, y que va extendiendo su onda expansiva por los barrios aledaños. No es una tarea fácil.

La manera de saber quién está detrás de la propiedad es tener un contrato de alquiler, ir al Registro de la Propiedad y obtener una nota simple. Pero además, en muchos casos son nombres particulares o de empresas que esconden a otras más grandes o a “fondos buitre”. “Ningún piso está directamente a nombre de Blackstone, utilizan empresas interpuestas y hay que ver sus cuentas y quién está en los consejos de administración”, explica Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos. Blackstone es ahora mismo la mayor inmobiliaria privada de España. Este “fondo buitre” compró a Banco Santander el 51% del ladrillo tóxico de Banco Popular, y lo controla desde el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

En general las entidades bancarias han optado por deshacerse en los últimos años de su cartera inmobiliaria, sobre todo de la de menor calidad. En gran parte se encuentra ahora mismo en manos de la Sareb, el banco malo. Además, han acabado convirtiéndose en accionistas de varias de las principales empresas del sector, como Metrovacesa, al capitalizar los créditos que contrajeron sus antiguos dueños.

Son conocidas las cuarenta socimis que cotizan en bolsa (las mayores son Colonial, Merlin, Axiare, Hispania y Lar) y son públicas muchas de las grandes operaciones de Pontegadea, vehículo inmobiliario de uno de los hombres más ricos del mundo, Amancio Ortega. En todo caso, tanto Pontegadea como varias de las principales socimis están volcadas en el alquiler de oficinas y logístico. Es el mismo caso de otras dos de las grandes propietarias en Madrid: la Mutua Madrileña y la Mutualidad de la Abogacía. La primera, según su web es “propietaria de uno de los patrimonios inmobiliarios más relevantes de España, contando con 23 edificios y una superficie de 208.000 metros cuadrados, encontrándose todos sus inmuebles en zonas prime”.

Pero hay opacidad sobre la mayoría de los verdaderos nombres detrás de los fondos que manejan ingentes bolsas de vivienda para uso particular, sobre todo en zonas céntricas y turísticas, y que en muchas ocasiones sacan los pisos en alquiler en plataformas como Airbnb. En Madrid y Barcelona la rentabilidad si se comercializa una vivienda en la plataforma es casi cuatro veces mayor a si se alquila un largo periodo, según un informe elaborado por el portal inmobiliario británico Nested, por lo que es la opción más solicitada por los inversores.

Según un estudio del investigador y sociólogo Javier Gil, en Madrid los usuarios que tienen entre seis y veinte ofertas en la plataforma controlan el 16,67% del total. Los usuarios que tienen más de 20 ofertas en la plataforma controlan el 9,38% y hay 31 usuarios que tienen, entre todos, 1.312 ofertas en Airbnb. Explica que al mes se abren de media 328 nuevas ofertas. Entre octubre de 2015 y enero de 2018 las ofertas han crecido un 219% y ya hay 16.313 ofertas en Madrid, el doble que hace un año.

El presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás, alega que en muchos casos varios pisos son gestionados por una misma empresa, lo que no implica que sea su propietaria. Admite que el alquiler turístico puede ser responsable parcial de la subida de los precios, pero apunta a otros factores como la recuperación económica, la compra de pisos para alquilarlos a estudiantes o la concesión de nacionalidad a cambio de la compra de viviendas.

El trabajo del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

Según un informe del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, en la ciudad hay casi 3.000 viviendas de alquiler en manos de solo 10 propietarios. La Sociedad Anónima de Propiedad Inmobiliaria, Vauras, Norvet o MK Premium son las que más viviendas acumulan.

Jaime Palomera pone el énfasis en el papel de las socimis, un vehículo de inversión inmobiliaria al que el Gobierno decidió dar grandes facilidades fiscales (un 0% de impuesto de sociedades) en 2012 para fomentar la inversión. “A menudo se nos dice que el peso en la vivienda particular es anecdótico y que prefieren las oficinas, pero es algo que no sabemos”.

Palomera habla de estas empresas inversoras como “influencers inmobiliarios”, en el sentido de que ponen un precio de alquiler alto de sus viviendas, y el propietario individual se ve arrastrado, o capacitado, para subir sus precios. En un contexto en el que el parque de alquiler está disminuyendo, el resultado es que hay una “desconexión brutal” entre lo que se demanda como renta (en el caso de Barcelona ronda como mínimo los 1.000 euros al mes) y lo que la demanda puede asumir (entre 600 y 800).

También habla el Sindicato de Inquilinos de las “expectativas de revalorización” tanto en alquiler turístico como de inversión, teniendo en cuenta que hay socimis que están en bolsa con unas perspectivas de revalorización de más del 10%.

Vivienda pública y vivienda turística

Otra de las iniciativas de investigación en marcha es la del Observatorio Code sobre delitos económicos. Están intentando identificar los fondos de inversión que operan en la ciudad de Madrid y hacer un análisis mercantil, tanto en alquiler turístico como en vivienda social. El equipo está conformado por investigadores especializados en vivienda, derecho y economía y han intervenido como activistas en conflictos relacionados con la especulación inmobiliaria.

Una de sus portavoces, Sonia Martínez, explica que pretenden “poner cara” a quién está detrás de las empresas interpuestas y vehiculares que han decidido invertir tanto en vivienda turística como social. “En algunos casos nos podemos llevar una sorpresa” , asegura. Recuerda el caso del proceso de venta de casi 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013, en la etapa de Ignacio González. Según ha determinado hace pocos días la Fiscalía, fue un proceso “trufado de irregularidades”.

La portavoz de Vivienda de Unidos Podemos–En Común Podem–En Marea, Lucía Martín, destaca el “cinismo” de la justificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, que a su juicio desprotege al inquilino de subidas de precio exageradas y “desahucios encubiertos”. “Hay que ver cómo han crecido las socimis y los fondos de inversión que compran para alquilar desde 2013 para ver lo que hay de cierto en ese discurso que justifica las bestialidades que han hecho diciendo que quieren ”proteger a los pequeños propietarios“. Como ya ocurrió con la Ley del Suelo de José María Aznar, a la que algunos sitúan en el origen de la burbuja inmobiliaria de la década de 2000, la Ley de Arrendamientos Urbanos y el desarrollo de la normativa de socimis vuelven a ser señalados como espoleta de una nueva escalada de precios.