El SEPE, en el punto de mira: “Estamos ante un registro de parados más que un servicio para encontrar empleo”

Si se encontrara en paro, ¿dónde buscaría empleo? Y, si fuera una empresa con una vacante, ¿dónde publicaría la oferta para cubrir el puesto de trabajo? Si se le ocurren varias opciones antes que acudir a los servicios públicos de empleo, replica una situación frecuente, consecuencia y lastre de uno de los problemas laborales que generan más consenso: las deficiencias del SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad. Sindicatos, empresarios y expertos coinciden en la urgencia de un cambio sustancial de este servicio público en un país con más de 2,7 millones de personas desempleadas, algo menos del 12% de paro, la tasa más alta de la Unión Europea.

“Estamos más ante un registro de parados que ante un servicio de empleo”, resumía esta semana Pepe Álvarez, líder de UGT, que reclamaba que las oficinas públicas acompañen a las personas desempleadas en la elaboración de un currículum, en la orientación personalizada para saber a qué sectores dirigirse y dónde hay más oportunidades de empleo para ellas, así como en la formación para ampliar sus conocimientos hasta que encuentran el siguiente trabajo.

Los servicios públicos de empleo tienen dos caras para las personas en paro. Por un lado, el SEPE –organismo estatal–, que gestiona la protección por desempleo a los ciudadanos, ya sea la prestación o algún otro tipo de subsidio. Es lo que se conoce como la política “pasiva” del desempleo. Por otro lado, están las oficinas públicas de empleo de cada comunidad autónoma, que son las que tienen las competencias en las políticas “activas” de empleo, las que deberían ayudar a las personas a encontrar un nuevo trabajo.

Esta segunda faceta es la que, desde hace muchos años, especialistas en el mercado laboral, organismos como el Banco de España y la AIReF, empresarios y sindicatos advierten de que tiene un amplio margen de mejora. Aunque hay varias maneras de calcularlo, se estima que los servicios públicos intermedian en entre un 2% y un 4% de las colocaciones en el mercado laboral. Es decir, que la inmensa mayoría de ellas se fraguan en otros ámbitos: a través de conocidos, por ofertas en otros portales de empleo, en ETT, etc.

El Gobierno de coalición aprobó en la pasada legislatura una nueva Ley de Empleo, que busca modernizar estos servicios públicos, con la transformación del SEPE en una 'Agencia Española de Empleo', y plantea un enfoque más personalizado para la inserción laboral a través de las políticas activas, pero sindicatos y patronal consideran que es “insuficiente”.

“La ley tiene buenas intenciones, veremos los resultados, pero sobre todo tiene que desarrollarse en planes concretos y políticas presupuestarias para hacerlos posibles”, explica Raúl Olmos, de la secretaría de Acción Sindical de CCOO. De momento, varias cuestiones clave están pendientes de desarrollo reglamentario, como la estructura de la nueva Agencia, que se ha visto atrasada por la convocatoria de las pasadas elecciones y la espera para la formación del próximo Gobierno.

“En ocho meses en paro, apenas me han llamado”

Santiago estuvo unos diez años en paro. Dedicado al sector de la hostelería y afectado por la pasada crisis financiera, que le pilló con una edad avanzada, no logró reengancharse de nuevo de manera estable al mercado laboral. “Me salían trabajillos, una semana, tres meses, seis meses... Iba haciendo lo que podía, pero casi todo me lo buscaba yo, de conocidos, empresas de trabajo temporal, portales de empleo... Apenas me llegaban cosas de la oficina pública de empleo”, explica el hombre, jubilado hace un año.

Rocío, en la treintena y que busca trabajo en el sector audiovisual y periodístico, está en una situación similar. “Llevo ocho meses y apenas me han contactado de la oficina de empleo. Oferta de empleo me ha llegado una y no se ajustaba mucho a mi perfil. Cursos de formación sí, te mandan muchísimos, que tampoco lo veo muy útil porque genera cierto agobio”, explica. Hizo un curso, que se suponía que tenía un periodo de prácticas entre julio y diciembre. “Pero no sabemos nada aún. Yo tampoco lo hice por las prácticas, ni esperaba mucho de ellas, pero hay gente que sí, que está esperando y no sabemos nada”, añade.

No ha sido la primera experiencia de Rocío con los servicios públicos de empleo, con una ficha como demandante de empleo de “hace 13 años” y ahora simplemente han vuelto a activar su perfil, sin una revisión ni orientación para ajustarse a su situación actual, explica la afectada. “Creo que la gente de la oficina pública no tiene ni idea de cuál es mi perfil y la sensación es que no vas a encontrar ahí ofertas interesantes, que vas a ver mejor cómo está el mercado laboral en tu sector a través de LinkedIn o conocidos”.

Carmen (nombre ficticio) acaba de acudir por primera vez al SEPE a tramitar el paro, para lo que ha pasado “mucho agobio” por la dificultad para coger citas en Madrid, algo que también ha sufrido Rocío. “Es muy angustioso porque se te pasan los 15 días que te dan de plazo y no consigues cita, se pasa mal”, explica. En caso de dudas, como sobre si pueden hacer algunas colaboraciones o trabajos a tiempo parcial mientras perciben el paro, ambas trabajadoras acuden a una gestoría. “Pero entiendo que no todo el mundo pueda permitírsela”, afirma Carmen.

En su caso, le hicieron una entrevista en la oficina pública de la comunidad para activar su perfil como demandante de empleo. “Te van preguntando qué has estudiado, qué idiomas hablas, otros perfiles que te interesen... La persona que me atendió fue super amable y la entrevista fue muy bien, creo que hacen lo que pueden”, sostiene la joven, menor de 35 años. En principio, no le hablaron de ninguna próxima visita, ni tiene una persona de referencia como orientadora en la oficina pública de empleo. “Tengo que ir a sellar el paro y me han dicho que me llegará alguna oferta y cursos de formación, pero los que he recibido de momento no me han cuadrado”, cuenta.

Las empresas no publican sus vacantes

Las tres personas consultadas explican que no miran en las oficinas públicas para buscar empleo (o apenas lo hacían), con la sensación de que ahí no hay muchas oportunidades para ellas. Pero no solo es una sensación. Más allá de la falta de orientación o acompañamiento por parte de los servicios públicos, la realidad es que hay muchas empresas que no comunican al SEPE ni a sus oficinas territoriales sus puestos vacantes.

Ni siquiera en un momento como el actual en el que las patronales se están quejando de dificultades para encontrar trabajadores en varios sectores, como la construcción y la hostelería, en ocasiones debido a las malas condiciones laborales que se ofertan.

La patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme apuntaba esta semana que siete de cada diez empresas respondía en una reciente encuesta (entre 200 compañías) que tenían dificultades para encontrar personal. Al ser preguntadas por qué fórmula utilizaban para buscarlo, solo el 9% afirmaba acudir a los servicios públicos de empleo, frente al 45% que recurría a “contactos personales” y un 29%, a “portales de internet y redes sociales”.

El sector de la construcción, uno de los que más están advirtiendo de los puestos sin cubrir, realizó una encuesta similar a través de su Fundación Laboral formada por los sindicatos y la patronal, aunque más ambiciosa, entre 1.000 compañías. En este caso, solo un 23% recurría al SEPE, mientras las fórmulas favoritas volvían a ser los amigos/familiares y otros portales de empleo.

La Ley de Empleo prevé regular la comunicación de las vacantes por parte de las empresas, pero es un elemento que quedó descafeinado en la norma y se dejó finalmente a expensas de desarrollo reglamentario. “En la gran mayoría de Europa, las empresas están obligadas a comunicar sus vacantes a los servicios públicos de empleo, algo que no tiene que ver con ningún otro tipo de fiscalización, sino que es necesario para que estos puedan funcionar”, afirma Raúl Olmos.

Françoise Calvo, representante de UGT en el SEPE, advierte de que los cambios normativos deben ir acompañados de refuerzos de personal, así como mejoras tecnológicas para poder llevarse a cabo. “Tenemos un sistema informático de hace 30 años, que necesita un cambio radical. Se cae constantemente el sistema y no podemos trabajar”, afirma. En CCOO consideran que es clave la inversión de los fondos europeos para la modernización y digitalización de los servicios públicos de empleo, pero también mucha inversión estructural, permanente a futuro, para reforzar el personal con orientadores y posibilitar una atención más personalizada.