Los movimientos sociales reclaman más medidas porque el alquiler sigue sin ser una opción de vida estable
La aprobación de un nuevo decreto de vivienda pactado entre el Gobierno y Unidos Podemos ha sido recibido por los movimientos sociales con satisfacción por contener reivindicaciones del colectivo como el fin de los desahucios con fecha abierta o la contención de las subidas interanuales del alquiler ahora que los contratos se van a alargar a cinco o siete años en el caso de las personas jurídicas. Sin embargo, consideran que sigue haciendo falta que se adopten medidas más contundentes, como asegurar el realojo de las familias vulnerables, el control de precios de los alquileres o la penalización de las viviendas vacías de grandes propietarios. “El alquiler sigue sin ser una opción de vida estable”, advierte el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera.
El asunto de los desahucios sin fecha abierta era una de las reivindicaciones concretas que hicieron los movimientos en las reuniones con los grupos parlamentarios que mantuvieron la semana pasada y en los que les reclamaron un acuerdo y dejarse de “juegos de tronos” preelectorales. Denunciaban la “ofensiva” que según aseguran se está dando por parte de los juzgados para emitir órdenes de desahucio sin fecha y hora, sino con un margen de 15 o 30 días.
“Las familias sufren la angustia añadida de que no saben en qué momento puede aparecer un dispositivo policial casi militar para sacarles de casa por la fuerza”, y además se trata de un intento de desactivar las acciones de los movimientos por la vivienda, que acuden a los edificios donde se van a producir desahucios para dificultarlos colocándose en la puerta. Acciones que “juzgados, fondos buitre y bancos estaban tratando de desactivar justamente con este tipo de desahucios sin día y hora”, explica Palomera, que recuerda que en todo caso su reivindicación es que no haya lanzamientos sin realojos para familias vulnerables, algo que ha quedado descartado por el momento.
Otra de las peticiones que trasladaron los movimientos por la vivienda y que ha sido incluida fue la exigencia de limitar al IPC las subidas interanuales de precios, ya que el primero que se aprobó, y que no fue convalidado, “permitía a los fondos buitre proponer contratos que ya incluían subidas progresivas: al tercer año un 10%, al cuarto un 20% y luego un 30%. Al final, un 60% de subida acumulada”, explica el portavoz del sindicato de inquilinos barcelonés.
Un tercer punto positivo, aunque con matices, es el que atañe a los honorarios en las operaciones de formalización de los contratos. A partir del decreto, tal y como era la opción de los movimientos, van a ir a cargo de los propietarios personas jurídicas y no de los inquilinos. Pero a su juicio esto debería extenderse a todo tipo de arrendadores, independientemente de su naturaleza.
Lo que debería entrar según los sindicatos de inquilinos
Aparte de estos avances, hay cuestiones que se han quedado fuera del decreto y que para los movimientos de inquilinos son fundamentales. En primer lugar, la regulación de precios por la que ha estado luchando Unidos Podemos hasta el último momento y que finalmente se ha quedado fuera por su supuesta inconstitucionalidad en un decreto.
En cuanto a los índices estatales que va a crear el Gobierno con información de las fianzas depositadas y otras fuentes, como el que existe en Cataluña o la Comunidad Valenciana, pueden “legitimar precios en contexto de burbuja”, alertan los movimientos sociales. “Por eso decimos que estos índices que están proponiendo deberían incorporar variables socioeconómicas para que el precio que marca el alquiler este vinculado con los salarios”, añade Palomera. Es decir, construir el índice incorporando información de la media de ingresos y del poder adquisitivo real de la ciudadanía.
Además, “el gran debate no está en estos índices, sino en que sean vinculantes, es decir, que los precios que marcan los índices, independientemente con como se hayan construido, sean de obligado cumplimiento, y esto es lo que se esta quedando fuera del decreto por la resistencia del Gobierno y grupos como PdCAT”, lamenta el portavoz.
Los privilegios fiscales de los que disfrutan las sociedades de inversión en alquiler están también entre las tareas pendientes. Fondos como Blackstone tienen al menos seis socimis cotizando en bolsa mientras el erario público pierde cientos de millones de euros por estas bonificaciones para sociedades que, a juicio de los sindicatos de inquilinos “generan distorsión en el mercado”.“Pueden especular, expulsar y destruir vidas y tejido social y encima les estamos bonificando”, lamenta el sindicato de inquilinos.
Echan también de menos “medidas reales y contundentes” para forzar a los propietarios a movilizar viviendas vacías (3,4 millones en 2011 según el INE), a pesar de que el nuevo decreto haya incluido posibles penalizaciones en el IBI. “Son insuficientes”, zanja Palomera, que recuerda que en Berlín se están planteando directamente la expropiación para grandes propietarios que acumulan miles de viviendas cerradas para hacer subir los precios artificialmente.
En definitiva, creen que queda un largo camino para hacer del alquiler una opción de vida viable y estable, máxime cuando tampoco se termina con las expulsiones injustificadas al final de contrato. Al acabar los contratos los propietarios pueden no renovar simplemente porque quieren utilizan esa vivienda para darle un uso turístico, o triplicar el precio. “Esto hace imposible que el alquiler sea sinónimo de estabilidad, de proyecto de vida y está sujeto a volatilidad y arbitrariedad por parte de la propiedad”, dice Jaime Palomera. La propuesta de los movimientos de vivienda es que salvo que haya una causa mayor o de necesidad familiar los contratos se renueven siempre que el inquilino cumpla con sus obligaciones y pagos.
