Los sindicatos piden un salario mínimo de 1.200 euros para los empleados de la Administración General del Estado
Movilizaciones del personal público a nivel estatal. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han convocado medio centenar de manifestaciones en ciudades de toda España, desde el 21 de mayo hasta el 21 de junio, para exigir mejoras laborales y salariales para los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). Entre ellas, las organizaciones sindicales exigen un salario mínimo de 1.200 euros.
Los representantes de las tres organizaciones han presentado este viernes las movilizaciones para el próximo mes ya que consideran que “la Administración General del Estado ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto”. Las limitaciones han afectado tanto a la reposición de efectivos como a las condiciones retributivas del personal, denuncian.
Los sindicatos creen que sus reclamaciones son asumibles ante la situación de crecimiento económico actual. “Es el momento, tenemos que recuperar derechos, ya nos toca”, ha defendido Carlos Álvarez, secretario de AGE de la FeSP-UGT.
Mejoras salariales y laborales
Una de las reclamaciones de las organizaciones sindicales es un salario mínimo de 1.200 euros para todos los empleados públicos de la AGE. El secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Camarillo, ha destacado que “hoy hay miles de empleados públicos que no llegan a los 1.000 euros, en contra de lo que siempre se ha dicho de nuestros supuestos privilegios”. Los sindicatos también reclaman homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario.
José Manuel Vera, secretario general de CCOO en el sector de AGE, ha propuesto además “una subida lineal de 200 euros para recuperar el 14% del poder adquisitivo que hemos perdido los trabajadores de la Administración”.
Además, CSIF, CCOO y UGT reclaman el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, que recoge una subida salarial de hasta el 8,8% en tres años y una reducción de la temporalidad entre los trabajadores públicos, entre otras cuestiones. Ese acuerdo era una de las “zanahorias” de los Presupuestos presentados por Montoro, con mejoras específicas para funcionarios y pensionistas.
Los sindicatos piden la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el II Acuerdo para avanzar en tres ejes: empleo, derechos (como el restablecimiento del 100% de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario.
CCOO, UGT y CSIF también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de la AGE, así como el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, “que lleva más de dos años sin avances significativos”, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
