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Los sindicatos tachan de “burla” la subida salarial de los empleados públicos en el exterior tras una década de congelación

“Burla”, “tomadura de pelo”, “migajas”. El Gobierno acaba de poner fin a una década de congelación salarial de miles de empleados públicos en el exterior, una denuncia continuada de los sindicatos durante el mandato de Mariano Rajoy, pero el enfado provocado en las organizaciones de trabajadores ha sido monumental. La resolución aprobada por el Ejecutivo socialista excluye a varios países de la subida salarial y para otros el alza se queda por debajo del 1% (incluso en el 0,10%, en el caso de Senegal). Aunque hay casos de incrementos de casi el 12%, para cuatro destinos, los sindicatos consideran que las cifras aprobadas son “decepcionantes” y muy insuficientes.

Cuando el pasado diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la subida salarial para los empleados públicos de (como mínimo) un 2,25% este 2019, los sindicatos recordaban que el personal laboral en el exterior seguía con sus nóminas congeladas desde 2009. En total, unos 7.000 trabajadores públicos a los que no se incluyó en la recuperación salarial del conjunto de empleados dependientes de la Administración Pública tras la crisis.

Estos trabajadores están empleados en organismos e instituciones públicas fuera de España, como embajadas, consulados, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) y el Instituto Cervantes, entre otras.

Del 0% hasta el 12%

La resolución del Gobierno que acuerda las subidas salariales por países, a la que ha tenido acceso eldiario.es, fue aprobada el pasado 28 de febrero por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR). La revisión salarial tendrá efectos desde el 1 de enero de este año y “ya es aplicable”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. “Los centros directivos lo pueden empezar a trasladar ya, aunque dependerá de cada Ministerio”, explican.

El documento explica que la revisión de remuneraciones se ha calculado teniendo en cuenta la inflación de cada país y la evolución de los tipos de cambio de moneda. El resultado son incrementos muy reducidos en algunos casos –del 0,10% en el caso de Senegal y del 0,30, en Ecuador– hasta subidas de casi el 12% para cuatro países: Zimbawe, Siria, Yemen y Egipto. Los trabajadores de otros destinos, como Argentina, Uruguay, Brasil e Israel, se quedan sin revisión de sus sueldos. El coste total de la medida supone unos “2,5 millones de euros”, afirman desde Función Pública, que afectará “en torno a 5.000 trabajadores”.

Fuentes de Función Pública aseguran que “los países que no han subido las retribuciones es porque sus trabajadores están ganando más” debido a factores como el tipo de cambio de la moneda, pero a los sindicatos no les “salen las cuentas”, denuncia Gonzalo Sáenz, secretario de organización de la Federación Exterior de UGT. “No hay posibilidad de entender el método seguido. Los países de América Latina son los grandes perjudicados, muchos en los que la inflación es de vértigo, como Argentina, Venezuela y Brasil”, denuncia Sáenz.

Los sindicatos planean movilizaciones

Los representantes de los trabajadores denuncian que, pese a que el Ejecutivo socialista desencalló las conversaciones sobre la congelación salarial de estos 7.000 trabajadores, paradas durante el mandato del PP, finalmente “no ha habido negociación” con los sindicatos, sostiene Osmany Llanes, del Servicio Exterior de CCOO, y reclaman que el Ejecutivo les presente de manera transparente cómo se ha calculado la subida salarial.

“Nos convocan con una resolución ya hecha. Todo parecía indicar que podrían encima de la mesa una propuesta, pero no ha habido voluntad política. La resolución no es otra cosa que una tomadura de pelo, burda y descarada”, critica Llanes. CCOO presentó un estudio a la Administración en el que cifraba la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en el exterior en esta década. En el caso de Argentina, el sindicato calcula que sus empleados se dejaron de media un 47,78% de su poder de compra.

Las organizaciones sindicales aseguran que sus centralitas quedaron colapsadas el pasado viernes cuando en los diferentes destinos conocieron el acuerdo de subida salarial. UGT, CCOO y CSIF están estudiando la impugnación del acuerdo del Gobierno y planeando movilizaciones conjuntas contra esta decisión del Gobierno socialista. 

En el caso de CSIF se inclinan de manera decidida por “una huelga general de un día en la semana de las elecciones generales”, sostiene su coordinador en Exteriores, Javier Sastre. La organización sindical de funcionarios condena además que hay cierto “tinte político” en la exclusión de la subida salarial de Venezuela. El resto de sindicatos valorará diferentes métodos de protesta, aunque reconocen que tendrán en cuenta la pérdida de salario que acarrea un día de huelga dada la gran precariedad de muchos trabajadores en el exterior.