Un autobús de doble piso, de color rojo vivo y decorado con la leyenda “Mapfre no nos cuida”, recorre las calles de Madrid desde el pasado martes 1 de julio y mantendrá su recorrido hasta el día 8. La iniciativa ha sido pagada mediante una colecta a través de Internet por 70 supervivientes y familiares de fallecidos en el vuelo del avión de Spanair JK 5022, ocurrido el 20 de agosto de 2008. La tragedia se saldó con 154 fallecidos y 18 supervivientes.
La marcha de autobús, desde el que los familiares de fallecidos y supervivientes reparten octavillas y dan explicaciones, ha hecho paradas en diversas oficinas de Mapfre, la empresa aseguradora de la compañía y del avión que sufrió el accidente, y ante la sede de diversos medios de comunicación. Su ruta se puede seguir con la cuenta de Twitter @busdignidad.
Las principales tesis que mantienen los promotores de la acción de protesta se pueden resumir en tres. La primera, que cuando se van a cumplir seis años del siniestro “la mayoría” de los afectados todavía no han sido indemnizados y que una buena parte del colectivo “ni siquiera ha recibido los anticipos legales”. La segunda, que Mapfre se niega a aplicar la legislación en vigor sobre los derechos de los pasajeros aéreos del Convenio de Montreal y trata a las víctimas como si lo fueran “de un accidente de tráfico”. Tercero, que las indemnizaciones que ofrecen, de media 74.500 euros, suman en total 12,8 millones, lo que es una cantidad únicamente un millón de euros superior a los ingresos que obtuvieron en 2012 los directivos de la aseguradora.
Reacción de Mapfre
Reacción de Mapfre Aunque los integrantes de la protesta del autobús rojo, a través de la presidenta de la asociación de afectados Pilar Vera, se quejan de la falta de eco en los medios de comunicación, la reacción de Mapfre ha sido contundente, consciente del daño que la iniciativa puede causar a su imagen. Su alto directivo Ignacio Baeza ha remitido una carta a un número muy elevado de clientes defendiendo la actuación de la aseguradora. La misiva asegura que “estamos tratando por todos los medios de ofrecer la mejor solución a las víctimas de este terrible accidente y a sus familiares”, e indica que ya han llegado a un acuerdo con 70 de los afectados y “mantenemos conversaciones muy avanzadas con otros 42 perjudicados”.
El autobús rojo ha comenzado a circular coincidiendo con la semana en la que se ha celebrado la audiencia previa al juicio por la demanda de 41 víctimas. En la vista, el juez de lo Mercantil número 12 de Madrid acordó que el juicio se señale para el próximo 24 de febrero. Estos afectados reclaman 42 millones de euros por daños y perjuicios, mientras que la compañía ofrece 4,7 millones.
Fuentes oficiales de Mapfre remiten a sus comunicados en los que solicita de la justicia que emita una sentencia directa en los procesos administrativos en curso “con el fin de que las indemnizaciones puedan ser cobradas cuanto antes”.
¿Accidente de tráfico o aéreo?
¿Accidente de tráfico o aéreo? La aseguradora, a través de fuentes jurídicas autorizadas, reconoce que el “tratamiento indemnizatorio” que aplica en el caso del siniestro de Spanair “tiene que hacer necesariamente referencia al baremo por daños que se aplica habitualmente en los accidentes de tráfico” porque “son los únicos que realmente existen”. A ese baremo “le hemos añadido mejoras en función de las especificidades del siniestro”.
Como ejemplo de las “mejoras” en el tratamiento por los daños del siniestro de Spanair, las fuentes citadas indican que a los 75 muertos del accidente del Yakovlev 42 en Turquía en mayo del 2003 se les “aplicó estrictamente el baremo por daños de accidente de tráfico. Mapfre quiere igualar a las victimas de Spanair con los 19 muertos y 50 heridos del accidente ferroviario de Chinchilla (Albacete), en junio de 2003. En aquel caso se aplicó el baremo por daño de accidentes de tráfico, mejorado en un 30%.
Convenio de Montreal
Convenio de MontrealLa presidenta de la Asociación de Afectados, Pilar Vera, rechaza tajantemente la aplicación del tratamiento indemnizatorio de los accidentes de tráfico y exige que se aplique la legislación internacional sobre derechos de los pasajeros aéreos que recoge el Convenio de Montreal de 2002 y que fue adoptada y ratificada por el Estado español en 2004. “Las víctimas del accidente de Spanair lo fueron de un accidente aéreo, y no como pretende Mapfre de un accidente de tráfico. El avión voló, se estrelló, se incendió y fue a caer en un río. Hubo fallecidos por impacto, por quemaduras y por ahogamiento”.
El Convenio de Montreal estable como principio básico de la normativa internacional en siniestros aéreos que “un sistema de responsabilidad ilimitada en caso de muerte o lesión del pasajero resulta adecuado en el contexto de un sistema de transporte aéreo moderno y seguro”.
La norma es taxativa a la hora de establecer el tratamiento indemnizatorio y señala que “no hay límite económico para la responsabilidad en caso de lesiones o muerte del pasajero”. “Para los daños de hasta 100.000 DEG (aproximadamente unos 120.000 euros), la compañía aérea no podrá impugnar las reclamaciones de indemnización. Por encima de dicha cantidad, la compañía aérea sólo puede impugnar una reclamación en caso de que pueda probar que no hubo de su parte negligencia ni falta de otro tipo”.
Para proteger aun más los derechos de las victimas, ordena que “en caso de muerte o lesión de un pasajero, la compañía aérea deberá abonar, en el plazo de quince días un anticipo para cubrir las necesidades económicas inmediatas. En caso de fallecimiento, este anticipo no podrá ser inferior a 16.000 DEG (unos 21.000 euros)”.
Pilar Vera recuerda que Spanair tenía una póliza de 3.500 millones de dólares para cubrir los riesgos de toda su actividad. De ellos, 1.000 millones eran para cubrir la flota, otros 1.000 para amparar los riesgos de sus empleados y los 1.500 millones restantes para dar cobertura a sus pasajeros. Mapfre va a resarcirse con creces de las cantidades con las que indemnice a los pasajeros ya que las reclamará al fabricante del avión siniestrado Boeing. “En realidad Mapfre no cuida a las víctimas, sino únicamente a su cuenta de resultados”, afirma Vera.