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El Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo por enfermedad, que solo ha contado con los votos en contra de la formación de ultra derecha Vox. Todas las formaciones políticas se han posicionado a favor, sin que hubiera abstenciones, menos los 52 diputados de Vox.
Cuando se aprobó en la Cámara Baja como decreto-ley el partido de extrema derecha ya votó en contra con el argumento de que esta amenaza de despidos contribuía a controlar el “fraude” y los “abusos” en el absentismo de los trabajadores.
En esta ocasión el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, sin entrar en el fondo del punto a derogar, ha hecho un alegato jurídico apuntando que se pretende hacer “una excepcional pirueta formal para derogar este artículo para que se tramitara de urgencia” lo que definió como “un sinsentido jurídico, un decretazo sobre otro decretazo”.
“Este procedimiento urgente necesidad, carece de motivos objetivos y de oportunidad y solo se pretende cercenar el debate e impedir las aportaciones de los grupos políticos, que solo profundiza en la incertidumbre con la anárquica profusión legislativa”, ha señalado el diputado de extremaderecha para espetar al final que “al gobierno de izquierdas no le importan los trabajadores sino que sean mendicantes silientes”.
La diputada del PSOE Esther Peña Camarero le ha respondido: “¿No merece la pena avanzar con urgencia para acabar con el miedo de la gente por ser despedida cuando está enferma?¿Cómo le explican a los infectados por coronavirus que podrían ser despedidos? Cumplamos con el ordenamiento europeo”.
Mientas que el parlamentario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha recordado que el artículo 150 del reglamento del Congreso permite el procedimiento de lectura única y de urgencia cuando la simplicidad de formulación lo permita y “en este caso solo se trata de eliminar dos líneas del Estatuto de los Trabajadores”. Además, ha acusado a las formaciones de derechas de “intento de confundir y embarullar el debate” cuando se está abogando por eliminar un “claro abuso contra los trabajadores”.
Por su parte, el diputado del PP Diego Movellán ha señalado que su formación esperaba que “esta excepcionalidad en la derogación de una ley no se convierta en normalidad parlamentaria” para posteriormente asegurar que el punto 52 del Estatuto de los Trabajadores que se va a eliminar “no tiene nada que ver con reforma laboral del PP, ha estado amparado desde 1980 y hasta la actualidad por los tribunales, lleva 40 años con nosotros”. El resto de las formaciones políticas ha decidido no tomar la palabra y pasar directamente a votar.