Si la apuesta por la Superliga fuera un partido de fútbol, iría perdiendo al descanso. Esta semana se ha conocido la posición del abogado general de la UE sobre esta iniciativa respaldada por Real Madrid y FC Barcelona frente a la UEFA, amparando a esta competición a vetar la participación de los clubes que respalden el nuevo torneo. Se trata de un informe que no es vinculante y todavía falta por conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, se une a otros posicionamientos como los del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa o las asociaciones de aficionados del viejo continente.
El resultado final no está escrito y los impulsores de la Superliga todavía esperan remontar en la sentencia, que se espera para la próxima primavera. “La Superliga no está muerta, ni mucho menos”, aseguró este viernes Bernd Reichart, consejero delegado de A22, la compañía con sede en Madrid que impulsa esta competición. Lo defendió en un desayuno informativo ante la atenta mirada de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Ambos son rivales en lo deportivo, pero están unidos en esta aventura empresarial. Reichart evitó especular con la posibilidad de que la sentencia acabe confirmando la posición de la UEFA.
La UEFA y LaLiga celebraron esta semana que el abogado de la UE respaldara, al menos en parte, sus posiciones. “La UEFA acoge con satisfacción el dictamen inequívoco del abogado general Rantos, que es un paso alentador para preservar la estructura de gobierno dinámico y democrático existente en la pirámide del fútbol europeo”, aseguró el organismo, cuyo modelo es el que se está analizando en la justicia europea. La sentencia puede concluir con un modelo de más de medio siglo o, por el contrario, reforzarlo.
Este proceso judicial arrancó en un juzgado mercantil en Madrid. El juez que recibió el caso, presentado por A22, tenía que dirimir sobre las amenazas de sanciones que habían planteado la LaLiga, la UEFA y la FIFA frente a los equipos que impulsaban la competición. El juzgado envió el caso al TJUE, quien tiene que dirimir si la UEFA puede vetar a estos equipos o la creación de otra competición alternativa a las que ella organiza. En una larga argumentación, el abogado general plantea su posición que, en resumidas cuentas, no prohíbe crear otra competición, pero sí permite que la UEFA pueda vetar a quienes participen en ella. “Si bien la European Super League Company tiene libertad para crear su propia competición de fútbol independiente fuera del ecosistema de la UEFA y de la FIFA, no puede, además de crear esa competición, continuar participando en las competiciones de fútbol organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de esas federaciones”, aseguró el abogado general.
La propuesta de la Superliga nació en la primavera de 2021. En un comienzo, eran doce los clubes integrantes. Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, en España; Juventus, Milán e Inter, en Italia; Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham, en Inglaterra. Sin embargo, esta propuesta original apenas sobrevivió unos días, ya que nueve clubes se dieron de baja en las horas siguientes. La presión de las aficiones y de los respectivos gobiernos contra la Superliga tumbó los intentos de los propietarios.
Desde entonces, han sido escasas las buenas noticias para los que mantuvieron la apuesta por la Superliga (Madrid, Barça y Juventus), más allá de la admisión a trámite de su demanda contra la UEFA. En los primeros días, gobiernos como el británico mostraron su rechazo. También las ligas nacionales, que se adhirieron a la posición de la UEFA. Meses después llegó una votación en el Parlamento Europeo que mostró mayoritariamente su apoyo a un modelo deportivo “que reconozca la necesidad de un fuerte compromiso con la integración de los principios de solidaridad, sostenibilidad, inclusión para todos, competición abierta, mérito deportivo y equidad y, en consecuencia, se opone enérgicamente a las competiciones separatistas que socavan dichos principios y ponen en peligro la estabilidad del ecosistema deportivo”, es decir, contrario a la Superliga.
Otros organismos en el viejo continente como el Consejo de Europa se opusieron públicamente a este nuevo modelo del deporte europeo. Incluso la propia Comisión Europea firmó un convenio con la UEFA que reconocía implícitamente su oposición a la Superliga.
Las aficiones fueron las primeras en protestar frente a esta iniciativa. Distintas organizaciones de fans de equipos europeos han planteado el rechazo frontal a la medida, incluso desde una perspectiva crítica con la propia UEFA. Es el caso de la FSE. “La opinión anunciada por el abogado general Rantos concuerda con la posición de los aficionados al fútbol en todo el continente”, aseguraron esta semana en un comunicado.
A la salida de clubes, críticas de aficionados y oposición de organismos europeos hay que sumar en las últimas semanas una nueva piedra en el camino para la Superliga. Uno de los últimos tres socios, la Juventus, ha vivido un terremoto judicial que ha provocado la dimisión en bloque de la junta directiva, incluido el propio presidente y propietario del club, Andrea Agnelli. Los medios italianos vincularon esta salida a la investigación policial conocida como Prisma, que analiza supuestos ajustes contables irregulares por parte de la Juventus en la compraventa de jugadores.
Más allá de las cuestiones legales sobre si la UEFA es o no un monopolio y puede prohibir iniciativas alternativas, la cuestión principal en esta batalla es el dinero del fútbol. Y, en especial, el de las retransmisiones televisivas. La Superliga mantiene como argumento que su intención es innovar y hacer más atractivo el fútbol, especialmente para los jóvenes, eliminando los partidos “intrascendentes”, como expresó el propio CEO de A22 el pasado viernes en Madrid. “La misión es clara. Mejorar las competiciones europeas de fútbol y elaborar propuestas para abordar los problemas del fútbol”, señaló.
Por su parte, la UEFA y las ligas mantienen críticas de otro tipo. Entienden que una competición organizada por los grandes clubes provocaría problemas como el acceso a la misma, el reparto equitativo de los ingresos o el mérito deportivo, también en las ligas nacionales. “Defendemos los principios fundamentales del mérito deportivo y el acceso abierto entre nuestros miembros, así como uniendo el fútbol con responsabilidad compartida y solidaridad”, aseguraba la UEFA esta semana en un comunicado.
Sin embargo, el verdadero asunto que subyace es el del dinero: quién gestiona los potentes ingresos de competiciones europeas como la Champions. La UEFA prevé 15.000 millones de euros en ingresos entre 2019 y 2024 –periodo entre Eurocopas– de los que tres cuartas partes dependen de las competiciones de clubes. Buena parte de esta tarta es la que está en juego en el debate de la Superliga.
Los clubes que impulsan la Superliga defienden que deben ser ellos los que “sean dueños de su propio destino”. “Los clubes corren con todos los gastos y los riesgos pero no son dueños de su propio destino”, defendía Reichart este viernes. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y principal rostro de la Superliga, ha defendido esta misma idea, situando la cuestión económica en el centro de este órdago contra la UEFA.
La federación europea y las ligas tampoco ocultan que la cuestión económica sea fundamental en esta batalla. Las ligas, por ejemplo, podrían perder los ingresos que generan los grandes clubes de cada país. LaLiga, la patronal del fútbol profesional en España, presentó recientemente un informe encargado a KPMG que ponía de relieve que los clubes que no participasen en la Superliga perderían 1.600 millones de euros al año, especialmente por los ingresos procedentes de la televisión. El presidente de la organización, Javier Tebas, defendió que sería el final de las ligas europeas.
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