La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que “ningún español que piense que puede estar viviendo o atravesando una situación dificultad va a sufrir ningún tipo de corte de suministro ni de agua ni de electricidad ni de gas en sus hogares”.
Ribera ha dicho que las empresas suministradoras “son conscientes de que deben ir más allá” y ha avanzado que su ministerio está trabajando “para introducir un supuesto adicional” en la normativa sobre el bono social (descuentos en la factura eléctrica y para calefacción) para “incorporar un supuesto adicional para quien se encuentre en una situación de necesidad” y “ responder con prontitud” a una situación como esta.
Es el “mensaje más importante” que ha querido trasladar Ribera en una rueda de prensa telemática convocada en Moncloa junto al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para analizar la situación del transporte y las medidas de la vicepresidencia para la Transición Ecológica para evitar el corte de suministros a los consumidores más vulnerables recogidas en el Real-Decreto Ley aprobado el martes.
El decreto de medidas económicas urgentes aprobado el martes por el Gobierno incluye la prohibición del corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a consumidores vulnerables durante un plazo de un mes (prorrogable), una prohibición que hasta ahora solo se aplicaba a la electricidad y para determinados supuestos, aunque, en respuesta a los periodistas, Ribera ha dado a entender que esos cortes no se producirán ni siquiera en el caso de que el consumidor no cumpliera los requisitos de renta que establece la legislación, vinculados al denominado IPREM, si estuviera en dificultades como consecuencia de la actual situación de emergencia sanitaria y social.
La normativa que acaba de aprobar el Gobierno también prorroga el bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovarlo al expirar los dos años de prestación que marca la normativa; y se suspende la revisión de los precios de los gases licuados del petróleo envasados, como la bombona del butano, y la tarifa regulada del gas natural, que mantendrán su precio durante seis meses, aunque si la fórmula de cálculo permitiera una bajada, “evidentemente” se aplicaría, ha dicho Ribera.
La vicepresidenta cuarta, que ha descartado de plano una intervención del sector eléctrico, “salvo que se diera algún tipo de distorsión”, algo que “en absoluto” se contempla, ha destacado que los precios de la electricidad se están comportando de una manera “muy razonable”, con unos valores en el mercado mayorista un 19% inferiores a lo previsto hace un mes.
Ha lanzado también un mensaje de “tranquilidad respecto a la permanencia del suministro” de la industria, mediante la suspensión de los cortes previstos para los grandes consumidores acogidos al mecanismo de interrumpibilidad (descuentos a cambio de cortes puntuales en momentos determinados). Así, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aprobado esta mañana una orden ministerial para dar instrucciones a Red Eléctrica para que ese mecanismo no se active.
La ministra ha justificado el blindaje de las empresas estratégicas que ha introducido el Gobierno frente a inversores extracomunitarios y empresas públicas extranjeras para evitar situaciones “indeseables” pero ha asegurado que no existe ninguna “amenaza” al respecto.
Ribera ha avanzado que esta semana se ha producido una caída de la demanda eléctrica de hasta el 7%, con un descenso del 8,7% en la industria, sobre todo entre los grandes consumidores (automoción, maquinaria para uso general o fabricación de muebles) y una caída muy importante (hasta el 80%) en el queroseno de aviación.
En los carburantes, ha habido un descenso “más acusado” en el caso de las gasolinas tras un “síndrome de acopio por parte de particulares” detectado la semana pasada, si bien en diésel no se ha producido ese descenso tan pronunciado al ser el combustible utilizado por el transporte por carretera.
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