Termina la era de los hipotecas, préstamos y créditos baratos en la eurozona en plena crisis energética y de precios por la invasión rusa de Ucrania. El Banco Central Europeo (BCE) pondrá fin en su reunión de julio a una década de tipos de interés en mínimos históricos (la referencia oficial para las bancos ha estado fijada en el 0% algo más de 8 años) para dejar de alimentar a la inflación con el riesgo de asfixiar a los estados más endeudados, como Italia y España, y a las familias y empresas, sobre todo a las más vulnerables.
“La amenaza de recesión en los próximos trimestres es real”, lamenta Sergi Lanau, economista jefe adjunto del Instituto de finanzas internacional (IIF, por sus siglas en inglés). Con el reto de encontrar equilibrio entre ese apercibimiento y los precios disparados (y teniendo en cuenta que el mandato del BCE es controlar la inflación en los países que comparten el euro con la política monetaria), este jueves, la presidenta de la institución, Christine Lagarde, anunció que subirá 25 puntos básicos (un 0,25%) el precio del dinero (los tipos de interés de referencia) tras finalizar este mes las compras “netas” de deuda del último programa de adquisición de bonos de países y de empresas que quedaba vigente, tras acabar también el de emergencia por la pandemia de COVID en marzo.
La situación es delicada. Al encarecer los préstamos y dejar de inyectar dinero, la línea que separa la capacidad del banco central de contener la inflación o de acabar ahogando a la economía es muy fina.
“El banco central tendrá que caminar por una línea muy fina ante una disyuntiva de crecimiento-inflación adversa y en constante evolución. Si bien la inflación podría resultar más sólida y generalizada de lo previsto, lo que exigiría una respuesta más agresiva por parte del banco central, los riesgos a la baja siguen dominando las perspectivas económicas”, resume Silvia Dall'Angelo, economista de la gestora Federated Hermes.
Crédito más caro
La retirada gradual de las inyecciones de dinero y la expectativa sobre la decisión de subir tipos ha venido endureciendo las condiciones de financiación de los países, de las empresas y de las familias durante las últimas semanas (ver gráfico). “Y los préstamos, hipotecas y bonos seguirán encareciéndose en los próximos meses”, advierte el Banco de España en su último informe sobre perspectivas económicas, publicado este viernes.
El ejemplo más claro para las familias es el euríbor (la principal referencia respecto a la que se establece el precio de las hipotecas), que ha pasado de establecer un mínimo histórico diario en el -0,501% en diciembre a escalar hasta el 0,68% actual. Esta subida incrementa el coste de las hipotecas nuevas, ya sean a tipo fijo o a tipo variable, y el de las actualizaciones de estas últimas.
También ha sufrido las consecuencias el Tesoro Público de España esta misma semana, la última vez que ha acudido al mercado a pedir dinero, que ha conseguido al interés más alto de los últimos años, al 2,55% a 10 años. Tras llegar a emitir al 0,4% al mismo plazo en diciembre.
El Banco de España también avisa de que los criterios de la banca para conceder préstamos se han ido volviendo más exigentes y que lo serán todavía más. En este caso serán las empresas, grandes y pequeñas, las que enfrenten mayores dificultades para conseguir financiación, según las previsiones del propio regulador.
“En el mercado está cotizando una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos en septiembre [tras los 25 enteros de julio], y de hasta 200 puntos en el próximo año, pero es una expectativa exagerada”, observa Sergi Lanau, del IIF, quien insiste en que “el riesgo de recesión” existe, “incluso aunque el BCE no acometa el incremento de 50 puntos en septiembre”.
Fragmentación
Antes del riesgo de recesión, la otra gran amenaza para la eurozona es lo que las autoridades y los especialistas están llamando “la fragmentación del mercado”. Que a pie de calle hay que entender como la forma preliminar y elegante de hablar de que una subida de los tipos de interés perjudica más a los países periféricos (los más endeudados). Los que en la crisis del euro de 2010 y 2012 fueron agrupados bajo el acrónimo PIIGS (los cerdos Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés).
Lagarde intentó esta misma semana alejar esta amenaza, citando “flexibilidad” y “dependencia de los datos”, aunque no supo explicar cómo practicará estas premisas. “El diseño de cualquier herramienta específica contra la fragmentación es una tarea difícil, que se está llevando a cabo a puerta cerrada”, comenta Silvia Dall'Angelo, de Federated Hermes.
Fin a las compras “netas”
El BCE inició los programas de compra de deuda para favorecer la salida de la Gran Crisis Financiera de 2008, y desde 2020 ha cubierto todas las necesidades de financiación de España y en general del conjunto de la eurozona, con un programa específico por el comienzo de la invasión de Ucrania, en un ejercicio histórico de contestación común, incluso más relevante que los fondos de recuperación Next Generation. Ha comprado el déficit, es decir, todo lo que ha habido que gastar y que los ingresos no cubrían, como partidas extraordinarias como los ERTE, el ingreso mínimo vital (IMV), las rebajas de impuestos a la electricidad o el descuento a los carburantes.
El programa de emergencia de compras de deuda del banco central y el mantenimiento de los tipos de interés oficiales en el 0% han sido, de hecho, el sostén para la actividad económica –permitiendo que las empresas, las familias y el propio Estado hayan accedido a crédito barato–. Y, del mismo modo, las condiciones inmejorables sobre las que se están desplegando las inversiones del Plan de Recuperación.
Por un lado, hay que entender que con finalizar las compras “netas”, el BCE quiere decir que se deja margen para ir reinvirtiendo los vencimientos de toda la deuda que ha comprado en los últimos años. Es decir, no creará más dinero, pero seguirá interviniendo en el mercado. Más difícil es que lo haga solo para reducir el coste de financiación de Italia, España o Grecia si se eleva en exceso, porque chocaría con los límites de la eurozona y de los socios más disciplinados fiscalmente.
Por eso, Sergi Lanau, del IIF, en línea con otros expertos, considera que si lo viera necesario la autoridad monetaria podría arrancar otro programa de compras de deuda “general”, aunque coincida con el ciclo de subida de los tipos de interés, lo que contentaría a las dos bandos del club del euros (los conocidos en la jerga financiera como los halcones y las palomas).
De momento, la deuda no debería ser un problema para España ni en el corto ni el medio plazo. Hasta podría verse como una oportunidad si se admite la previsión que el propio Gobierno envió a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad 2022-2025, y que comparte el Banco de España.
En el documento, el Ejecutivo calcula que los pagos de intereses por la deuda se mantendrán cerca del 2% del PIB durante los próximos años, pese al sobreendeudamiento y pese a la subida generalizada de los tipos de interés, gracias a las condiciones inmejorables de los últimos años, que han permitido reducir a mínimos el coste medio de la deuda y alargar los vencimientos (por encima de los 8 años).
España pagó 26.805 millones de euros en intereses en 2021, un 2,15% del PIB. Y en 2020 la factura fue de 25.237 millones, un mínimo desde 2010. En 2013, tras el rescate a la banca en el verano anterior, el gasto en intereses de la deuda rozó los 37.000 millones, un 3,7% del PIB.
Para las familias, la situación es más complicada. El Banco de España calculó hace unos días que un incremento de entre 100 y 300 puntos básicos en los tipos de interés elevará la carga financiera de las familias endeudadas más pobres a cerca del 35% de su renta disponible.
A partir de ahora, y si nada cambia, el BCE asumirá la teoría que dice que con el fin de las compras de deuda y la subida de los tipos de interés, deja de alimentar la inflación, al encarecer las hipotecas y los préstamos y frenar, por tanto, la actividad generada artificialmente con su creación de dinero.
Sin embargo, muchos expertos se preguntan si esta teoría (y las complicaciones que acarrea) aplica a una subida de precios, aunque ya extendida a prácticamente toda la cesta de bienes y servicios, que está originada en el petróleo, el gas y otras materias primas básicas en la industria, la agricultura o la alimentación, por la perturbación que supone la guerra iniciada por Rusia y cuando se da un shock de oferta. Y, sobre todo, que no tiene réplica en los salarios, sino más bien en una significativa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y sobre todo de los hogares más pobres.