7.000 trabajadores de la Administración en el exterior están convocados este lunes a una huelga
El personal laboral de los organismos españoles en el exterior está convocado este lunes a una huelga. Se trata de unas 7.000 personas cuyos salarios llevan congelados nueve años y que denuncian que su situación es, en algunos países, desesperada. Son trabajadores de embajadas, consulados, oficinas de representación de los ministerios, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Cervantes, el Instituto Español de Comercio Exterior o la Tesorería de la Seguridad Social.
De ese personal, alrededor de 3.000 personas depende del Ministerio de Exteriores, que ha fijado unos servicios mínimos del 25% para esta jornada, según informa Europa Press.
Los tres sindicatos con representación, CCOO, UGT y CSIF han convocado esta huelga después de meses de paros y protestas. Las centrales denuncian que el Gobierno está incumpliendo su obligación de actualizar sus salarios conforme a la situación de cada país y reclaman una actualización de los sueldos de un 25%. Reclaman también negociar los procesos de contrataciones, mejoras de las condiciones laborales y de los planes de pensiones. Piden además una armonización de sueldos por categorías y zonas geográficas.
“La congelación salarial puede sonar a sacrificio, pero en el exterior hay países con realidades muy diferentes, con inflaciones que pueden llegar al 40%, países con impuestos muy altos y donde la situación de muchos de estos trabajadores es muy complicada. Hay situaciones dramáticas”, asegura Gonzalo Sáenz, secretario de organización de la Federación Exterior de UGT.
“Es personal que se contrata en destino, al que nunca se le ha querido aplicar la legislación española. En principio rige la legislación de destino, aunque en cuanto a vacaciones o permisos se aplica un acuerdo entre sindicatos y Ejecutivo que regula estos derechos”, dice Osmany Llanes, del Servicio Exterior de CCOO. A este personal no se le aplicó, por ejemplo, el recorte salarial del 5% para empleados públicos que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2010.
Uno de los casos más problemáticos ha sido el de Argentina, donde la inflación subió un 40% solo en 2016. “Hay situaciones complicadas, si uno tiene hijos o si no tiene casa en propiedad, se puede pasar muy mal”, dice Manuel Negreira, que trabaja en el consulado.
Durante estos últimos meses las movilizaciones se han extendido por muchos puntos distintos, desde Suecia, Canadá y Australia a Guinea Ecuatorial o Nicaragua. En concreto en el consulado de Sidney los trabajadores han denunciado incluso que, desde el mes de julio, su sueldo pasaba a estar por debajo del salario mínimo en el país.
