El acuerdo no está cerrado pero que el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, se pronuncie públicamente sobre la marcha de las negociaciones da buena muestra de que las posturas están más cerca que nunca. “Están sentados los mimbres para alcanzar un acuerdo inmediato del nivel asistencial por desempleo”, ha indicado al final de la mesa del diálogo social celebrada este lunes.
La reforma del subsidio por desempleo es un compromiso con Bruselas para el cuarto desembolso de los fondos europeos 'Next Generation', al que el Ejecutivo debe dar respuesta antes del 20 de mayo, tras una prórroga de dos meses. El cambio en este nivel asistencial fue también el primer varapalo del ministerio de Trabajo en esta legislatura, después de que Podemos tumbase el Real Decreto que Yolanda Díaz llevó al Congreso en enero porque suprimía la cotización al 125% de los mayores de 52 años que cobraban el subsidio al considerarlo un recorte.
Finalmente, según han avanzado este lunes sindicatos y ministerio, Trabajo asume esa exigencia y mantendrá esa cotización. “Como hemos venido diciendo desde siempre, es un elemento que estábamos dispuestos a negociar en su día y ahora”, ha afirmado Pérez Rey, pese a que fue esta medida concreta la que hizo a la formación que dirige Ione Belarra votar en contra. Aquella tramitación parlamentaria, ha explicado el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, “no fue objeto del diálogo social” aunque el sindicato planteó que “la mejor opción era que fuese aprobado” para aplicar correcciones “vía enmienda”.
Con todo, el nuevo texto, que aún no ha sido aceptado en la mesa del diálogo social y que después deberá pasar de nuevo por un proceso legislativo, ha sido recibido de forma positiva por los sindicatos. Mantiene algunas mejoras de la redacción anterior, como la ampliación del subsidio a los eventuales agrarios, la incorporación como beneficiarios de las personas menores de 45 sin cargas familiares, hasta ahora excluidas de la cobertura, o la equiparación del subsidio que reciben quienes habían estado empleados a tiempo parcial con aquellos a tiempo completo. Esta medida tiene un “mayor impacto de género” porque las mujeres son las que tienen tres de cada cuatro contratos de este tipo.
“Tiene modificaciones importantes respecto al fallido real decreto”, ha señalado la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, que ha indicado que “la cotización del 125% para los mayores de 52 años era esencial para el sindicato, porque se trata de un colectivo con especial dificultad para su inserción en el mercado laboral y, por lo tanto, sus pensiones quedaban dañadas y penalizadas por muchos años que tuvieran cotizados”.
Pero no solo eso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya había avanzado antes de la reunión dos medidas. Por un lado, un subsidios para aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género o sexual. Por otro, la posibilidad de compatibilizar la prestación contributiva por desempleo con el trabajo.
Además de las mujeres víctimas de violencia machista, Estévez ha indicado que la propuesta planteada por Trabajo incluiría también a los emigrantes retornados, por lo que se ha felicitado por “el número de beneficiarios que va a tener” el real decreto. “Mejora lo que va a cobrar la gente, el número de gente que lo va a cobrar y las condiciones de inserción laboral”, ha coincidido Bravo, que ha mencionado también a las personas menores de 45 años, las eventuales del campo, “mejoras muy llamativas en relación con la parcialidad, las parejas de hecho, la tramitación y la gestión”.
El otro gran avance, como han coincidido ministerio y sindicatos, es la compatibilidad de prestaciones contributivas y empleo durante 120 días. “Estos mecanismos de compatibilidad son herramientas útiles para garantizar la inserción en el trabajo que tienen que ser contempladas, pero a la vez tienen que se controladas”, ha apuntado Bravo, que ha señalado que espera que “el compromiso verbal mucho más preciso y concreto” que han obtenido en la reunión y que permite a CCOO tener “una mejor opinión de la propuesta” se concrete. “Si la concreción en el texto es la adecuada, veremos la posibilidad de avanzar al respecto”, ha señalado. “Vamos a estudiarlo muy bien y leer la letra pequeña”, ha coincidido Estévez.
Tanto UGT como CCOO han indicado también que el aspecto negativo de la nueva propuesta es que la referencia para las prestaciones siga siendo el IPREM. Este indicador, que se creó en 2004, ha perdido un 14% de su valor real por el aumento de la inflación y este año ha vuelto a verse congelado por la prórroga presupuestaria. Mientras Estévez ha defendido cambiar el parámetro que se toma como referencia para las prestaciones, utilizando el índice de pobreza, Bravo ha señalado que es “urgente mejorar la cuantía”: “Bien mejorando el IPREM, bien buscando una vía alternativa”.
Los representantes sindicales deberán recibir el texto definitivo de Trabajo que, si incorpora las cuestiones acordadas este lunes, pasará a los respectivos órganos de dirección de UGT y CCOO para su valoración. Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo se ha mostrado optimista sobre la adscripción de la CEOE y Cepyme al acuerdo. “Mi idea es que la patronal se incorpore, no hay ningún motivo de peso para que se quede fuera”, ha señalado.