Transparencia se rinde y permite al Gobierno mantener el secreto sobre la amnistía fiscal
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha dado por vencido y ha puesto fin a la pugna judicial que libraba desde hace meses con la Agencia Tributaria a cuenta del secreto sobre los beneficiarios de la amnistía fiscal. Gana el Ministerio de Hacienda, que desde el principio se ha negado en redondo a divulgar esos datos.
Transparencia ha optado por no presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una sentencia dictada el pasado 2 de febrero por la Audiencia Nacional y que, como avanzó El Confidencial, rechazó el recurso presentado por el CTBG contra otro fallo judicial favorable a Hacienda. La sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha devenido así firme.
Este organismo público independiente, que está adscrito, “a efectos puramente organizativos”, según su web, al propio Ministerio de Hacienda, ha preferido no llevar el caso al Supremo, según fuentes del CTBG, ante el riesgo de que un nuevo fallo desfavorable en el Alto Tribunal sentase jurisprudencia y perjudicase a otros casos en el futuro.
La Agencia Tributaria ha logrado así bloquear en los juzgados la publicación de los beneficiarios de la amnistía que puso en marcha en 2012 el ministro Cristóbal Montoro. La Audiencia Nacional insistió en el argumento de que no existe un “derecho absoluto” a la Información y que el legislador ya tuvo “su oportunidad” para modificar el “carácter reservado” de los datos de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal en 2015, cuando se modificó la Ley General Tributaria que permitió la publicación de la lista de grandes morosos con Hacienda.
El contencioso tiene su origen en una petición de información pública de El Confidencial que la Agencia Tributaria no atendió y en la que el Consejo de Transparencia se pronunció a favor del solicitante. Hacienda recurrió la resolución del Consejo y el pasado 28 de octubre, la jueza del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid dio la razón a la Agencia Tributaria. Transparencia recurrió esa decisión pero ahora ha preferido no seguir adelante.
El Gobierno logra así mantener bajo llave la identidad de las 30.000 personas y sociedades que se acogieron a la amnistía. Apenas se conoce un ínfimo porcentaje de los beneficiarios. Sólo han trascendido algunos gracias a procesos judiciales y a investigaciones periodísticas como las de Los Papeles de Panamá y Los Papeles de la Castellana.
