Tres días de teletrabajo y autoconsumo “masivo”: el Gobierno aprueba el Plan de ahorro energético en la Administración

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de ahorro energético en la Administración General del Estado (AGE) en respuesta a la guerra en Ucrania. Entre otras medidas, prevé un “despliegue masivo” del autoconsumo fotovoltaico en edificios públicos y un “refuerzo del trabajo a distancia” de los funcionarios donde sea posible, con tres días en remoto y dos presenciales, según el borrador del acuerdo aprobado al que ha tenido acceso elDiario.es

El paquete de medidas diseñado por las ministras de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, estaba previsto en el Plan de Respuesta a la Guerra del 29 de marzo. Su aprobación se ha demorado más de lo esperado. Estará vigente hasta el 30 de septiembre.

“La injustificable guerra de Putin nos ha obligado a todos los gobiernos a reaccionar con diferentes medidas” para “mitigar los efectos económicos de la agresión”, ha señalado Montero. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha subrayado que, pese a la menor exposición a la energía rusa, en España “no estamos a salvo del encarecimiento de los precios”, y se han “priorizado” las medidas “que tienen efectos inmediatos en el corto plazo”.

La titular de Hacienda ha confirmado que, con el fin de reducir el impacto energético producido tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, se “reforzará”, tal y como estaba previsto, el teletrabajo de los empleados públicos. “Con carácter general”, se implantará “tres días cada semana”, debiendo acudir presencialmente dos. Aunque “por razones organizativas debidamente acreditadas”, se podrán implantar tres días presenciales, según el texto.

“El porcentaje mínimo de prestación de los servicios presenciales que habrá de asegurarse en la jornada semanal no podrá ser inferior, en ningún caso, al 40%”, indica el acuerdo. La implantación del trabajo en remoto “será voluntaria”. Para tramitarla, se creará un sistema de gestión de solicitudes que deberá aprobar cada ministerio. Se quedarán fuera los puestos que “conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales” o exijan una supervisión directa. La jornada en remoto “queda supeditada a que se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía”, dice el texto.

Cada ministerio deberá determinar qué puestos pueden ejercerse de forma autónoma, atendiendo a sus características específicas, y si las tareas pueden realizarse “en las mismas condiciones que en la modalidad presencial, accediendo al puesto por medios telemáticos y garantizando la comunicación permanente durante la jornada laboral”.

Ministerios y entidades del sector público estatal “impulsarán medidas que permitan la racionalización del uso de los edificios”. “Se analizarán las medidas necesarias que permitan que los servicios que prestan los empleados y empleadas públicos en régimen de jornada de tarde se concentren en tres días a la semana”. “La optimización y la racionalización de los espacios en los distintos edificios” intentará reducir costes, unificando servicios y agrupando personal. Las medidas no serán de aplicación para “servicios esenciales o de prestación directa a la ciudadanía”.

Autoconsumo

También se prevé un “despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo” en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado y el sector público institucional. “Se procederá a la contratación rápida para los primeros 50 MW de capacidad para su instalación en 2022”, con un plazo de un mes para identificar dónde ubicarlos y activar las licitaciones públicas.

“Cada organismo público identificará las principales ubicaciones que sean más idóneas para la instalación de autoconsumo, debiendo identificar al menos una ubicación”. Se creará un inventario de cubiertas de la AGE y el sector público, “con priorización en función de superficie y consumo energético”, indica el acuerdo.

También hay medidas en materia de contratación pública, priorizando la mejora de la eficiencia energética y el ahorro en los pliegos, e introduciendo mecanismos específicos en la renovación de flotas y vehículos para disminuir el uso de combustibles derivados del petróleo.

Y se recoge un conjunto de medidas orientadas a la racionalización del uso de los edificios públicos, en lo relativo a horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático. Habrá controles de temperatura en los edificios públicos, para que no esté “por debajo de los 27 grados cuando sea necesario refrigerar” ni por encima de los 19 cuando sea necesaria la calefacción.

Se revisarán las potencias contratadas en los edificios y se prevé una “optimización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones consumidoras de energía” y del alumbrado exterior de edificios, infraestructuras, carreteras y túneles de titularidad estatal; además de un seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en oficinas.

También se incluyen medidas para promover el uso del transporte público por parte de los funcionarios o fomentar el uso de la bicicleta, con aparcamientos seguros en edificios públicos. O cursos de formación y actuaciones de comunicación sobre el ahorro energético.

El plan, critica Antonio González, portavoz de UGT en la AGE, se ha diseñado sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales, con una sola reunión en la que no se les entregó “ninguna documentación” y se les facilitó información “muy somera”. “Criticamos que con esta regulación temporal del trabajo a distancia no se ha dado entrada a la negociación colectiva”, dice González, que recuerda que el Gobierno tiene todavía pendiente regular por decreto el trabajo a distancia tal y como se comprometió el entonces ministro del ramo, Miquel Iceta, en abril de 2021.

El borrador subraya que desde 2021, la AGE “está abordando un ejercicio de mejora energética sin precedentes”, movilizando un presupuesto de más de 1.070 millones de euros en el plan de recuperación para actuar sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y movilidad. También está en desarrollo un Plan de reducción de consumo energético en la AGE con medidas hasta 2030, en el marco de la Ley de Cambio Climático. Pero “la situación generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia exige acelerar los esfuerzos y las medidas con impacto más inmediato”.

Estas están en línea con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía, que, recuerda el texto, ha planteado entre otras “actuaciones como el ajuste de termostatos en unos pocos grados para reducir las demandas de calefacción o refrigeración o el impulso de teletrabajo, uso del vehículo compartido o reducción de la velocidad en autopistas”.

A principios de marzo, la Agencia Internacional de la Energía lanzó un plan de respuesta rápida para que los países de Occidente recorten su consumo de hidrocarburos y evitar que la UE siga financiando a Rusia con sus compras de petróleo y gas.

Entre las medidas que proponía estaba reducir los límites de velocidad en carreteras en 10 kilómetros por hora, tres días a la semana de teletrabajo cuando sea posible, hacer los domingos días libres de automóvil privado en las ciudades, reducir los vuelos de negocios, subsidiar el uso del transporte público y electrificado, como el tren, apoyar el uso de vehículos compartidos y desincentivar los usos no esenciales de combustibles fósiles.

La AIE planteó diez medidas inmediatas para reducir el consumo global de petróleo en 2,7 millones de barriles al día en cuatro meses. Las relacionadas con cambios y restricciones en el uso del automóvil supondrían un ahorro de más de 2 millones de barriles. Las vinculadas al impulso del teletrabajo y la limitación de viajes de negocios permitirían rebajar en alrededor de 700.000 barriles el consumo, según la la Agencia de la Energía.

Este lunes, en una entrevista en Bloomberg, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, advertía de que este verano “va a ser difícil” ante el aumento de la demanda de petróleo y alertaba del riesgo de que la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania derive en una recesión global. El plan se va a aprobar unos días después de que la Comisión Europea propusiera la semana pasada racionar el gas y fijar el precio de esta materia prima si Vladímir Putin corta el grifo mientras acelera el desenganche de Rusia.