La Unión Europea se prepara ante una nueva guerra comercial con Estados Unidos, esta vez a causa de los más de 400.000 millones de ayudas a la producción nacional canalizadas a través de la reciente Ley de Reducción de la Inflación impulsada por el Gobierno de Joe Biden. Esta ley de Biden es un colosal paquete de inversiones que, además, impulsa la transición hacia las energías verdes, con lo que afecta al sector del automóvil europeo, muy importante en países como Alemania y Francia.
La Comisión Europea cree que los planes de Biden para impulsar el vehículo eléctrico, con créditos de impuestos a los compradores de ese tipo de automóviles, discriminan a los productores extranjeros. En concreto, según un documento desvelado por la agencia Efe, a Bruselas le alarman nueve disposiciones de crédito fiscal, entre ellas para el combustible de aviación sostenible, la producción de hidrógeno limpio, la producción manufacturera avanzada o los vehículos impulsados por energía limpia. También le preocupan los incentivos a la producción e inversiones en electricidad limpia o en combustibles limpios y a las extensiones y modificaciones de electricidad procedente de ciertas fuentes renovables.
Este lunes y martes se han reunido los ministros de finanzas europeos, en el Eurogrupo y Ecofin, después de la primera reunión de alto nivel entre los negociadores de la UE y EEUU, la semana pasada, que terminó sin avances. Y los análisis de todos los responsables comunitarios es tajante: la ley promovida por Washington es “inaceptable”.
El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, ha señalado: “Con respecto a la Ley de Reducción de la Inflación, hay preocupaciones. Lo discutimos bastante extensamente en un consejo de ministros de Comercio la semana pasada en Praga, donde participó la representante comercial de EEUU, Katherine Tai. Hemos establecido un grupo de trabajo, que se reunió por primera vez la semana pasada, por lo que nos estamos concentrando en encontrar una solución negociada”.
En estas reuniones entre la UE y EEUU participarán el jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Bjoern Seibert; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan; el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, y el asesor principal para la Innovación y la Implementación de la Energía Limpia, John Podesta.
“La UE, como aliado de Estados Unidos, tendría que estar en esta situación similar a la de México y Canadá”, ha insistido este martes Dombrovskis, “y esto es exactamente lo que pretende hacer esta task force, este grupo de trabajo especial que creamos hace un mes para ver cuáles son las preocupaciones de la Unión Europea y cómo se pueden atender y resolver. Estamos hablando con Estados Unidos sobre este tema y tenemos que encontrar una solución negociada”.
El responsable de Finanzas francés, Bruno Le Maire, señaló “la gran preocupación con respecto a las decisiones estadounidenses, con ayudas masivas que pueden conducir a distorsiones de la competencia. Estas distorsiones de la competencia, repito, son una gran preocupación para Francia y esperamos que la Comisión Europea presente propuestas firmes para responder a esta política estadounidense. No queremos ver ningún tipo de decisión que pueda truncar este campo de juego equitativo, y el hecho de que exista la posibilidad de que el Gobierno de EEUU conceda tantas subvenciones a las empresas que están en suelo estadounidense es algo que podría amenazar esta igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las estadounidenses. Esto es un motivo de preocupación para el gobierno francés”.
En este sentido, el ministro alemán, Christian Lindner, apuntaba un discurso en la misma línea: “El Gobierno alemán está preocupado por que las empresas e industrias europeas también puedan verse afectadas negativamente por las decisiones de Estados Unidos. Tenemos un gran interés en una asociación transatlántica y en el comercio común. EEUU y la UE somos socios, deberíamos comerciar entre nosotros, y quizás incluso deberíamos ser socios comerciales preferentes. Por eso nos preocupa el impacto que la Ley de Reducción de la Inflación pueda tener en Europa. No estoy seguro de que la parte estadounidense se haya dado cuenta plenamente de cuán grandes son nuestras preocupaciones sobre las consecuencias de su ley. En aras del interés común, no debemos entrar en un ojo por ojo. Eso solo produce perdedores. Tenemos que asegurarnos de que no haya un conflicto comercial, que solo produciría perdedores. Quizás ahora sea el momento adecuado para volver a darle la mano a Estados Unidos en materia de política comercial, después de que en su momento fracasaran las negociaciones del TTIP”.
“Nadie quiere iniciar una guerra comercial con Estados Unidos”, ha dicho el ministro checo de Economía, ZbynÄ›k Stanjura, presidente de turno del Consejo de la UE, tras la reunión del Ecofin este martes en Bruselas: “Pero hay que mantener una situación de igualdad en el comercio internacional. Esperamos que las próximas negociaciones entre la Comisión Europea y EEUU nos lleven a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes”.
Jozef Síkela, ministro de Comercio de República Checa, afirmó tras la reunión del ramo del pasado 31 de octubre: “Seré franco: en la forma en que fue presentado, para la UE es inaceptable. Esperamos recibir el mismo estatus que Canadá y México. Es extremadamente proteccionista y tenemos que aclararlo. EEUU es el principal destino de nuestras exportaciones, y por eso la cooperación transatlántica mutua tiene una importancia económica y geoestratégica extraordinaria”.
¿El fin de la paz?
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca supuso el fin automático de las grandes tensiones entre EEUU y la UE, que se acentuaron con la Administración estadounidense de Donald Trump. Además de la vuelta al multilateralismo, al marco de Naciones Unidas y a la consideración de Europa como un aliado, Washington y Bruselas fueron sellando la paz en varios frentes comerciales abiertos.
Así, en el verano de 2021, se terminó el conflicto abierto por Boeing y Airbus en 2004 y que llevó a una guerra de aranceles que superaban los 10.000 millones de euros. Al mismo tiempo, se recondujeron las disputas en torno al acero y el aluminio.