La UE se resiste a romper definitivamente el tabú de los eurobonos pese a la guerra

La esencia de los tabús es que son difíciles de romper. Y el de emitir deuda conjunta era un tabú arraigado entre los países de la Unión Europea (UE) que solo se superó como respuesta a la pandemia de coronavirus. La Comisión Europea coloca bonos desde junio de 2020 para financiar los fondos de recuperación, el Sure primero y Next Generation EU después. En los últimos días, ante el impacto económico de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, se habría puesto sobre la mesa otra “emisión masiva” de deuda conjunta para defensa y energía, según publicó Bloomberg. De momento, el Ejecutivo comunitario ha preferido desmentirlo.

Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, aseguró este mismo martes que no existen “tales planes”. En cambio, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, reconoció que hay que “encontrar nuevas herramientas ante las cuestiones que plantea esta crisis, especialmente en defensa e independencia energética”. También explicó que hay poco margen para reorientar el fondo de recuperación pospandemia para responder a la guerra en Ucrania.

La colocación de deuda conjunta por parte de la UE sirve para mutualizar el riesgo de impago –muy distinto si se compara a Alemania, considerado el emisor más fiable de la eurozona, con por ejemplo Grecia–; para garantizar la sostenibilidad y aliviar la carga de intereses –la factura que se paga cada año por la deuda– de los países más sobreendeudados, como lo está España –actualmente afronta solo cerca de un pago anual del 2% respecto al PIB pese a que la deuda se acerca al 120% gracias al coste en mínimos (ver gráficos)–; y, en último término, para facilitar la tarea del Banco Central Europeo (BCE), que está en la encrucijada de responder a la escalada de la inflación sin que un endurecimiento de las condiciones de financiación ahogue el crecimiento económico, amenazado ya por la guerra en Ucrania.

La política monetaria expansiva del propio BCE viene cumpliendo indirectamente estos objetivos desde 2012, que las economías más fuertes de la eurozona negaron hasta poner en peligro la existencia de la UE durante la Gran Crisis Financiera de 2008 y sobre todo en la crisis de deuda de los años posteriores. Y el shock de la pandemia rompió el tabú de financiarse en conjunto: lo que parecía imposible ocurre de forma natural ahora, pero no resulta fácil superarlo por segunda vez.

Eurobonos por un 5% del PIB de la UE

La Comisión Europea viene colocando bonos desde junio de 2020 para las ayudas contra el desempleo Sure –la herramienta que ha facilitado a España subvencionar los ERTE (expedientes de regulación temporal del empleo) y contener la tasa de paro tras el shock de la pandemia–. Para este programa hay establecido un límite de 100.000 millones de euros de deuda. Otros 800.000 millones se emitirán para el fondo de reconstrucción. En total, 900.000 millones de deuda europea, cerca del 5% del PIB de la UE.

“Para financiar el Next Generation EU, la Comisión Europea –en nombre de la Unión Europea– obtendrá préstamos en los mercados a costes más favorables que muchos Estados miembros y redistribuirá los importes”, explica la propia UE. Un objetivo que, de momento y vista la acogida en el mercado de estos eurobonos, parece cumplido, y con proyección.

“Ahora la crisis de Ucrania es un nuevo desafío, y para hacer frente a las consecuencias de esta crisis, los gobiernos de los países de la zona del euro se verán obligados a aumentar de nuevo con fuerza su deuda pública, partiendo de niveles ya muy elevados”, lamenta Eric Dor, director de estudios económicos del IESEG School of Management, quien considera que, “por lo tanto, está claro que los países sobreendeudados necesitan una continuación del apoyo del BCE y/o una mutualización adicional de la deuda”.

“Si queremos que los países sobreendeudados aumenten su gasto en defensa, por ejemplo, es absolutamente necesario brindarles algún apoyo, bajo la forma de monetización de la deuda o mutualización, o una combinación de ambas”, propone este economista francés.

Por su parte, el economista José Moisés Martín ve difícil que la solución pase por nueva deuda conjunta, “con mucho del Next Generation todavía sin programar”. Su apuesta es que “se redirigirán recursos de los fondos de recuperación con alguna emisión limitada, sobre todo para países del este”.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cifró este miércoles en el Congreso entre “10.000 y 12.000 millones” de euros el impacto fiscal de todas las medidas tomadas para amortiguar el impacto de la subida de precios energéticos en empresas y reconoció que, no obstante, “no es suficiente” y por ello se ha pedido a la Comisión una respuesta “decidida” para reforzarlas. 

Desde el Ejecutivo comunitario ya se ha propuesto como primer paso que los estados intervengan en el mercado eléctrico para controlar los precios, fijados por un sistema bajo el que se acaba pagando el megavatio más caro de todos los generados, ahora el que se consigue con un gas disparado.

Una reunión clave del BCE este jueves

Las actas de la última reunión del BCE, que se celebró antes de la invasión, muestran que algunos miembros de su consejo de gobierno ya estaban a favor de una “normalización prudente” de las extraordinarias medidas adoptadas en la primavera de 2020 para evitar que la pandemia de coronavirus se convirtiera en una crisis financiera y de liquidez similar a la de 2008.

El BCE se reunirá de nuevo este jueves 10 de marzo, y se espera que vuelva a cerrar la puerta a una subida de los tipos de interés oficiales este año, incluso que valore nuevas medidas expansivas ante el final previsto del programa de emergencia de compras de deuda a partir de abril, pese al pico de inflación como consecuencia del impacto en la energía y las materias primas de la guerra en Ucrania y como respuesta al riesgo de estanflación –incremento de los precios sin crecimiento económico–.

Antes de la guerra en Ucrania, el BCE ya se dejó margen para aumentar su presencia en el mercado si considerara necesario contener un incremento de los costes de financiación, especialmente críticos para economías sobreendudadas como la de España, y aumentó el programa ordinario de adquisición de bonos de los 20.000 a los 40.000 millones al mes a partir de abril, hasta octubre.

De momento, España sigue disfrutando de unas condiciones de financiación inmejorables. Por primera vez, los acreedores acabaron pagando de media por la deuda emitida en 2021. Y en 2022, hasta febrero, el coste de los bonos colocados se queda en el 0,43%, por debajo del coste medio de toda la deuda en circulación, que está en el mínimo histórico del 1,55% y que por lo tanto se seguirá reduciendo.

En su último Observatorio de Deuda, la Airef reconocía que “los bajos tipos de emisión han permitido reducir y estabilizar la carga financiera a pesar de haberse incrementado notablemente el endeudamiento”, que estima que se reducirá hasta el 113% en 2023, desde el 118,7% de 2021.

En cuanto a la sostenibilidad, la AIReF señaló que “la invasión de Ucrania eleva el riesgo de un escenario de estanflación en la Unión Europea, donde la elevada inflación podría tornarse más persistente, desatando espirales alcistas y efectos de segunda ronda que complicarían el proceso de normalización de la política monetaria”. Por otra parte, considera que “un repunte de los tipos de interés de la deuda soberana tendría un impacto limitado en el gasto en intereses debido a la elevada vida media de la cartera en el corto plazo”.