Yolanda Díaz, sobre los ERE en Vodafone y Ford: “Una empresa que tiene beneficios no puede presentar un despido colectivo”

“No es comprensible”. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo se ha mostrado este jueves tajante sobre los expedientes de regulación de empleo y los despidos colectivos anunciados por Ford Almussafes y el fondo Zegona para Vodafone. En una entrevista en TVE, Yolanda Díaz ha defendido que su “posición” es que “una empresa que tiene beneficios extraordinarios no puede presentar un despido colectivo”.

La titular de trabajo ha recordado que “no es competencia del ministerio” abordar el ERE de la factoría de Almussafes porque “está localizada en la Comunitat Valenciana”. “Es competencia absoluta de la Generalitat, es decir, del PP, que tiene competencias exclusivas en materia industrial”, ha insistido antes de reclamar a los populares valencianos que “actúen” y a comprometerse a “contribuir con un marco legislativo”. Preguntada directamente por si trabajará para desvincular por ley los beneficios de los ERE, Díaz ha insistido en la misma idea: “Una empresa que tiene beneficios no puede presentar un despido colectivo, no es comprensible”.

La fábrica de Ford en Almussafes ha reducido su plantilla en un 46% desde 2022, pese a recibir 19,5 millones de euros en ayudas de la Generalitat Valenciana. Con la nueva reestructuración, la empresa pretende dejar en la calle a 1.622 personas trabajadoras más. “Somos de los pocos países en Europa que no tiene reguladas las deslocalizaciones o aspectos como este, que una empresa que tiene enormes beneficios pueda permitirse plantear un despido colectivo”, ha recalcado Díaz. A cierre de 2023, la compañía presentó unos beneficios netos globales de más de 4.000 millones de euros.

El grupo parlamentario de Sumar ya presentó a mediados de mayo en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para garantizar los derechos de los empleados y las empleadas en los procesos de deslocalización. La plataforma considera que “tiene como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos” mientras tienen condiciones más ventajosas para las empresas, en cuanto a indemnizaciones a los y las trabajadoras.

Ese registro coincidió con el ERE anunciado por la compañía Saint Gobain para sacar la produción de la planta de Sekurit, en Avilés, fuera de la Unión Europea. “Estamos ante una grandísima multinacional que tiene importantísimos beneficios y que, sencillamente, ha decidido llevarse una parte de la unidad de producción a Marruecos y también a Rumanía. No lo compartimos en absoluto”, dijo entonces la ministra.

En esta legislatura, el ministerio ya ha mostrado su intención de trabajar sobre el despido en España. En algunos casos, apurado por Europa, que se ha pronunciado contra los límites de la indemnización por despido. En otros, abriendo la puerta a modificaciones del Estatuto de los Trabajadores en esta línea. En abril, la propia Díaz abrió la puerta a eliminar el despido objetivo cuando una empresa reduce beneficios. “Se puede despedir, sencillamente, si una empresa no alcanza los niveles de beneficio que tenía previstos. No si tiene pérdidas, simplemente si no alcanza los niveles de beneficios que tenía previstos”, explicó la vicepresidenta en una comparecencia en el Senado en la que afirmó que “algunas cosas tendremos que cambiar” a este respecto.

En el caso de Vodafone España, la filial adquirida por el fondo de inversión británico Zegona, el despido colectivo afectará “potencialmente” a un máximo de 1.198 empleados, en torno a un tercio de la plantilla. La compañía ha alegado, precisamente, esa causa sobre la que Díaz afirmó hace dos meses que habría que cambiar “algunas cosas”: sus ingresos han disminuido un 8%.