España puede presumir de haber creado un sistema de emprendimiento colectivo propio y pionero en el mundo, basado en los principios de la economía social, en el que las personas trabajadoras son dueñas de sus empresas. Este modelo jurídico se denomina sociedad laboral y debe cumplir una serie de requisitos legales, entre los que se encuentran que la mayoría del capital social pertenezca a los empleados y empleadas con contrato indefinido y que no representen más de la tercera parte del total. Se diferencian de las cooperativas —fórmula que equilibra el poder tomando como referencia a las personas—, en que el peso de las decisiones descansa en el valor de las acciones que poseen los socios. Y, pese a que existen otros matices y algunas excepciones en la normativa, en términos generales, esta solución legal permite a los profesionales crear y gestionar sus propias empresas y, además, hacerlo en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Nuestro país aprobó hace más de una década la Ley 5/2011 de Economía Social, la primera de sus características en el seno de la Unión Europea, aunque el concepto de sociedad laboral se puede rastrear varios años atrás. Concretamente, esta figura se ha ido moldeando desde 1986 hasta adoptar su actual forma con la publicación de una ley propia en 2015. En estos momentos, según los datos que maneja Asalma (Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid), la economía social cuenta en nuestro país con más de 43.000 entidades que representan un 10% del producto interior bruto (PIB) y generan 2.200.000 empleos directos e indirectos. Gran parte de estos datos se corresponden con la actividad desarrollada por las sociedades laborales, ya que España cuenta con 8.500 en todo su territorio, que dan empleo a cerca de 60.000 personas, tal y como especifica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Pese a los números positivos, el Gobierno de España ya trabaja en el Anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social y ha impulsado en paralelo la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027, alineada con el Plan de Acción Europeo por la Economía Social. El anteproyecto fue aprobado por el consejo de ministros el pasado mes de abril y podría estimular las cifras de la economía social hasta alcanzar los 400.000 nuevos puestos de trabajo y el 12% del PIB: “Este avance no es solo positivo para el sector, sino para el conjunto de la sociedad. La economía social es sinónimo de estabilidad y valores democráticos”, subrayó en aquel momento Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.
Respecto a la revisión de la normativa, desde Laborpar (Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de España), principal organización representante de los intereses de las empresas constituidas como sociedades laborales en España, se reclama “una modificación que nos ayude a ser más competitivos, ya que somos empresas pegadas a los ODS y este modelo debe ser apoyado en lo jurídico, pero también con incentivos fiscales concretos”, tal y como aseguró su presidenta Jone Nolte, en el acto de entrega de la 33ª edición de los Premios Txemi Cantera. Nolte, quien también es directora de Asle (Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi), entidad encargada de organizar el certamen, concretó que “las sociedades laborales trabajamos por una sociedad más cohesionada y por esta razón necesitamos un empujón traducido en medidas aterrizadas”.
En una línea similar, Julián Menéndez, gerente de Asalma, precisó en el mismo evento que “dado que las sociedades laborales llevan en su ADN colocar a las personas en el centro, se constituyen como actores clave en el cumplimiento de, al menos, 14 de los 17 ODS”. Asimismo, enfatizó que “este modelo tiene una extraordinaria capacidad de crecimiento económico con un impacto social respetuoso, lo que nos lleva a desarrollar proyectos empresariales que reducen especialmente las desigualdades”. Con él coincidió Miguel González Lastra, gerente de Asata, patronal de la economía social asturiana, quien apuntó que “en este sistema la empresa es propiedad de los trabajadores y no de un fondo de inversión externo o de un capitalista que simplemente recoge rentas del trabajo de otras personas”. En su opinión, “esto hace que la compañía se rija por unos valores que ahora llamamos ODS, pero que siempre han acompañado a las sociedades laborales y que son la base para crear organizaciones mercantiles más humanas, con alma, donde los empleados y el entorno desempeñen un papel más importante que el capital”.
Este rol del trabajador está resultando fundamental para garantizar la paz social en aquellos entornos en los que se pone en práctica. Sobre esta cuestión, desde Laborpar enfatizaron que las sociedades laborales “son una fórmula moderna, flexible y competitiva, capaz de dar a las personas la posibilidad de crear y gestionar sus propias empresas desde la gestión autónoma y transparente, democrática y participativa”. Tanto es así que “con este modelo creado en España y del que debemos sentirnos orgullosos, le damos potencial a los trabajadores y trabajadoras para que puedan decidir y aportar sus iniciativas en las empresas”, explicó en su intervención durante la jornada Francesc Abad, gerente de Amusal (Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de Murcia). Bajo su perspectiva “estamos hablando de un modelo basado en la participación de las personas en las compañías y creo que esto afecta directamente a varios ODS”, remató el experto.
Con el objetivo de que el grueso de la población conozca la labor desempeñada por las sociedades laborales, desde Laborpar detallan que los elementos fundamentales que guían su actividad son “la promoción de la solidaridad interna, con una sociedad que favorezca el compromiso del desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad”.