Aprobado definitivamente el decreto que obliga a alejar de los colegios las casas de apuestas

El Parlamento regional ha convalidado por unanimidad el decreto ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Juego Responsable en Extremadura, que regula por primer vez en España la distancia mínima que debe existir entre los distintos locales de juego, y entre éstos y los centros educativos.

El decreto ley, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 5 de febrero, cumple con un primer mandato de la Asamblea de Extremadura que aprobó en octubre por unanimidad una propuesta de Podemos, enmendada por el PP, por la que se instaba a la Junta a promover cambios normativos que adecuaran a la realidad actual la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de 1998.

La nueva normativa recoge como principales novedades que no podrá abrirse ningún local de juego nuevo a una distancia menor de 300 metros de cualquier centro educativo de la región, y que deben de mantener entre ellos una distancia mínima de 250 metros, para evitar la concentración de establecimientos.

Sin embargo en el último debate parlamentario de esta ley este jueves tanto Podemos como PP, al igual que ya han señalado las asociaciones de jugadores en rehabilitación, creen el decreto ley llega tarde, pues no puede tener carácter retroactivo –ninguna ley puede tenerlo- con respecto a estas distancias y por tanto no afectará en eso a los 114 establecimientos que ya existen en 38 localidades extremeñas.

La vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, ha señalado que es fruto de la alarma social generada por la proliferación de las casas de apuestas en los últimos años y que venía denunciando el presidente Fernández Vara, lo que hacía necesario “reforzar la intervención de las administraciones para salvaguardar la defensa de los consumidores y la protección de los menores y de las personas más vulnerables”.

Así, prohíbe el acceso al juego a los menores de edad y a las personas que voluntariamente se inscriben en el Registro de Limitaciones de Acceso para luchar contra su ludopatía, integrado por unas 1.400 personas en la región.

El decreto ley establece infracciones muy graves o graves por la falta de control en acceso a los locales, con multas que pueden ir de los 6.000 a los 600.000 euros y que se emplearán en trabajos de prevención y en la rehabilitación de personas afectadas por la ludopatía.

Como novedad y a petición de los alcaldes y de la Federación de Municipios y Provincias de Extremdura (FEMPEX), se incorpora a la policía local en las tareas de control e inspección del juego con reconocimiento expreso en esta ley.

El diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha estado a favor de convalidar el decreto pero pedía su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, para subsanar algunas “deficiencias jurídicas” que contiene el texto, como la referida a la autorización autonómica de los equipos o terminales de juego, lo que, a su juicio, choca con la legislación estatal y puede generar perjuicios a organizaciones como la ONCE, lo que ha sido rechazado por el resto de los grupos de la Cámara.

También en Cáceres

Por otro lado el pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado también este jueves por unanimidad una moción para regular la publicidad de las casas de apuestas, así como establecer mecanismos de control de las licencias que se conceden a estos espacios.

En ella se insta a redactar una ordenanza específica sobre locales de apuestas, que se vigile el estricto cumplimiento de la publicidad exterior y se controle de forma exhaustiva los permisos y licencias de apertura.

En la futura ordenanza también se deberá establecer la realización de campañas de concienciación dirigidas a los más jóvenes sobre el riesgo de la ludopatía, así como campañas de información y colaboración con las organizaciones de jugadores de azar en rehabilitación.

Asimismo, se propone realizar planes específicos dirigidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para la Policía Local relacionados por las labores de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa en vigor.

El portavoz del Gobierno local y edil de Seguridad, Rafael Mateos, ha explicado que se están supervisando todas las concedidas para comprobar si el espacio que se ha instalado es acorde al permiso urbanístico, un trabajo que está desarrollando la Policía Local con técnicos de urbanismo “y que nada tiene que ver con la actividad que se desarrolla dentro de los locales”.