Cárcel contra los sindicalistas

Ana y Tamara han sido condenadas a tres años y un día de cárcel. Ana está embarazada de tres meses y puede que su hijo tenga que nacer en prisión. ¿Su delito? Formar parte de un piquete de medio centenar de personas donde alguien -no está probado que fuesen ellas- lanzó pintura a una piscina durante una huelga en el 2010. En primera instancia, las dos mujeres fueron condenadas a una multa y seis meses de cárcel. Como no tienen antecedentes, no habrían entrado en prisión, pero la Fiscalía recurrió y pidió la pena máxima por un «delito contra los derechos de los trabajadores»: tres años y un día. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado a la Fiscalía la razón.

Ana y Tamara no están solas, y no hablo de las miles de personas que están reclamando su indulto al Gobierno. En España, año 2014, hay más de 40 procesos penales abiertos contra sindicalistas por hechos ocurridos durante las últimas huelgas generales. En total, las penas solicitadas por la Fiscalía contra estos piquetes suman 140 años de cárcel.

Hay que remontarse al proceso 1001, cuando el franquismo agónico juzgó a la dirección de Comisiones Obreras, para encontrar un momento en la historia de España en el que más sindicalistas se jugasen la entrada en prisión. Aquellas condenas del Tribunal de Orden Público en 1973 fueron muy duras, pero poco después el Tribunal Supremo de la dictadura las rebajó: seis años de cárcel para Marcelino Camacho; cinco para Nicolás Sartorius. Hoy la Fiscalía pide ocho años contra los sindicalistas de Airbus que participaron en un piquete durante una huelga general.

No hay precedentes en democracia de una persecución así y es estúpido pensar que tal vez se deba a que los piquetes se han vuelto más violentos. No hay protestas hoy de una crudeza comparable a la que se vivió con la reconversión industrial de los 80, con el cierre de los astilleros o con los conflictos del carbón.

Los sindicatos creen que este endurecimiento de la Fiscalía contra los piquetes responde a una estrategia superior. Su sospecha no parece alocada. Llega al mismo tiempo que la reforma de la ley de seguridad ciudadana con la que el Gobierno quiere recortar el derecho a la manifestación.

En este mundo al revés, los sindicalistas son condenados a cárcel por violar “los derechos de los trabajadores”. ¿Y los empresarios? Es raro de ver. En mayo del 2009, el dueño de una panificadora abandonó cerca de un hospital a un trabajador sin contrato y sin papeles que había perdido un brazo en una máquina de amasar; el patrón escondió el brazo en la basura para borrar pruebas, por lo que no se pudo reimplantar. La sentencia acaba de llegar: un año y un día por contratación ilegal y otros 11 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores -más 130.242 euros de indemnización, que pagó el seguro-. En total, menos de dos años, por lo que los dos dueños de la panificadora no entrarán en prisión. Al parecer, lanzar pintura en una piscina es un delito de una gravedad mayor que tirar a la basura el brazo de un trabajador.

Publicado ayer en El Periódico

Ana y Tamara han sido condenadas a tres años y un día de cárcel. Ana está embarazada de tres meses y puede que su hijo tenga que nacer en prisión. ¿Su delito? Formar parte de un piquete de medio centenar de personas donde alguien -no está probado que fuesen ellas- lanzó pintura a una piscina durante una huelga en el 2010. En primera instancia, las dos mujeres fueron condenadas a una multa y seis meses de cárcel. Como no tienen antecedentes, no habrían entrado en prisión, pero la Fiscalía recurrió y pidió la pena máxima por un «delito contra los derechos de los trabajadores»: tres años y un día. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado a la Fiscalía la razón.

Ana y Tamara no están solas, y no hablo de las miles de personas que están reclamando su indulto al Gobierno. En España, año 2014, hay más de 40 procesos penales abiertos contra sindicalistas por hechos ocurridos durante las últimas huelgas generales. En total, las penas solicitadas por la Fiscalía contra estos piquetes suman 140 años de cárcel.