Condena histórica al socialismo andaluz

La sentencia de los ERE es una condena histórica: a los líderes de toda una generación de políticos del PSOE que lo fueron todo en Andalucía y en el partido. Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y el resto de los principales condenados gobernaron la Junta durante un cuarto de siglo. Acaban inhabilitados o en la cárcel.

Lo ocurrido en Andalucía con este fraude millonario es gravísimo. Entre el año 2000 y 2010, la Junta creó un mecanismo opaco para saltarse la ley y repartir el dinero público de forma arbitraria. La burocracia molestaba, así que inventaron un procedimiento donde la intervención dejara de poner palos en las ruedas. Un protocolo ilegal que se saltaba todos los controles.

La mayor prueba de que ese mecanismo era perverso es cómo actuó el principal corrupto de esta historia: Javier Guerrero, el exdirector de Empleo que gestionaba ese “fondo de reptiles”. Es quien ha recibido la condena más alta –ocho años de cárcel– y esto es solo el principio, porque está imputado también en otros juicios pendientes de la misma trama corrupta y ya acumula otra pena de cinco años por una sentencia previa.

Parte del dinero, presuntamente, se fue por la nariz de Guerrero: en forma de cocaína. El exdirector de Empleo pudo robar y –entre otras muchas trapacerías– regalar casi un millón de euros de dinero público a su chófer porque otros, los políticos, le dieron las herramientas para hacerlo. Y porque miraron para otro lado cuando saltaron las primeras alarmas.

La sentencia condena a toda la cúpula del socialismo andaluz de las últimas décadas por prevaricación. Es decir, porque tomaron una decisión ilegal a sabiendas de que lo era, al cambiar el sistema de reparto de estas ayudas incumpliendo las leyes. A muchos de ellos –los sentenciados a cárcel– también por malversación. Es decir, porque sus actos provocaron un enorme desfalco para el erario público. En total, este sistema ilegal de ayudas movió 680 millones de euros, según los hechos probados.

Esos fondos deberían haber servido para ayudar a los parados y favorecer el empleo, en una de las autonomías con más paro de España. Gran parte se fue por el desagüe. Las aseguradoras se llevaron 66 millones en sobreprecios. Y otros 12 millones se gastaron en indemnizar a más de un centenar de intrusos por despidos en empresas en las que nunca trabajaron. Entre otros enchufados, estaba la suegra de Guerrero. Pagaban todos los andaluces.

Ambos delitos –prevaricar y malversar– son muy graves. Más aún cuando hablamos de cifras tan elevadas. Por eso tienen condenas tan severas. Pero conviene conocer de qué se trata para quienes pretenden equiparar esta sentencia con la corrupción de la Gürtel. Es igualmente grave, pero los delitos son muy distintos.

Ni Manuel Chaves, ni José Antonio Griñán ni Gaspar Zarrías ni Magdalena Álvarez ni los principales políticos condenados se enriquecieron con esta trama corrupta. El dinero tampoco sirvió para financiar al PSOE, tal y como acredita la sentencia. Son matices importantes, que no pueden servir para disculpar lo ocurrido en Andalucía, pero que conviene resaltar, ahora que el PP pretende lavar con los ERE ese “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” que la sentencia de la Gürtel acredita.

Resulta sonrojante escuchar al secretario general del PP, Teodoro García Egea, decir que el caso de los ERE es “el mayor caso de corrupción de Europa” desde la misma sala de prensa cuyas obras de reforma el PP pagó con dinero negro. O cuando intenta responsabilizar de este caso de corrupción a Pedro Sánchez, un político que en esos años era un simple concejal en Madrid y que, ya como secretario general del PSOE, se negó a pagar a los abogados de Chaves y Griñán y los hizo dimitir de sus cargos públicos.

La sentencia de los ERE cierra una época en Andalucía y vacuna para el futuro. Recuerda el nivel de lo intolerable y de la corrupción: no es solo robar, sino también permitir que otros lo hagan. Obliga a las administraciones a que sean más estrictas en la gestión del dinero de todos y pone el foco sobre una responsabilidad mayor de los políticos: ‘in vigilando’.

Este caso de corrupción pasó en Andalucía por una razón: porque un gobierno que se perpetúa durante décadas acaba cayendo en el abuso de poder. Porque este fondo de reptiles tenía un objetivo político: una red clientelar, basada en el control arbitrario del dinero de todos, dentro de una autonomía que aún depende enormemente del sector público. Una red clientelar que también servía para ganar elecciones.

Tal vez entre los muchos políticos condenados hubo quien lo hizo sin ser muy consciente, sin darse cuenta de las posibles consecuencias, sin saber de la corrupción de Guerrero, sin mala intención. No es un eximente.

La sentencia de los ERE es una condena histórica: a los líderes de toda una generación de políticos del PSOE que lo fueron todo en Andalucía y en el partido. Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y el resto de los principales condenados gobernaron la Junta durante un cuarto de siglo. Acaban inhabilitados o en la cárcel.

Lo ocurrido en Andalucía con este fraude millonario es gravísimo. Entre el año 2000 y 2010, la Junta creó un mecanismo opaco para saltarse la ley y repartir el dinero público de forma arbitraria. La burocracia molestaba, así que inventaron un procedimiento donde la intervención dejara de poner palos en las ruedas. Un protocolo ilegal que se saltaba todos los controles.