La conspiración de la derecha contra el Gobierno se extiende al Tribunal Constitucional

El enorme deterioro institucional que está provocando el Partido Popular es una mancha negra que todo lo enfanga, que todo lo pudre y que no para de avanzar. El primer partido de la oposición se ha convertido en una organización antisistema, que incumple el mandato de las urnas, que incumple el mandato de la ley y que cuenta para ello con la colaboración de quienes se supone que son garantes de esos derechos: de buena parte de la cúpula judicial. Unos juristas y magistrados que están retorciendo la legalidad al servicio de un único objetivo: que la derecha mantenga en los órganos constitucionales unas mayorías que hace mucho tiempo que perdieron en las elecciones.

Es así de simple: no aceptan la soberanía popular ni la legitimidad del Gobierno. Es así de grave: un golpe blando contra los cimientos de la democracia. Y es también impune, por lo complejo que resulta de explicar y porque no existen los mecanismos legales para exigir responsabilidades. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este domingo cuatro años con el mandato caducado. Se dice pronto: el PP lleva cuatro años incumpliendo la Constitución. Pero ya no es solo eso. Ahora la derecha está extendiendo esa misma técnica –impedir la renovación a través del bloqueo– a otro órgano constitucional importantísimo: el Tribunal Constitucional. 

Al igual que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional (TC) también emana del pueblo, sus mayorías hacia un lado o al otro también dependen del resultado de las elecciones y también tiene el mandato caducado. Y ambos no se renuevan en tiempo y forma por la misma razón: porque de ocurrir tal cosa, el PP perdería el poder que aún mantiene allí, y que viene de los tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

Cada tres años, se renuevan cuatro magistrados del Constitucional. Y cada nueve años cambian las mayorías hacia la izquierda o la derecha, en función de quién gobierne en ese momento. Tanto el Senado, como el Congreso como el CGPJ nombran el mismo número de magistrados progresistas que conservadores en el Tribunal Constitucional. Siempre ha sido así. Quien desempata es el Gobierno. Que cada nueve años, dependiendo de quién esté en La Moncloa, inclina la balanza hacia un lado o el otro.

Es un equilibrio buscado, no un defecto de la arquitectura constitucional. La Justicia emana del pueblo, y por eso los órganos que emanan de la soberanía popular son quienes escogen a los magistrados que después interpretan la Constitución, por medio de mayorías cualificadas y con un sistema de contrapesos. Es un modelo muy similar al que aplican todas las democracias constitucionales, que siempre tienen un tribunal de garantías cuya composición, en última instancia, responde a la soberanía popular.

El 13 de junio de 2013, con Mariano Rajoy como presidente, el Tribunal Constitucional dejó de tener una mayoría progresista para cambiar a otra conservadora. Era lo que tocaba y no hubo polémica al respecto porque estas cosas solo son polémicas cuando es la derecha quien pierde el poder.

El 13 de junio de 2013, el Gobierno del PP nombró a dos magistrados de su máxima confianza para el Tribunal Constitucional. A Enrique López, hoy consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso. Y a Pedro González Trevijano, el jurista que hoy es el presidente de esta institución.

Trevijano es catedrático en Derecho Constitucional y antes fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Formó parte de la comisión de expertos que creó el Gobierno de Zapatero sobre qué hacer con el Valle de los Caídos –hoy Valle de Cuelgamuros–, donde firmó un voto particular contrario al traslado de los restos de Franco para no “dividir y radicalizar a la opinión pública”. Hoy preside el Tribunal Constitucional estando en funciones, su mandato caducó hace casi seis meses. Y hasta su mesa ha llegado un asunto donde todos los intereses de la derecha conspiran para evitar lo que debería ser lo más normal en democracia: que las urnas te ponen y las urnas te quitan.

La técnica para el bloqueo la he explicado ya en varios artículos anteriores. La Constitución dice que el TC se renueva por tercios. Ahora toca un tercio (cuatro magistrados) que está partido por la mitad: dos los nombra el CGPJ y otros dos los nombra el Gobierno.

¿El truco de la derecha para bloquear? Que la mayoría conservadora en el CGPJ se niega a nombrar y, normalmente, este tercio –dos del Gobierno, dos del CGPJ– van a la vez. Sus tácticas dilatorias son evidentes. Y cada día inventan una excusa distinta para no designar a los dos magistrados que toca y así evitar que la derecha pierda la mayoría en el Constitucional. Llevan meses saltándose la ley a la torera.

Esta semana, el Gobierno decidió no esperar más a que los okupas del CGPJ (cuatro años con el mandato caducado, y no se van) cumplieran con su obligación legal. Así que el Consejo de Ministros aprobó los  nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díaz –que ya analicé en un artículo anterior–.

Lo normal –es lo que manda la ley– habría sido que el presidente del Constitucional convocara de inmediato un pleno para validar estos nombramientos y que se incorporen al tribunal. O que se votara no darles entrada hasta que lleguen los otros dos que faltan en este tercio, los que nombra el CGPJ. Que se decidiera una cosa o la contraria. No pasó ninguna de las dos.

Tres magistrados del Constitucional (Cándido Conde Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán) pidieron a Trevijano que convocara ese pleno. Que pusiera fecha a esa votación donde se tendría que decidir si los dos nuevos magistrados entran ahora o se quedan en un limbo hasta que les parezca bien a los okupas del CGPJ. 

El reglamento del Tribunal Constitucional (artículo 4) es bastante claro al respecto. Basta con que tres magistrados lo pidan para que un pleno se convoque. Pero Trevijano, con el apoyo del resto de los magistrados (todo el bloque conservador y también dos de los progresistas), decidió que no era necesario siquiera poner una fecha para esa votación. Que era mejor esperar a que pasara el 22 de diciembre. Al pleno que ese día tiene previsto celebrar el CGPJ, a ver si para entonces, ya de una vez, los vocales conservadores en rebeldía se avienen a cumplir con la ley.

Un 'spoiler': eso no parece que vaya a pasar. No hay ningún indicio que apunte a que el CGPJ vaya desbloquear la situación en diciembre como no lo ha hecho ni en noviembre ni en octubre ni en septiembre ni en ninguno de los plenos que ha tenido desde el mes de julio, cuando la ley les conminó a nombrar. Creer que en diciembre este grupo de insumisos cumplirá con la ley es confiar demasiado en el espíritu de la Navidad.

“Los vocales conservadores solo pretenden nombrar si pueden elegir a los dos vocales, al progresista y al conservador, e incluso así no está claro que acepten”, explica una fuente conocedora de la negociación: “Quieren escoger al más conservador de los candidatos conservadores, a Pablo Llarena, y al menos progresista de los candidatos progresistas, a Pablo Lucas”.  

Pablo Llarena es el instructor de la sentencia del procés y antiguo presidente de la APM, la asociación judicial conservadora. Pablo Lucas es el juez que autoriza todas las operaciones de espionaje del CNI.

El sector progresista, por su parte, tiene otro candidato preferido: José Manuel Bandrés. Y lo normal en anteriores nombramientos es que el acuerdo fuera sencillo y pacífico: un magistrado por cada sector. Hoy ni siquiera está claro que se lograra un acuerdo incluso si los progresistas cedieran a los dos nombres que quieren los conservadores.

Fuentes judiciales aseguran que el PP ha advertido a dos de los jueces que hoy bloquean en el CGPJ sobre las consecuencias que tendría para ellos si accedieran a desbloquear el Constitucional. “Les han dicho que se olviden de cualquier otro ascenso si ceden”, aseguran dichas fuentes. No es una amenaza baladí, porque ningún juez puede llegar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, a la presidencia de las Audiencias Provinciales o a muchos otros nombramientos similares si no es con el apoyo de un sector u otro en el CGPJ. “Si la derecha te pone en una lista negra, tu carrera no puede prosperar”, asegura otro juez. 

Porque no pierdan de vista la clave de este asunto: el PP no quiere perder la mayoría que hoy tiene en el Constitucional. Es un tribunal con muchísimo poder porque es el máximo intérprete de la Constitución. Y, entre otras funciones, es quien resuelve los recursos de inconstitucionalidad que presentan los partidos. El TC puede anular una ley, por mucho que la haya aprobado el Parlamento por mayoría absoluta. La reforma laboral, o la ley del aborto, o el ingreso mínimo vital, o la ley de eutanasia… están pendientes de sentencias de este tribunal donde el PP se quiere atrincherar.

Cada día que pasa, es una victoria para la derecha. Porque mantienen el control. Y su plan es cada vez más evidente:  aguantar en el búnker hasta que lleguen las próximas elecciones, a ver si las ganan y ya se renuevan los órganos constitucionales, pero con una mayoría donde manden ellos.

Por eso los okupas del CGPJ no nombran, y alargan todo lo que pueden la situación. Por eso Alberto Núñez Feijóo se levantó de la mesa y no quiso renovar el Poder Judicial. Y por eso el sector conservador del Tribunal Constitucional tampoco tiene prisa alguna en votar si aceptan o no aceptan los nombramientos de los dos magistrados designados por el Gobierno. Cuanto más tiempo pase, mejor para ellos.

El Constitucional congelará los nombramientos del Gobierno

Pedro González Trevijano no ha querido poner fecha a la votación para decidir sobre la entrada de los dos magistrados nombrados por el Gobierno, que de momento se retrasará unas semanas más. Prefiere esperar a que el problema se arregle solo, cosa que parece improbable, y así evitar el desgaste que supondría para su imagen y para la del propio tribunal. Fuentes del Constitucional argumentan que, a efectos jurídicos, el problema empezó a contar desde este martes y no antes. Pero eso no significa que el sector conservador del Tribunal Constitucional que él lidera no haya tomado una decisión sobre este asunto si es que llega la hora de votar: si se aceptan los dos nombres designados por el Gobierno o si les deja congelados hasta que el CGPJ nombre a los otros dos (es decir, hasta que al PP le parezca bien).

Este miércoles, a las 10:30 de la mañana, se celebró una reunión en el despacho del presidente del Constitucional. Pedro Gonzalez Trevijano se vio allí con el resto de los magistrados nombrados por el PP: Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Ricardo Enríquez.

Allí hablaron de retrasar la votación todo lo posible –en contra de la petición de tres magistrados de convocar un pleno cuanto antes– y también confirmaron su posición: que no se puede aceptar la entrada en el tribunal de los dos magistrados que nombra el Gobierno hasta que lleguen los otros dos del CGPJ. Más tarde, en un pleno que se celebró sobre las 12, transmitieron al resto de los magistrados del Constitucional su interpretación sobre este conflicto: los dos del Gobierno no entran hasta que lleguen los otros dos del CGPJ.

Bloquear a los dos magistrados que nombra el Gobierno es una decisión que entra en contradicción con una sentencia que aprobó este mismo Tribunal Constitucional hace unos años: el 15 de noviembre de 2016. Fue en respuesta a un recurso del PSOE contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial que aprobó en 2013 el PP. Entre otros puntos, el PSOE criticaba una novedad de esa ley: que se pudiera renovar parcialmente el CGPJ solo con la votación en una cámara –el Congreso o el Senado– sin esperar a que ambas cámaras aprobaran la renovación completa. Un caso muy similar a lo que se discute hoy.

El Constitucional le dio la razón al PP. La sentencia estableció que permitir una renovación parcial –sin esperar a que todos se pusieran de acuerdo– era “una medida destinada a impedir que el incumplimiento de la obligación constitucional de designación de los vocales, por parte de una o de las dos Cámaras, conlleve el bloqueo de funcionamiento de este órgano constitucional”. “Ningún reparo de constitucionalidad puede hacerse cuando es una de las Cámaras la que incumple su obligación de designación de vocales”, argumentaba esa misma sentencia. 

Cambien “vocales” del CGPJ por “magistrados” del Tribunal Constitucional y tendrán una respuesta muy exacta al debate actual. Los conservadores argumentan que esta sentencia no vale porque el TC y el CGPJ no son lo mismo (aunque los principios jurídicos no cambian, salvo para quienes pretenden hacer trajes a medida). Los progresistas –todos ellos partidarios de aceptar a los magistrados que ha designado el Gobierno– argumentan justo lo contrario: que esta sentencia es un precedente bastante claro sobre qué hacer hoy. Porque ambos, el TC y el CGPJ, son órganos constitucionales.

Dato importante: el ponente de aquella sentencia fue el mismo que hoy se opone a su aplicación. El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Gónzález Trevijano. Que entonces le dio la razón al PP. Igual que hoy.  

Además de esa sentencia de 2013, hay también otros precedentes de renovaciones parciales en el Constitucional. Es lo que ocurrió en 2014, cuando el magistrado Enrique López –hoy consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso– fue detenido borracho y sin casco al volante de su moto, y tuvo que dimitir. El Gobierno de Rajoy nombró inmediatamente a un sustituto, sin dejar la plaza vacante ni tampoco esperar a que se renovara todo el tercio por el que fue elegido. Entonces no hubo polémica alguna por el reemplazo, a diferencia de lo que ocurre hoy.

Hay magistrados en el Constitucional que aún confían en que, más adelante, es posible que alguno de los conservadores cambie de criterio y permita que se renueve parcialmente el tribunal sin esperar a los dos del CGPJ. Otros lo ven muy improbable, a pesar de la enorme crisis institucional que provocaría que el Tribunal Constitucional se convirtiera, ya de forma aún más visible, en el cómplice necesario para la estrategia de unos vocales antisistema, que están saltándose la ley de forma flagrante.

Interpretar que el Gobierno no puede nombrar a sus dos magistrados hasta que lo haga el Poder Judicial es tan absurdo como afirmar que el incumplimiento de la ley por parte de un órgano obliga a los demás a incumplir.

Permitir que el bloqueo del CGPJ impida al Gobierno cumplir con su obligación constitucional es tanto como legalizar un nuevo derecho a subvertir el normal funcionamiento de las instituciones. Que es lo que está haciendo la mayoría conservadora del CGPJ actual. Y que por ahora está tolerando la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional.

Son cómplices, todos ellos, del secuestro del Poder Judicial: de un brutal deterioro de las instituciones democráticas españolas y de su orden constitucional.

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El enorme deterioro institucional que está provocando el Partido Popular es una mancha negra que todo lo enfanga, que todo lo pudre y que no para de avanzar. El primer partido de la oposición se ha convertido en una organización antisistema, que incumple el mandato de las urnas, que incumple el mandato de la ley y que cuenta para ello con la colaboración de quienes se supone que son garantes de esos derechos: de buena parte de la cúpula judicial. Unos juristas y magistrados que están retorciendo la legalidad al servicio de un único objetivo: que la derecha mantenga en los órganos constitucionales unas mayorías que hace mucho tiempo que perdieron en las elecciones.

Es así de simple: no aceptan la soberanía popular ni la legitimidad del Gobierno. Es así de grave: un golpe blando contra los cimientos de la democracia. Y es también impune, por lo complejo que resulta de explicar y porque no existen los mecanismos legales para exigir responsabilidades.