Preguntar en qué se gasta el dinero público nunca es de mala educación

“Quería saber a cargo de qué fondos se va a costear la operación de su majestad”. La pregunta es de Irene Castro, periodista de eldiario.es. La hizo el viernes, en la primera rueda de prensa de la historia de la monarquía española. La osadía le ha costado a nuestra compañera que el columnista de ABC Antonio Burgos la califique de “niñata” y “maleducada”. “¡Qué ordinariez, preguntar en el Palacio que esto quién lo va a pagar!”, firmó ayer Burgos en una de esas soflamas que, de tan cavernarias, hasta parecen paródicas (y no lo son). No fue el único periodista cortesano al que nuestra pregunta le pareció mal.

El portavoz del rey, Rafael Spottorno, no tuvo reparos en contestar: “Las Cortes Generales aprueban todos los años un presupuesto que el rey administra para el sostenimiento de su familia y casa. Entiendo que en ese concepto está estupendamente incluido la salud del rey”.

La pregunta era pertinente porque un gran porcentaje de los gastos de la Casa Real no se pagan directamente a cargo de ese presupuesto de unos 8 millones de euros anuales que aprueba el Congreso de los Diputados. La mayor parte del coste de la monarquía española se camufla en otros ministerios. El de Exteriores paga los viajes oficiales. Interior, la seguridad. Defensa, la Guardia Real. Hacienda, el parque móvil: 45 coches oficiales con 61 chóferes. Presidencia, los 135 funcionarios de la Zarzuela. Y Patrimonio Nacional paga los jardines, los palacios, las cenas de gala, las recepciones y hasta hace poco el yate Fortuna. Si se suman todas estas cantidades, la falacia -que tanto repiten los monárquicos- de “la jefatura de Estado más barata de Europa” se empieza a tambalear.

Además, no es lo mismo que el coste de la operación del rey corra a cargo del presupuesto institucional de la Casa Real que de sus ahorros personales. Supongo que la cuenta corriente que paga estos gastos no es la misma desde la que salió el préstamo de 1,2 millones de euros a su hija Cristina. No es una operación quirúrgica barata: han traído desde Estados Unidos a uno de los mayores especialistas del mundo. El debate no es, por tanto, si el rey se ha operado en un hospital público o privado. Es si el jefe del Estado tiene derecho a cargar al bolsillo de todos los ciudadanos, en vez de al suyo propio, una sanidad de élite, que tiene poco que ver con lo que aquí entendemos por sanidad privada; ningún seguro médico privado en España cubre especialistas de la Clínica Mayo. No sabemos lo que nos ha costado, pero sin duda no es algo al alcance de cualquier anciano que necesite una nueva prótesis de cadera.

“¿Hubieran osado preguntar eso mismo en el Palacio de Buckingham?”, se cuestiona Antonio Burgos. La respuesta es evidente: por supuesto que si. Nuestro oficio (al menos el de Irene Castro y el mío) consiste en preguntar y buscar respuestas. Sin embargo, en Reino Unido no habría hecho falta “osadía” alguna para conseguir un dato así. A diferencia de la Casa Real española, todas las cuentas de la familia real británica, su patrimonio personal y hasta cuánto se gasta en flores la reina de Inglaterra es información pública, accesible a todos los ciudadanos. En Reino Unido tienen muy claro que los contribuyentes, que son quienes pagan, tienen todo el derecho a saber en qué se gasta su dinero. En España molesta incluso preguntar.