Ciencia y política: ustedes saben mucho, pero no de todo

La antipolítica avanza en nuestros días como la Nada en La historia interminable. Sin embargo, en vez de ser un vacío absoluto y metafísico, como en la novela de Michael Ende, está poblado de expresiones de “sentido común” que, leídas o escuchadas de manera independiente, parecen cobrar todo el sentido y calan en la población. Es así como manifiestos que pueden estar cargados de razón y que en la mayoría de los casos son bienintencionados y están promovidos por personas de reconocido prestigio en su campo profesional, acaban siendo, a causa de su parcialidad y, por ende, de su simplicidad, utilizados por fuerzas antidemocráticas de distinto pelaje que llevan mucho tiempo picando piedra en esto de la antipolítica, es decir, vaciando de significado nuestra democracia y resignificando todos sus principios fundamentales. Una de las puntas de lanza habituales de estas fuerzas antidemocráticas, al hilo de la pandemia de COVID-19, es apelar a que sean los científicos —identificados siempre como los profesionales de las ciencias experimentales y de la salud— quienes ocupen el lugar de los políticos en la toma de decisiones sobre el gobierno de todos. 

Los científicos españoles de dichas ramas no son ajenos a este movimiento. Prueba de ello son el artículo publicado por varios científicos españoles en The Lancet o el más reciente manifiesto, firmado por un total de 55 sociedades científicas de nuestro país. La mayoría de quienes lean este último manifiesto asentirán a casi todo lo que en él se dice, especialmente si tienen en cuenta el espectáculo que está dando el gobierno de la Comunidad de Madrid con su gestión de la pandemia. Sin embargo, este manifiesto, de título pretencioso (“En la salud ustedes mandan, pero no saben”), se refiere a la COVID-19 como si únicamente se tratara de una cuestión médica, que sin duda lo es, pero no sólo. Y obviando que en política hay decisiones que tienen un carácter positivo y otras que tienen un carácter normativo.

Comenzaré por esto último, que se trata de una discusión muy antigua. A finales del siglo XIX John Neville Keynes ya decía que había decisiones políticas que eran de carácter positivo, y que por tanto se basaban en hechos probados, cuestiones que se podían demostrar empíricamente, ya fuera de manera experimental o no y que por tanto, son más susceptibles a poder ser propuestas por científicos sin injerencia política. Y otras que son de carácter normativo, que tienen que ver con el deber ser y que son frutos de acuerdos que en los sistemas democráticos normalmente se toman en los parlamentos. Es cierto que con el avance de las ciencias, hay cada vez más decisiones que pueden estar basadas en propuestas de tipo positivo, pero la realidad es que normalmente se trata de un mix y que las políticas que se imponen se resuelven o se deberían de resolver sobre propuestas normativas y positivas. Y las propuestas positivas es importante que vengan de científicos que llegan a ellas de manera rigurosa y contrastada. Pero ¿qué científicos?, ¿qué ramas del saber? Es obvio que en una pandemia las llamadas ciencias de la vida deben tener un protagonismo especial, pero no solo. 

La paralización de la economía y el endeudamiento público en el que han tenido que incurrir los estados para sostener a las personas, las familias y las empresas durante esta crisis podría ser el mejor ejemplo de que lo que nos está ocurriendo transciende el ámbito sanitario y de que, como consecuencia, las políticas que se pongan en marcha deben tener en cuenta esa complejidad. Pero no hablemos sólo de salud y economía. Las y los sociólogos también reclaman ser escuchados y dicen tener la clave de por qué medidas diseñadas para detener los contagios e inspiradas en las recomendaciones de expertos del campo de la salud funcionan en unos países y no en otros. Recordemos que, hace sólo unos días, la OMS no se explicaba qué está pasando en España, por qué las medidas que funcionan en otros sitios no lo hacen en nuestro país.

Los sociólogos afirman que, si se les hubiera escuchado, no se habrían cometido determinados errores vinculados con determinados sesgos en el comportamiento de las personas. Así, Héctor G. Barnés escribía, en este artículo publicado en El Confidencial, que la aplicación de las medidas sanitarias no puede hacerse en un “vacío sociológico”, sin pensar en la comprensión de las medidas y en su grado de adopción por parte de la población, o sin considerar el impacto desigual que éstas pueden tener sobre los distintos grupos sociales o en función de distintos ejes de desigualdad como el género. Y pone como ejemplo de modelo de fracaso el primer confinamiento madrileño de esta segunda ola, que establecía restricciones por áreas sanitarias, cuando ni siquiera los límites de estas áreas eran claros para la ciudadanía. 

Es evidente que en la toma de decisiones han pesado más unas ciencias que otras. ¿Y cómo pretenden los científicos dirimir entre ellos qué ciencia pesa más políticamente en cada momento? ¿Lo hacen las sociedades científicas en su nombre?, cuando en muchos casos éstas son estructuras de poder en cuyas cúpulas, por ejemplo, no hay mucha diversidad y donde están poco representadas las mujeres y los jóvenes. ¿Con qué mecanismos tienen intención de rendir cuentas a la sociedad estas asociaciones si de verdad asumen la gestión de los intereses de todos? Hasta 170.000 profesionales han elegido a los miembros de las cúpulas de las asociaciones científicas que ahora reclaman tomar las tiendas de la gestión de la pandemia. ¿Están ellos más legitimados que los 37 millones de españoles llamados a votar en las últimas elecciones generales? 

Con todo mi respeto al manifiesto y compartiendo plenamente la idea de que la ciencia debe informar la toma de decisiones políticas a través de las propuestas de carácter positivo, mucho más de cuanto lo hace en la actualidad, me gustaría comentar algunas cuestiones a las que alude el manifiesto y que creo que son más complejas de cómo se han expuesto en él. 

El manifiesto pide que los políticos acepten que las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político. Y que la respuesta sea coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes. Una demanda cargada de sentido común, porque el enfrentamiento político es reprobable en cualquier circunstancia. Ahora bien, los firmantes del documento deberían saber también, porque eso lo estudian otras ciencias, que los partidos políticos representan sensibilidades e intereses distintos dentro de la ciudadanía, y que como he dicho antes también se toman decisiones en base a propuestas normativas.

No lleva la misma vida, ni tiene las mismas oportunidades, ni se beneficia de las mismas políticas públicas una familia adinerada de una zona rica que otra que necesita del ingreso mínimo vital para salir adelante; una que se confina en una casa enorme con jardín que otra que lo hace en 40m2 sin ventanas ni balcones a la calle. Hablan de respuestas equitativas, pero ¿a qué se refieren exactamente, más allá de que toda la población tenga acceso a la sanidad, los rastreos o las pruebas? ¿Contemplan también el impacto sobre el bienestar de las mujeres y sus oportunidades laborales de la sobrecarga de trabajo impuesta por el confinamiento? ¿Tienen en cuenta las distintas condiciones laborales de quienes pueden teletrabajar con respecto a quienes tienen que hacerlo cara al público y para ello viajan a diario en vagones de metro o en autobuses atestados; de quienes pueden pagar un cuidado privado doméstico para sus mayores en comparación con quienes no tienen más remedio que internarlos en residencias donde la vida, como hemos visto, dista en muchos casos de ser digna? 

Habla también el manifiesto de lentitud burocrática que es, sin duda, un gran problema, pero nuestra cultura es garantista, para bien y para mal, y no se cambia todo un edificio legal, técnico y administrativo de un día para otro, como tampoco se revierten los efectos de las medidas de austeridad de un plumazo. Exigen sus autores, con toda la razón, que haya una reserva estratégica nacional de material para hacer frente a ésta y otras pandemias. Pero nadie se acuerda ya de la austeridad fomentada por gobiernos a los que, probablemente, muchos de ellos votaron. No sabían entonces y parecen no saber ahora que la austeridad mata, algo que denunciamos en su momento las asociaciones científicas de economía crítica, pero también científicos de sus ramas de conocimiento como David Stuckler y Sanjay Basu, quienes en 2012 publicaron un libro de gran impacto que incluía esa misma frase en su título: The body economic: Why austerity kills.

El manifiesto acaba con esta proposición: “Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros conocimientos”. Nuestra sociedad debe estar tremendamente agradecida a los científicos por ello, así como por su dedicación, trabajo y generosidad. Y desde la política se deben recoger y escuchar esos conocimientos al margen de todo interés partidista para poder combatir la pandemia como es necesario. No obstante, si queremos hacerlo teniendo en cuenta su gran complejidad, habrá que tomar en consideración también los conocimientos de personas expertas en economía que desarrollan un discurso centrado en el bien común y no en los intereses de las entidades financieras y las grandes fortunas; los de personas expertas en psicología, que pueden valorar los efectos sobre el bienestar y la salud mental que tanto la enfermedad como las medidas restrictivas que aspiran a controlarla tienen sobre la población; los de expertos en ciencias sociales y del comportamiento, que pueden prever y analizar el grado de cumplimiento esperado de dichas medidas y su eficacia; etc.

Y entre todos tendremos que ser más humildes porque la ciencia de sistemas complejos como una pandemia no es exacta. Faltan datos y modelos para entender su desarrollo a muchas escalas, y dentro del los campos científicos hay muchas diferencias de opinión. Físicos, matemáticos, científicos de sistemas complejos difieren en los métodos y en los resultados. Las pandemias se estudian bien en retrospectiva. Pero como estamos viendo, ni su desarrollo a escala global ni local se pueden predecir. Todavía no sabemos si la inmunización de rebaño es posible o no. Ni siquiera se ha establecido el famoso número R, que puede estar entre 4 y 11, según las últimas estimaciones, repito, entre 4 y 11.

Gobernar un país, una región, un ayuntamiento, una universidad, una asociación científica y hasta una comunidad de vecinos es complejo porque hay que conciliar intereses y situaciones distintas e incluso desiguales o contradictorias entre sí, y hacerlo con recursos limitados. Estoy convencida, y trabajo para que eso sea así cada día, de que la ciencia, además de para avanzar en el conocimiento y, por ende, hacia un mayor bienestar colectivo, sirve para informar la toma de decisiones políticas. Ahora bien, no debe en ningún caso sustituir a la política. La ciencia la hacen principalmente personas que desean y necesitan formarse y disponer de oportunidades para realizar su trabajo con dignidad en espacios adecuados, con los instrumentos necesarios, con mecanismos que permitan la colaboración con sus pares y el retorno a la sociedad de la inversión que ésta colectivamente realiza en cada disciplina. Y todo ello requiere unas reglas de juego y un presupuesto que permitan que la ciencia nos ayude a conseguir un mundo mejor sin que se frustren carreras científicas por el camino. 

Es preciso, asimismo, cambiar la carrera científica de modo que ese retorno a la sociedad no esté penalizado o que no se produzca sólo cuando ya se tienen todos los tramos de productividad posibles reconocidos, en lugar de cuando se es joven y se está lleno de ideas y energía. Hace falta, igualmente, una ciencia que interactúe más con la sociedad. Una ciudadanía mejor informada, con una mayor y mejor formación científica (incluyendo las disciplinas sociales y las humanidades), sabrá tomar mejores decisiones, elegir mejor a sus representantes políticos y, quién sabe, hasta participar en la política institucional, porque es allí donde se dirimen muchos aspectos de nuestras vidas privadas y, sobre todo, públicas. También sabrá esta ciudadanía exigir un mayor presupuesto para ciencia, y estará más dispuesta a pagar impuestos con el objetivo de alcanzar el bien común.

Un amigo comentaba esta misma mañana en un chat, a propósito de este manifiesto de las sociedades científicas en España, que en un seminario de ESADE de 2008 al que él asistió y que organizó una mesa que se llamaba “Expertos sin poder, políticos sin ideas”, Felipe González, que era uno de los intervinientes, jugó con el título y dijo que sería más correcto hablar de “Expertos sin ideas, políticos sin poder”. La ocurrencia del expresidente del gobierno español es sin duda brillante, pero no determinista ni inamovible. Los expertos deberían tener ideas que permitan realizar progresos en el campo del conocimiento e informar mejor las decisiones políticas, y los políticos deberían tener poder para desarrollar las políticas que permitan la consecución de ese bien común y no sólo del de unos pocos.

Sé que lo inmediato es parar esta pandemia, pero difícilmente podremos alcanzar la deseada y genuina mayor aportación de la ciencia a la toma de decisiones políticas, si la ciencia que hacemos es una ciencia castrada por los intereses de grupos de poder en muchos casos ajenos a las propias disciplinas científicas, o una ciencia troceada en un sistema que premia dónde se publica y no lo que se publica. Difícilmente podremos lograrlo si seguimos favoreciendo un modelo político y económico, incluso civilizatorio, como el capitalismo neoliberal financiarizado, que vacía cada vez más de poder a las y los representantes elegidos por el pueblo. Me viene a la cabeza otra respuesta de un exmandatario, en este caso Frei Betto, asesor especial de del presidente de Brasil Lula da Silva, cuando, cuando increpado por no hacer suficientes políticas de izquierdas tras llegar al poder, contestó: No se equivoquen, hemos llegado al gobierno, pero no al poder. Pues todo eso, sobre todo eso, también hay que cambiarlo. La ciencia importa y mucho, y más que debería importar para la toma de decisiones políticas, pero con humildad. La ciencia y la política necesitan ambas más humildad para poder colaborar y avanzar en el bien común. 

La antipolítica avanza en nuestros días como la Nada en La historia interminable. Sin embargo, en vez de ser un vacío absoluto y metafísico, como en la novela de Michael Ende, está poblado de expresiones de “sentido común” que, leídas o escuchadas de manera independiente, parecen cobrar todo el sentido y calan en la población. Es así como manifiestos que pueden estar cargados de razón y que en la mayoría de los casos son bienintencionados y están promovidos por personas de reconocido prestigio en su campo profesional, acaban siendo, a causa de su parcialidad y, por ende, de su simplicidad, utilizados por fuerzas antidemocráticas de distinto pelaje que llevan mucho tiempo picando piedra en esto de la antipolítica, es decir, vaciando de significado nuestra democracia y resignificando todos sus principios fundamentales. Una de las puntas de lanza habituales de estas fuerzas antidemocráticas, al hilo de la pandemia de COVID-19, es apelar a que sean los científicos —identificados siempre como los profesionales de las ciencias experimentales y de la salud— quienes ocupen el lugar de los políticos en la toma de decisiones sobre el gobierno de todos. 

Los científicos españoles de dichas ramas no son ajenos a este movimiento. Prueba de ello son el artículo publicado por varios científicos españoles en The Lancet o el más reciente manifiesto, firmado por un total de 55 sociedades científicas de nuestro país. La mayoría de quienes lean este último manifiesto asentirán a casi todo lo que en él se dice, especialmente si tienen en cuenta el espectáculo que está dando el gobierno de la Comunidad de Madrid con su gestión de la pandemia. Sin embargo, este manifiesto, de título pretencioso (“En la salud ustedes mandan, pero no saben”), se refiere a la COVID-19 como si únicamente se tratara de una cuestión médica, que sin duda lo es, pero no sólo. Y obviando que en política hay decisiones que tienen un carácter positivo y otras que tienen un carácter normativo.