Investigar la estafa fiscal en Luxemburgo, caiga quien caiga

El pasado mes de noviembre salieron a la luz filtraciones que situaban en Luxemburgo el epicentro del mayor escándalo fiscal de Europa en las últimas décadas. Más de 350 multinacionales con sede allí tenían acuerdos secretos con el Gobierno luxemburgués para tributar sus ingresos en territorio europeo a prácticamente cero. El actual Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, entonces Primer Ministro el país, se situaba en el centro del escándalo.

La pregunta inmediata que se hizo mucha gente fue la siguiente: ante este escándalo mayúsculo, ¿qué harán los eurodiputados? ¿van a exigir responsabilidades políticas? ¿O asistirán pasivos al espectáculo como si nada hubiera ocurrido?

Poco después de la aparición de las filtraciones, Juncker compareció en el Parlamento. Cuatro explicaciones rápidas, una vaga promesa de armonizar la bases impositivas en Europa (que no los tipos), un mayor esfuerzo de intercambio de información fiscal entre Estados y si te he visto no me acuerdo.

A ello siguió la propuesta de la Gran Coalición popular-socialista-liberal en el Parlamento de redactar dos informes de iniciativa en la Comisión de Economía (para que se entienda, un ponente y un responsable por grupo a negociar un texto sobre qué opinión le merece al Parlamento el escándalo). Y a ser posible dejar que el tiempo entierre el asunto. Tan en serio se ha tomado la Gran Coalición estos dos informes que se los han dado a dos ponentes uno de la Extrema Derecha de Suecia (Demócratas Suecos) y el otro al maltrecho Partido Liberal Alemán.

Francamente, a ICV y al Grupo Verde en el Parlamento Europeo no nos da la gana que esto termine así. Creemos que el Parlamento Europeo debe investigar a Fondo el asunto y pedir responsabilidades políticas. Por ello, hemos propuesto la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para depurar todas las responsabilidades políticas.

La propuesta de nuestro grupo pretende que se investigue la posible “vulneración de la ley europea en relación con esos acuerdos fiscales, así como la ley nacional en algunos estados miembros”. Concretamente, pretende investigar si estas ayudas constituyen “ayudas de Estado” contraviniendo el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE, así com el artículo 108, que obliga a los Estados y a la Comisión Europea a investigar permanentemente estas ayudas.

También exige la investigación de la posible vulneración del artículo 4 apartado de 3 del Tratado de la Unión, que consagra el principio de “cooperación leal” entre Estados Miembros así como la obligación de ayudar a la Unión “en el cumplimiento de su misión” y de abstenerse “de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.”.

Entendiendo que la planificación fiscal agresiva y los acuerdos con estas multinacionales podrían de forma evidente suponer una infracción de estos artículos del derecho primario europeo, el Parlamento tiene todos los argumentos a su favor para iniciar una investigación.

El establecimiento de a esta Comisión de Investigación permitiría, según el artículo 198 del Reglamento del Parlamento Europeo, acceder a documentación confidencial, llamar a comparecer a personas relacionadas con el objeto investigado y tener apoyo financiero para desarrollar dicha labor. Es lo mínimo que debe hacer el Parlamento.

Para lograrlo, necesitamos la firma de una cuarta parte de los eurodiputados y eurodiputadas, es decir 188 firmas. Y no estamos lejos de lograrlo. Tenemos ya 163 firmas, incluyendo 23 socialistas europeos. Incluso 2 populares han firmado escandalizados por la poca seriedad con que se ha manejado la decisión de realizar dos informes de iniciativa en la Comisión de Economía, y esperamos que este gesto anime a otros conservadores a apoyar la petición. No contamos por el momento con ninguna firma del PP español ni, por ahora, tampoco del PSOE que por el momento se resiste incomprensiblemente a apoyarla. Sí lo apoya el conjunto de eurodiputados de la izquierda española, incluyendo a Izquierda Unida, Compromís-EQUO y Podemos.

No tengo la menor duda de que lograremos poner en marcha la Comisión. Estamos cerca de lograrlo. Y estoy convencido que tendrá una gran trascendencia por dos motivos: el primero, por los resultados que de la investigación puedan derivarse. Y segundo, porque a pesar del cierre de filas de la Gran Coalición Popular-Socialista-Liberal en las instituciones europeas, hemos empezado a resquebrajar ese muro como consecuencia de este asunto, lo que puede tener serias para la legislatura y pone a Juncker en un serio aprieto.

El pasado mes de noviembre salieron a la luz filtraciones que situaban en Luxemburgo el epicentro del mayor escándalo fiscal de Europa en las últimas décadas. Más de 350 multinacionales con sede allí tenían acuerdos secretos con el Gobierno luxemburgués para tributar sus ingresos en territorio europeo a prácticamente cero. El actual Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, entonces Primer Ministro el país, se situaba en el centro del escándalo.

La pregunta inmediata que se hizo mucha gente fue la siguiente: ante este escándalo mayúsculo, ¿qué harán los eurodiputados? ¿van a exigir responsabilidades políticas? ¿O asistirán pasivos al espectáculo como si nada hubiera ocurrido?