El pueblo saharaui tiene la ley de su parte (II)

El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos no se podía aplicar al territorio del Sáhara occidental, por ser “un territorio distinto y separado” de Marruecos. El pasado 27 de febrero, el Tribunal de Justicia de la UE ha vuelto a respaldar jurídicamente al pueblo saharaui: el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no se puede aplicar al Sáhara occidental. Constituiría una violación del derecho internacional.

Teniendo en cuenta que el 91,5% de las capturas realizadas a través del acuerdo de pesca se realizan en aguas saharauis, tanto las instituciones europeas como los Estados miembros se encuentran en un vacío legal. Y sobre todo esta decisión afecta directamente a los pescadores europeos, quienes desde el martes se encuentran faenando ilegalmente y con una total incertidumbre jurídica en las aguas saharauis.

La UE tiene el deber de responder ante la sociedad europea y la industria pesquera por esta estafa económica y legal. La ciudadanía ha sido engañada y manipulada ante una actividad realizada con fondos públicos europeos (la inversión comunitaria asciende a 21 millones de €) a sabiendas de que dichas actividades en el Sáhara Occidental eran ilegales. Hoy en día, la Unión Europea es el principal socio comercial de Marruecos, una actividad comercial manchada por productos provenientes de un territorio, el cual, a día de hoy, no ha conseguido un estatuto de autodeterminación reconocido por la ONU, por culpa del bloqueo de países como Francia y España.

Esta situación no es ninguna novedad. Cuando se negoció por primera vez el acuerdo de pesca UE-Marruecos, Los Verdes Europeos nos opusimos precisamente por los motivos planteados por el Tribunal esta semana. Sin embargo, frente a la razón jurídica y por motivos puramente geopolíticos y económicos, la Comisión y la mayoría de los Estados miembros eligieron la ilegalidad. Pues bien, las cosas son claras: millones de euros de ayuda de la UE se destinaron a apoyar a la industria pesquera marroquí en el Sáhara Occidental en virtud de un acuerdo de pesca convertido en cómplice de la ocupación.

Ahora bien, ¿qué tendría que hacer la Comisión Europea? Como ya pasó con el acuerdo agrícola, lo primero, poner fin a la política de la avestruz: no reconocer los exportadores autorizados con sede en territorio saharaui de su lista, no conceder licencias de pesca a buques europeos situados frente a dicha costa y poner fin de inmediato a dichas actividades.

A nivel diplomático, las instituciones de la UE deberían llevar a cabo una política de diferenciación completa y efectiva que restrinja las relaciones bilaterales, tanto de la Unión como de los Estados miembros con Marruecos en las fronteras internacionales reconocidas. Además, debería proponer soluciones tanto para Marruecos como para el Sáhara occidental, con acuerdos que beneficien a ambos territorios y a sus pueblos. Y en concreto, debería proporcionar a las empresas pesqueras europeas un marco que se ajuste a la legalidad y ofrezca seguridad jurídica y económica a través de un acuerdo que cuente con el consentimiento del pueblo saharaui mediante su representante reconocido.

A través de esta nueva política geopolítica y económica basada en la legalidad internacional, tanto la UE como sus estados miembros, empezando por España, apoyarían los esfuerzos realizados por la ONU. Después de 42 años, debemos finalizar de una vez por todas con la complicidad ante el saqueo de los recursos saharauis. Para ello, podemos y debemos utilizar los acuerdos comercial y pesquero de la UE como herramienta a favor de una solución justa para el Sáhara occidental.