Este 1 de enero han entrado en vigor los presupuestos vascos aprobados en el Parlamento antes de Navidad, los últimos de la etapa de Iñigo Urkullu. Una disposición adicional contempla una subida de alrededor del 5% en la cuantía base de la renta de garantía de ingresos o RGI, que es la prestación social para quienes no tienen recursos o necesitan complementar rentas, nóminas o pensiones bajas. En concreto, ese indicador de referencia ha pasado ya a 560,45 euros.
A partir de ahí se van calculado los diferentes supuestos. Según fuentes de Lanbide, que es el organismo que tramita estas prestaciones, la cuantía garantizada en 2024 en números redondos para un perceptor que viva solo sería de 840 euros. Una unidad de convivencia de un adulto con un menor a su cargo tendría derecho a 1.148 euros. Una pareja con un hijo podría percibir 1.288 euros y, si fueran dos los menores, 1.456 euros. Un pensionista tiene garantizada una cobertura de 1.064 si vive solo y una pareja de pensionistas puede reclamar 1.344. Todos los supuestos detallados se irán publicando en las próximas semanas y los cambios se harán efectivos en la nómina de febrero. La subida es de 40 euros mensuales en el caso de un perceptor solo, 69 euros para una familia de cuatro y de 51 euros si esa persona es pensionista. La RGI, a diferencia de otras prestaciones sociales, se abona en doce pagas.
Todas las cuantías son umbrales garantizados y no el dinero que abona efectivamente Lanbide en la cuenta corriente de los beneficiarios que han accedido al derecho subjetivo a la RGI por cumplir los requisitos de la nueva ley y del nuevo reglamento, que son muy recientes. Es decir, la Administración vasca cubre hasta esas cuantías la diferencia con los ingresos propios. Puede ser el 100% si no se tienen recursos pero es muy habitual que la RGI complemente bien pensiones o bien nóminas, así como también el IMV estatal. Esta prestación ya fue transferida y se tramita también en Lanbide. Habitualmente la RGI es más alta que el IMV y el Estado cubre su parte y el resto sale de las arcas vascas. Este sistema ha supuesto un ahorro millonario al Gobierno vasco en los últimos ejercicios. La RGI nunca tiene un presupuesto como tal ya que al ser un derecho subjetivo hay que abonarla sí o sí a todos quienes la tengan reconocido, por lo que su coste real solamente se conoce al cierre del ejercicio.
2024 es el primer año en que se realiza la actualización de cuantías a la luz de la nueva reforma legislativa. El sistema se creó en 2008 y se vincularon los abonos a un porcentaje del SMI variable. Aquel modelo se truncó parcialmente en 2011 cuando PSE-EE y PP -Gemma Zabaleta y Javier Maroto- pactaron que todas las cuantías resultantes se recortaran un 7%. Esta medida se mantuvo en vigor más de una década, hasta 2022.
Además, por el camino, el Gobierno de Urkullu decidió también desindexar la RGI del SMI en cuanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a subirlo de manera importante. Con Beatriz Artolazabal de consejera del ramo se empezó a actualizar año a año en función de decisiones políticas y no de datos objetivos. A finales de 2022 se aprobó la nueva ley reguladora. El modelo rompe ya totalmente el vínculo con el SMI pero fija un sistema de actualización objetivo basado en el IPC y en otros indicadores de pobreza. Transitoriamente, en 2023 se aplicó una subida del 8,5% para acompasar ambos modelos y es ahora cuando se ha estrenado el sistema diseñado hace dos años por la actual responsable de la materia, la vicelehendakari Idoia Mendia.
El 1 de enero de 2024 ha entrado en vigor también el decreto que desarrolla la ley de la RGI. E implica cambios en las nóminas. Por ejemplo, ahora las cuantías se revisarán trimestralmente. Hay muchos perceptores para los que el cálculo es sencillo pero la prestación es muy variable si complementa salarios bajos de personas que encadenan contratos o incluso para autónomos. Además, la nómina se cierra ahora a mes vencido, el día décimo del mes siguiente al correspondiente. “Por ejemplo, la nómina de enero se cobrará el 12 de febrero”, explica Lanbide.
Esto ha motivado protestas de colectivos sociales. Berri-Otxoak, el 28 de diciembre, criticó en Bilbao la “inocentada” que implicaba este ajuste en el calendario de pagos. Lo calificó de “recortes sociales”. “El Gobierno vasco ha decidido que este viernes 29 de diciembre sea el último ingreso de la RGI a final de mes. En este contexto la próxima retribución será el 10 de febrero. La intención de Lanbide es realizar los ingresos de la RGI y las ayudas al alquiler el día 10 de cada mes. Esta decisión [...] conllevará dejar sin ingresos durante mes y medio a 55.000 familias vascas”, lamentaron.
Mas, ¿cuántos son los beneficiarios actuales de la RGI? A falta de los datos del cierre de diciembre, hasta noviembre de 2023 los perceptores totales eran 55.487, 31.774 mujeres y 23.713. 8.016 tiene reconocido un complemento de monoparentalidad, 18.029 viven en casas con otras unidades de convivencia y 14.179 emplean la RGI para complementar pensiones bajas. En cuanto al IMV, también hasta noviembre había 24.485 perceptores, 5.000 más que al inicio del año. Son 14.696 mujeres y 9.789 varones. Están casi al 50% los que complementan con RGI su IMV y los que lo perciben sin la prestación autónoma.
Asimismo, Lanbide tenía anotados 25.334 perceptores del complemento de vivienda, de 300 euros mensuales. Eso sí, ya se ha diseñado una pasarela para que sea el área de Vivienda del Gobierno vasco el que asuma esa gestión. En 2015 se aprobó una ley propia que regulaba el derecho a un piso para quienes cumplieran los requisitos y se contempló una prestación económica gemela en caso de que no haya casas suficientes en el parque público. Ahora ambos sistemas se van a fusionar y la PCV de la RGI va a desaparecer a cambio de que sus 25.000 titulares accedan a la PEV, también de 300 euros, y vean reconocido su derecho a la vivienda. Para hacer aún más compleja la burocracia, 5.700 de los 12.300 que cobran IMV y RGI tienen también asignada la PCV.
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