Podemos activa una campaña por tierra, mar y aire contra el PNV por ser “de lejos” el partido con más puertas giratorias

Unidas Podemos ha activado una muy dura campaña contra el PNV acusando a los nacionalistas de no apoyar medidas para rebajar el precio de la electricidad por tener ubicados a excargos del partido en las principales empresas del sector. La iniciativa tendrá continuidad en los próximos días. De hecho, este sábado hay convocados una veintena de actos en Euskadi. La iniciativa ha sido bautizada como “las oligopuertas del PNV” e incluye varios vídeos editados, discursos de los principales dirigentes vascos de la formación y fichas con la imagen y los puestos en empresas como Repsol, Iberdrola y otras de políticos nacionalistas con mucha trayectoria, todo ello ampliamente difundido. Se da la circunstancia de que el partido de Andoni Ortuzar es uno de los socios más estables del Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte la coalición de izquierdas, y de que esta campaña llega en medio de la negociación de los presupuestos de 2022.

Los diputados vascos Roberto Uriarte, Juantxo López de Uralde y Pilar Garrido, que es también la coordinadora del partido en Euskadi desde el pasado año, han lanzado la campaña con un mensaje desde el Congreso. Es más, han asegurado ser el “grupo vasco” de Unidas Podemos, precisamente la denominación que utiliza en las Cortes Generales el PNV. Garrido ha enfatizado que “la ciudadanía tiene derecho a saber” y Uriarte, que fue el primer líder morado tras la creación del partido, ha aseverado que “de lejos” el PNV es el partido que en España tiene más puertas giratorias “en relación a su tamaño”. Cree la coalición que estas personas “hacen lobby” y “hacen presión” para que no se limiten los beneficios “extraordinarios” de las grandes compañías y que ello guarda relación con la “agresividad” del PNV hacia el Gobierno en las últimas votaciones sobre medidas en esta materia.

Los tres firman una pregunta parlamentaria a su propio Gobierno -aunque en este caso dirigida a uno de los ministerios del PSOE, el de Hacienda- para que aclare cuántas “comprobaciones” ha hecho la Oficina de Conflictos de Intereses a “políticos y altos cargos” que han podido saltar a empresas energéticas y, en concreto, en cuántos casos se señala a “miembros y exmiembros” de la formación nacionalista. Eso sí, Unidas Podemos ya está difundiendo en sus redes los perfiles de varios de ellos. Citan el caso de Josu Jon Imaz, que lideró el partido y fue consejero y que ahora dirige Repsol. Pero también aluden a Juan María Atutxa -exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento-, a Joseba Aurrekoetxea -uno de los colaboradores más cercanos de Ortuzar- y a otra docena.

“Existe entre la opinión pública una fuerte sospecha de connivencia entre las grandes empresas eléctricas y energéticas y el poder político en España. Suscita especial suspicacia el recelo del PNV a la regulación de los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas y su firme requerimiento al Gobierno para que modifique esta cuestión en detrimento del conjunto de la ciudadanía”, argumenta Unidas Podemos. Preguntado por este periódico, el PNV ha optado por no hacer comentarios ante las acusaciones, aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya respondió a preguntas sobre cuestiones similares en la última sesión de control al Gobierno vasco celebrada en el Parlamento.

En aquella ocasión no solamente Elkarrekin Podemos-IU -como se denomina en Euskadi la coalición- sino también EH Bildu pusieron de relieve estas acusaciones. Y no mencionaron solamente casos en el sector energético sino también en otros ámbitos como el sanitario con el reciente salto del exconsejero de Salud, Jon Darpón, y de parte de su equipo a la aseguradora privada Keralty. “No le oculto mi preocupación por la distancia o desafección hacia la política y las instituciones. Por ello, le pido que actúe con mesura. La prudencia es fundamental. Es positivo que las instituciones sean abiertas. Es positivo que gente de la Universidad, del tercer sector, de los medios de comunicación, de la sociedad civil o de la empresa participe en la gestión pública. Así, tenemos que regular y facilitar ese camino de ida y vuelta. Si lo obstaculizamos o lo llenamos de dudas, nunca conseguiremos que esos profesionales se vengan”. Y añadió: “Cuando sin disponer de certezas se pone el foco de la acusación en personas concretas, además de un daño personal irreparable, se mina la confianza en la política, en nuestra labor. Es más, en la práctica se está dificultando el acceso a la responsabilidad pública de personas que en este momento pueden desarrollar, como antes he respondido, su labor en la universidad, en la empresa, en los medios de comunicación, en entidades, en asociaciones o el tercer sector social. No creo en la endogamia de la acción política. Creo justo en lo contrario. Creo en la cercanía y en la relación entre las instituciones y la sociedad civil”.

La relación entre Podemos y el PNV ha pasado por varias fases desde que, al poco de su nacimiento, Pablo Iglesias ganase las elecciones generales en Euskadi a los nacionalistas. El exvicepresidente miró siempre más a EH Bildu en su intento de situarlos en la “dirección del Estado”, mientras que el PNV siempre ha recelado de algunas posiciones “recentralizadoras” en materias como los derechos sociales. En Euskadi, el anterior equipo de Lander Martínez pactó los presupuestos de 2020 con el Gobierno de Urkullu y ello motivó una crisis interna. El nuevo equipo de Garrido hizo gala de su oposición a esos acuerdos y de la necesidad de pactos de izquierdas pero, después, pactó la ley antipandemia vasca con el Ejecutivo de PNV y PSE-EE sin que hubiera necesidad para ello por la mayoría absoluta de la que dispone el Gobierno en la Cámara. La posición oficial es que, en el Parlamento Vasco, no mantienen ningún tipo de relación preferencial a pesar de los equilibrios en Madrid y que negocian cada tema por separado ofreciendo una respuesta en función de las propuestas concretas.