El Gobierno de Urkullu presume de geometría variable en el Parlamento y cierra acuerdos con todos menos Vox

La ley antipandemia con Elkarrekin Podemos-IU, la de conservación del patrimonio natural con EH Bildu (y en algunas partes también con PP+Cs) y la reforma del Tribunal de Cuentas y el reparto de sus siete puestos con PP+Cs. Ése es el más reciente balance legislativo en el Parlamento Vasco del Gobierno de Iñigo Urkullu, conformado por PNV y PSE-EE y que exhibe geometría variable y transversalidad a pesar de su holgada mayoría absoluta salida de las elecciones autonómicas de 2020. Incluso se apunta ya a un próximo pacto educativo con EH Bildu. Solamente Vox ha quedado excluido de las conversaciones y negociaciones políticas desde el inicio de la legislatura.

Lo llamativo es que estos movimientos políticos han permitido observar reacciones idénticas en quienes se quedan fuera. Si EH Bildu ha reprochado en numerosas ocasiones a Elkarrekin Podemos-IU que regaló la fotografía del consenso al Ejecutivo con una ley antipandemia que “nació muerta”, ahora la coalición de izquierdas hace lo propio con el pacto medioambiental, que deberá ser ratificado aún en comisión y en pleno. Entienden que la izquierda abertzale se ha plegado a “un elenco de intereses que no son los intereses del medio ambiente” y que ha dejado pasar “oportunidades” para un texto más ambicioso. “La única fuerza en Euskadi que defiende el espacio verde es Elkarrekin Podemos-IU”, ha afirmado Miren Gorrotxategi, que lideró una coalición en 2020 que perdió precisamente al partido verde (Equo) respecto a las elecciones de 2016.

Gorrotxategi ha lamentado que PNV y PSE-EE no hayan aceptado medidas como la eliminación en 2040 del 100% de eucaliptos y pinos -aunque Bizkaia ha anunciado algunas restricciones al respecto este miércoles- o más controles a minería, parques eólicos y placas solares en zonas de protegidas. “El PNV impone el diésel y sigue apostando por el 'fracking'”, ha dicho la dirigente de Elkarrekin Podemos-IU sobre el socio de EH Bildu, aunque luego ha matizado a preguntas de los periodistas que en ningún caso se ha retomado el polémico sistema de fractura hidráulica para extracción de gas del subsuelo. Se da la circunstancia de que el Gobierno ha pactado parte del texto con EH Bildu y también algunos puntos con PP+Cs. La coalición de derechas insiste en que nunca participa en negociaciones con la izquierda abertzale y, según las fuentes consultadas, el Gobierno ha negociado a dos bandas contenidos similares y lo que se ha producido es una coincidencia de voto.

En la Cámara hay abierta otra tramitación 'verde', la de la ley de administración ambiental. En este caso, el acuerdo con el Gobierno parece más alejado. El Ejecutivo llevó al Parlamento un texto muy similar al no aprobado la legislatura anterior pero ha presentado 232 páginas de enmiendas que cambian el sentido de la propuesta original. ¿El motivo? De 2016 a 2020 Medio Ambiente fue dirigida por el PSE-EE y ahora está en manos del PNV, por lo que las correcciones responden a ese nuevo equilibrio interno en el gabinete de Urkullu. De todo el paquete sobresale la número 61, que crea proyectos de “interés público superior”. Ello permitiría al Gobierno autonómico autorizar grandes infraestructuras por encima de los municipios, tales como instalaciones de tratamiento de aguas o residuos. Argumentan PNV y PSE-EE que se ubican en un lugar por motivos logísticos u orográficos pero que son estratégicos para el conjunto del territorio, por lo que requieren un visto bueno “desde el más alto nivel”.

Reparto en el Tribunal de Cuentas ya decidido

Por otro lado, en las últimas fechas ha cristalizado otro acuerdo político del Gobierno con la oposición, en este caso con PP+Cs. Se trata de la reforma del Tribunal de Cuentas, un proceso surgido por el salto del dirigente del PNV José Luis Bilbao directamente desde la Diputación de Bizkaia al órgano auditor. Sin embargo, precisamente ese punto no se modificará y podría volverse a dar esa misma maniobra, como tampoco se autorizarán las auditorías del propio Parlamento, ahora inexistentes a pesar de que maneja un volumen económico próximo a los 35 millones de euros anuales.

El acuerdo consiste en elevar a tres quintos el requisito de consenso parlamentario para designar a los vocales y un régimen más severo de causas de abstención y recusación. Además, con la nueva ley se renovará ya el plenario de este organismo y, nuevamente, se hará con un sistema de cuotas. Tres de los vocales -y la presidencia, previsiblemente- llegarán a propuesta del PNV, dos del PSE-EE, uno de PP+Cs y uno tendrán que repartírselo EH Bildu -segunda fuerza pero fuera del pacto- y Elkarrekin Podemos-IU.