Los trabajadores de las ambulancias subcontratadas de Osakidetza han arrancado el año con una nueva tanda de huelgas para exigir la renovación del convenio y la equiparación de sus condiciones laborales con las de los trabajadores que dependen directamente del Servicio Vasco de Salud, en la continuación de un conflicto que se arrastra desde hace meses y parece estancado y sin vías de solución cercanas. Los sindicatos ELA, LSB-USO, LAB, UGT, CCOO y ESK han convocado quince días de huelga desde este lunes día 8 al 21 de enero, que están jalonados de manifestaciones y concentraciones, dos de ellas en el Fernando Buesa Arena y Mendizorroza, coincidiendo con partidos del Baskonia y el Alavés.
Las centrales, que califican de éxito el primer día de paro, secundado por el 90% de la plantilla “pese a unos servicios mínimos abusivos”, aseguran, han cargado contra las patronales, a las que acusan de no haber convocado ninguna reunión para desbloquear el conflicto. Precisamente enmarcada en la pugna que tienen con las patronales, esencialmente con la empresa La Pau, que es la que tiene la mayor parte del servicio, el sindicato ESK ha anunciado este lunes un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC), por considerar que esta empresa está “inflando” el personal que tiene destinado al trabajo en ambulancias y por lo tanto “falseando” la información que ha proporcionado para optar a repetir como concesionaria a un nuevo concurso para el transporte sanitario no urgente de Euskadi.
Según ha informado ESK, el pasado 21 de diciembre el Departamento de Salud del Gobierno vasco publicó la resolución por la que se inicia el procedimiento de adjudicación del transporte sanitario no urgente para los próximos tres años por un valor estimado de 259 millones. Un coste en el que señalan que el 85% engloba los gastos de personal. En este marco ESK asegura que en la documentación entregada por La Pau para el concurso, la empresa incluye como personal de ambulancias a personal de la categoría de Enfermería o Responsables de Departamento, pese que sólo se deben incluir los Técnicos de Emergencias Sanitarias o Técnicos en Transporte Sanitario. “Asimismo, hemos comprobado que La Pau ha incluido en listas de subrogación con otra categoría profesional a personas que hasta ahora desarrollaban tareas de personal directivo dentro de la empresa”, señalan desde el sindicato, que asegura que han comprobado “diferencias salariales de más de 10.000 euros entre personas trabajadoras de la misma categoría y misma antigüedad”. “Toda una serie de inexactitudes que no han evitado que el Gobierno vasco dé su visto bueno a dichos pliegos, por lo que ESK ha registrado un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del Gobierno vasco solicitando la paralización de dichos pliegos en tanto en cuanto no se subsanen dichos errores”, aseguran.
ESK considera que la empresa pretende que se “financie con dinero público sus intereses”, mientras “bloquea la negociación del nuevo convenio colectivo con la excusa de la falta de dinero por parte del Gobierno vasco”. Fuentes de La Pau han rechazado valorar las acusaciones de ESK más allá de afirmar que “se ajustan a los requisitos del concurso”.
Precisamente dentro de las reivindicaciones de los trabajadores está la falta de personal para realizar su trabajo de forma correcta y para acceder a licencias o permisos en las mismas condiciones de los trabajadores de Osakidetza. En concreto, piden la homologación de las condiciones (en lo relativo a la jornada, salarios, licencias, días de libre disposición, entre otras) del personal subcontratado, al personal contratado directamente por Osakidetza que realiza las mismas funciones. La patronal se queda en su oferta muy lejos de esa reivindicaciones. Ofrece un convenio con vigencia 2024-2028, con una subida del 2,5% para cada año durante los cinco años para el salario base, pluses de nocturnidad, dietas y festividad y asistencia, además de una subida bruta de 275 euros para el plus de asistencia para cada año de los próximos cinco años. Como ofrecen una reducción de la jornada de 8 horas en 2024, y 4 horas en cada uno de los siguientes cuatro años señalan desde la patronal que “el incremento por hora de trabajo es del 4% para cada uno de los años (dependiendo de la categoría), lo que supondrá un incremento salarial superior al 20% acumulado para los cinco años”. Algo que los sindicatos rechazan de plano y señalan que el presupuesto que reciben las empresas desde Osakidetza ha aumentado en el último concurso un 30%, pero “luego no se repercute en los trabajadores”.