La magistrada Ana Torres, titular del juzgado de Instrucción 10 de Bilbao, será la encargada de investigar la grabación de vídeo en la que, según el análisis inicial de otro juez, el titular de Instrucción 7 Urko Jiménez, se aprecia a dos agentes de la Ertzaintza golpeado a dos personas extranjeras tras haber sido detenidas en una operación por delincuencia común. Torres, en 2012, fue la encargada de liderar el sumario por otra actuación policial, la carga con pelotas de goma tras la cual falleció el joven seguidor del Athletic Club Íñigo Cabacas. En su momento, recibió quejas por retrasos y falta de impulso a la investigación y se vivieron otras vicisitudes en torno a su figura que incluyeron un supuesto espionaje y escolta policial.
El caso ha llegado a la sala de Torres en reparto. Jiménez investigaba la denuncia inicial por atentado contra la autoridad de la propia Ertzaintza contra los arrestados, que habían tenido un altercado con unas mujeres en la zona de San Francisco, en Bilbao. Finalmente, el análisis de las grabaciones motivó un giro de guion al entenderse que los funcionarios se habían excedido en el uso de la fuerza. Aunque había ocho ertzainas en el lugar, solamente dos tuvieron participación directa, un agente de la penúltima promoción y otro agente primera (cabo), según fuentes internas. Los dos policías tendrán que declarar en calidad de investigados el próximo mes de marzo. No dispondrán de abogados del Departamento de Seguridad y tendrán que defenderse con un letrado particular.
En cuanto al 'caso Cabacas', la abogada de la familia de la víctima, Jone Goirizelaia, cuestionó en muchos momentos los retrasos que se produjeron. El juicio no llegó hasta 2018, seis años después de los hechos, y la resolución definitiva del Tribunal Supremo se conoció en 2021, el pasado año. Goirizelaia, histórica dirigente de la izquierda abertzale, llegó a presentar en 2016 una doble queja contra la magistrada. Mientras el decanato de jueces la archivó, el entonces fiscal superior, Juan Calparsoro, abrió diligencias por las supuestas dilaciones indebidas. Lo hizo después de haber cuestionado públicamente la celeridad de la investigación, un comentario que le valió la reprobación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y por el que tuvo que pedir disculpas.
Además, en un momento inicial y cuando los medios de comunicación publicaban información del proceso, presentó una denuncia ante un compañero juez y logró que la Policía hiciera un barrido de sus equipos informáticos para descartar el espionaje. Igualmente, solicitó a la Ertzaintza (y logró) protección de un guardaespaldas ante los riesgos que percibía para su integridad por haber asumido esa causa. Para los informes periciales optó por contar con la Policía Nacional y no con la Ertzaintza como Policía judicial.
Torres, cuya “minuciosidad” destacaron entonces quienes la conocen, completó la investigación sobre Cabacas hace cinco años, en la primavera de 2017. En un duro auto final, señaló las graves negligencias en el operativo tras un partido de fútbol en el viejo San Mamés en el callejón perpendicular a la calle de María Díaz de Haro. Según sus conclusiones, “era absolutamente previsible que el lugar pudiera convertirse, ante una situación de pánico como la que deben producir disparos con pelotas de goma, en un lugar de atrapamiento” con una consecuencia “mortal”, como así fue. Sin embargo, procesó solamente a tres mandos intermedios, nunca investigó a los mandos superiores y exoneró a los agentes que habían admitido haber usado las escopetas con el argumento de que era evidente que fueron muchos más los que lo hicieron, aunque lo negaran en la investigación interna. La Audiencia Provincial la corrigió y sentó en el banquillo también a esos tres ertzainas de base. No obstante, solamente el ertzaina con más galones sobre el terreno acabaría siendo condenado y a una pena mínima, sin necesidad de ingreso efectivo en prisión.
En el caso actual, a la investigación judicial se le suman dos más. Por un lado, Seguridad ya ha informado de que el expediente está en manos de Asuntos Internos, aunque no se ha recibido aún una copia del vídeo y lo único que maneja la Policía vasca es la descripción que de él hizo el primer juez, Urko Jiménez. Sin embargo, la normativa especifica con claridad que cualquier medida disciplinaria queda congelada hasta que se resuelva la vía penal. No obstante, de manera cautelar, los dos implicados han sido destinados a un lugar diferente a San Francisco. Por otro lado, este asunto se ha incorporado ya al orden del día de la nueva comisión de transparencia policial, un órgano presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra.
elDiario.es/Euskadi
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