El Ararteko amaga con acudir a la Fiscalía si las instituciones vascas no colaboran para resolver las quejas ciudadanas

El informe anual del Ararteko, la Defensoría del Pueblo y órgano competente para analizar problemas de funcionamiento de las instituciones vascas, recoge “con preocupación” una “progresiva falta de atención en el plazo de respuesta a las peticiones de información en los expedientes de queja”. Es decir, las instituciones que reciben quejas de la ciudadanía se muestran cada vez más perezosas a la hora de responder. Manuel Lezertua, titular del Ararteko, lo ha achacado a que “algunas administraciones han descuidado su colaboración” tras el “parón de actividades” motivado por el confinamiento de 2020 a causa de la COVID-19 y ha recordado que no aportar información es un de “delito”. Ha propuesto imitar cambios legales como el de Navarra para que el Ararteko tenga potestad sancionadora.

“Esto es una situación que no es agradable para el Ararteko”, ha indicado Lezertua en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento Vasco minutos después de haber entregado el informe a la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria. Como dato, ha indicado que “en 46 ocasiones en diciembre se tuvo que recordar la existencia de delito” al no cooperar. Ha apostillado que se estudió “la posibilidad de acudir a la Fiscalía para presentar denuncias por incumplimientos”. Por el momento, el aviso ha hecho que la mayoría de problemas se hayan resuelto, salvo siete casos concretos de municipios. Fuentes del Ararteko indican que esta vía de acudir a la Fiscalía solamente se ha activado en una ocasión en el pasado para requerir información al Ayuntamiento de Pasaia cuando la titular de esta institución era Mertxe Agúndez. Lezertua ha apuntado que tiene ya programada una reunión con la fiscal superior vasca, Carmen Adán.

“En consecuencia -explica el Ararteko- se han puesto en marcha varias medidas destinadas a intensificar los requerimientos de atención, en plazo y forma, reforzando los contactos y recordando las consecuencias que la falta de cooperación con el Ararteko tiene para la garantía de los derechos de la ciudadanía y para la propia credibilidad institucional”. Y no solamente no se colabora en la fase de investigación, sino que a veces tampoco a la hora de aplicar los cambios y recomendaciones propuestos: “También resulta objeto de preocupación la falta de respuesta en relación con la aceptación o rechazo de las resoluciones del Ararteko, lo que obliga a reiterar, en muchas ocasiones, las consultas, a formular requerimientos y advertencias, dilatando la duración de la resolución de las quejas (aspecto este que resulta muy negativo en la opinión de las personas que acuden al Ararteko). Todo ello afecta negativamente a la eficacia de la institución y, consiguientemente, a la protección de los derechos de las personas”.

Lezertua, en todo caso, ha querido destacar que “en general hay un ambiente de colaboración”. “Pero se han producido casos que no es posible pasar por alto”, insiste. “Nos quedan algunas instituciones recalcitrantes”, ha ironizado. En su comparecencia, ha indicado que en “en Navarra han cambiado la ley para otorgar al Defensor del Pueblo el poder de imponer sanciones”. “Y esto tiene un efecto disuasorio muy importante. He propuesto que incluyamos este tema aquí. Vamos a llevar a cabo una reflexión en el mes de junio con los grupos parlamentarios, la ley del Ararteko tiene 40 años”, ha explicado.

En cuando a las quejas presentadas, el Ararteko tiene constancia de una subida del 220% en los problemas relacionados con Osakidetza, a la que Lezertua ve con “tensión” tras la pandemia. Suponen el 12% de la actividad. Eso sí, el área de infancia y adolescencia acapara el 19% del trabajo. En general, el 46% de los expedientes “tienen relación con derechos sociales”, entre los que se incluyen las clásicas peticiones sobre la RGI, Vivienda o Educación.