El Ararteko, la Defensoría del Pueblo de Euskadi y una de sus instituciones de referencia, desea acometer una reforma de calado de su funcionamiento de cara a 2025, el año de su cuadragésimo aniversario. Después de un “largo y profundo proceso de reflexión y análisis”, el organismo ahora liderado por Manuel Lezertua ha elaborado un documento al que viene en llamar 'Informe ULETA' y, según ha podido saber este periódico, en él plantea medidas como ampliar de cinco a siete años el mandato de los defensores, que son elegidos por el Parlamento Vasco con una mayoría absoluta reforzada de tres quintos, dotarles de “inmunidad” penal y civil en el ejercicio de sus funciones, disponer de mayor capacidad “coercitiva” para que las instituciones cumplan con los requerimientos emitidos, reforzar la exclusividad de competencias del Ararteko para asuntos vascos frente al Defensor del Pueblo estatal o convertir también a esta oficina en la referencia para proteger a las denunciantes de casos de corrupción. Algunas de las peticiones se pueden aplicar directamente pero la mayoría requiere de una reforma de la ley reguladora del Ararteko de 1985 o incluso del Estatuto de 1979, hasta ahora nunca modificado.
Lezertua ha enviado el 'Informe ULETA' este mes de julio al Parlamento Vasco, que es la institución de quien depende el Ararteko a todos los efectos, incluso a nivel presupuestario. Así lo confirman fuentes de ambas instituciones. El plan va adjunto a una carta con destino a la presidenta, Bakartxo Tejeria. La misiva remarca que la ley de 1985 habilita al propio Ararteko a proponer una reforma de su funcionamiento y se fundamenta en que la Defensoría tiene que adaptarse a una sociedad diferente a la de hace casi cuatro décadas. Toca “consolidar y fortalecer” este organismo también a la luz de otro documento internacional llamado 'Principios de Venecia', ideado para la “protección” de la figura de los 'ombudsman'. “El 'Informe ULETA' no contiene una propuesta de texto articulado, pues no pretende agotar las posibilidades de reforma ni suplantar el papel del legislador a la hora de formular una reforma legal de la institución, sino simplemente llamar la atención sobre aquellos aspectos que, a juicio de esta institución, merecen ser considerados”, escribe Lezertua.
Con todo, el resumen de propuestas del 'Informe ULETA' tiene 34 páginas en su versión en castellano y es bastante concreto. Fue elaborado en junio, aunque no se había dado a conocer. En la introducción, se insiste en la necesidad de “consolidar y fortalecer la institución del Ararteko por su papel esencial en el fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho, de la buena administración y, en última instancia, en la protección y promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.
La primera de las medidas pasaría por retocar el artículo 15 del Estatuto para mencionar expresamente al Ararteko como “institución propia de Euskadi” y “eliminar” la referencia a la Constitución y al Defensor del Pueblo estatal. Se desea que queden blindados ahí también la mayoría “cualificada” de tres quintos de la Cámara necesaria para la designación del 'ombudsman' vasco (45 escaños de 75) y el “aseguramiento de la suficiencia financiera” de la institución. Igualmente, se aboga por “reconocer al Ararteko la exclusividad para la supervisión de la Administraciones vascas” hasta el punto de que se buscará un “convenio” con el Defensor del Pueblo del Estado para regularlo de modo inmediato hasta que se acometan las reformas legales demandadas.
Los titulares del Ararteko ocupan el puesto durante un período de cinco años prorrogable en una ocasión. Ahora, se solicita “un mandato único de al menos siete años” y “sin posibilidad de reelección”. También se demanda más libertad para configurar la estructura del organismo. Por ejemplo, se quieren plenas facultades para la “libre designación” del adjunto del Ararteko, el 'número dos'. Se haría “sin que requiera la conformidad parlamentaria explícita actualmente prevista”, aunque sí se admitiría un derecho a “veto” posterior de la Cámara sobre los nombres que plantee el defensor. Las dos últimas adjuntas del Ararteko han sido cargos procedentes del PSE-EE, Julia Hernández e Inés Ibáñez de Maeztu. Y se propone crear otra adjuntía, una especie de 'número tres' centrado en asuntos de “infancia y adolescencia”.
En la actualidad, el Ararteko tiene 36 cargos de confianza, denominados como “personal eventual”. Este grupo es mucho más amplio que los 14 funcionarios de carrera y los cinco interinos que allí trabajan y ha sido objeto de controversia desde hace años. A este respecto, el plan apunta a procesos de designación “basados en el mérito” y con convocatorias públicas. “El personal técnico de confianza, que será libremente designado y cesado [sic] por la persona titular de la institución, será elegido entre personas de acreditada cualificación y competencia para el puesto, con respeto a los principios de mérito, capacidad y publicidad”, se expone, aunque sin llegar a mencionar la funcionarización de la plantilla.
El Ararteko quiere mejorar también el estatus institucional de su titular. En concreto, demanda un “estatuto de inmunidad” que sería extensible igualmente a los adjuntos. Como referencia, se apunta a la posición de los parlamentarios autonómicos, blindada en el Estatuto. ¿Cuál es el marco de inmunidad de los parlamentarios? Éstos “serán Inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo” y “durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco”. En el resto de España, están aforados ante el Tribunal Supremo. Se busca una “protección contra la responsabilidad penal y civil por los actos realizados de buena fe en el estricto ejercicio de sus funciones oficiales”. Igualmente, se quiere un defensor “debidamente remunerado” y con “compensación por jubilación” que esté “asegurada”. Ahora mismo, el salario de Lezertua, cuyo mandato expira en 2026 ya que fue renovado para un segundo quinquenio en 2021, es de 101.471,72 euros. Y el de la 'número dos', Ibáñez de Maeztu, de 91.834,12 euros. A cambio, los altos cargos tendrían un código ético donde se fijarían incompatibilidades y otras prácticas no decorosas.
El Ararteko quiere que la ley fije la “obligación” de todos los poderes públicos de “respetar” la independencia de la institución y de atender sus requerimientos. Se abre la puerta a reforzar la colaboración con la Fiscalía no solamente para informarle de posibles asuntos que revistan indicios de ser un delito sino “ante una falta de colaboración” de algunos organismos a la hora de trasladar información o atender a exigencias de este organismo. Es algo que ha sido ya denunciado por Lezertua en los últimos años. Hay que “incorporar a la ley del Ararteko la habilitación para ejercer distintos medios de coerción orientados a hacer cumplir a la Administración con su deber de colaboración”, se indica. Como ejemplos, se apunta en un listado a crear un “registro público” de “administraciones entorpecedoras”. “Esto incluye el derecho a un acceso sin trabas a edificios, instituciones y personas, incluyendo las personas privadas de libertad”, se plantea también. Quiere “revisar”, igualmente, que los parlamentarios puedan formular quejas ya que se entiende que responde a un “uso partidista” de esta institución.
El Ararteko busca ganar también nuevas competencias. Por ejemplo, desea poder controlar “servicios de interés general de titularidad privada”, como todo lo relativo a los derechos de los consumidores en colaboración con Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo). Pero, sobre todo, quiere convertirse en una referencia también contra la corrupción. Puede ser un organismo “de control” e “independiente” para “garantizar que las denuncias ciudadanas se examinen adecuadamente”. En definitiva, una “autoridad independiente en materia de protección de informantes de corrupción”. En Euskadi no hay ley de Transparencia y se han rechazado oficinas 'ad hoc' para ello aunque el Gobierno de Iñigo Urkullu, muy al final, accedió a transponer una normativa estatal y europea que regulaba un canal de denuncias internas dentro de la propia Administración. Precisamente fichó a un cargo del Ararteko, a Maite Basabe, para liderarlo.
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