La magistrada de Balmaseda Nerea del Río Amieiro ha acordado el sobreseimiento “provisional” de la investigación penal contra el exalcalde de Güeñes por el PNV, Imanol Zuluaga, actualmente asesor de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y contra dos excargos de Medio Ambiente con el PSE-EE, la exviceconsejera Elena Moreno, ahora directora de Comercio, y el exdirector Iván Pedreira, ahora en la Diputación de Gipuzkoa. La Comisión de Ética permitió a todos ellos continuar en responsabilidades políticas mientras no se celebrara un juicio que ahora ya queda descartado. En la pieza, en la que se analizaba una denuncia de la plataforma contra la contaminación en Glefaran Güeñes Bizia, había imputadas igualmente otras tres personas, concretamente técnicos del Gobierno vasco del área de Salud Pública.
La denuncia ahora desestimada tras cuatro años en los tribunales tuvo su origen en las emisiones de la empresa Glefaran, que tomó el relevo de Pastguren pero que ya desde 2023 no quema maderas para generar energía. Ubicada entre Zalla y Güeñes, en las Encartaciones de Bizkaia, cuando inició su actividad llenó el pueblo de “cenizas”. Era 2018 y los vecinos temían que fueran tóxicas y cancerígenas. Medio Ambiente, con base en un informe encargado por Pedreira, estimó que la situación era “molesta” pero no “tóxica”. La plataforma ecologista, por el contrario, sostuvo que nunca se realizaron las mediciones sobre “benzopirenos” y otros metales pesados, por lo que fueron a los tribunales acusando a Medio Ambiente de falsear las conclusiones del caso. Elevaron la denuncia también contra la superior jerárquica de Pedreira en aquella época, Moreno, y contra el alcalde del pueblo, Zuluaga, aunque él era el receptor. Más tarde se sumaron los técnicos de Salud Pública responsables de los informes. Fuentes municipales siempre defendieron a este periódico que las mediciones se realizaron, más allá de que no se hicieran públicos los detalles de ese trabajo.
La magistrada, terminada la investigación, sostiene ahora que “de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpretación del delito”, según consta en un auto fechado a 14 de noviembre y notificado 48 horas después. En una resolución con abundantes errores de redacción (habla, por ejemplo, de Medio “Amiente”), la instructora defiende que no se ha podido probar ninguna falsificación. En forma de preguntas al aire, apunta a que nadie ha demostrado que no se realizaran las mediciones o que se hicieran y se dieran otros resultados diferentes a los obtenidos. “Existen múltiples interrogantes cuya respuesta resulta necesaria para la continuación del procedimiento”, estima.
La Fiscalía no se ha opuesto a este cierre de la causa, aunque siempre que se preserve el matiz de que el sobreseimiento no es definitivo de modo que se podría reabrir en caso de que aparecieren nuevos indicios. Es un formalismo habitual que no le resta firmeza a la decisión. Quedan retirados, por lo tanto, los cargos de prevaricación y falsedad documental, aunque los denunciantes tienen posibilidad de recurso. Sin embargo, no consta que se haya archivado una segunda pieza contra Moreno y Pedreira, esta vez en solitario. Güeñes Bizia denunció que Medio Ambiente había admitido para la Glefaran la misma autorización ambiental que tenía Pastguren, cuando realizan actividades diferentes.
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