El número de quiebras de personas no empresarias ha crecido significamente en Euskadi en los últimos meses al calor de la incertidumbre económica, la subida de la inflación y el incremento del euríbor, el índice de referencia que marca la base de las cuotas que se pagan en la mayor de los créditos hipotecarios. Los últimos datos del Consejo General del Poder judicial correspondientes al tercer trimestre de este año señalan que entre los meses de julio y septiembre se declararon en quiebra en Euskadi por no poder hacer frente a sus deudas un total de 44 personas, el doble que las 22 que lo hicieron en este mismo periodo de 2021. Habrá que esperar a ver cómo finaliza el año para comprobar si existe un crecimiento elevado respecto al ejercicio anterior, pero la evolución no es precisamente muy positiva: en todo 2021 se registraron un total 119 quiebras y entre los meses de enero y septiembre de 2022 -no está contabilizado aún este último trimestre- ya suman 113.
Solo en los tres primeros meses del año se habían iniciado en los juzgados de primera instancia vascos 70 tramitaciones de la Ley de Segunda Oportunidad, que permite condonar a particulares y autónomos sus deudas o aplazar los pagos. 45 de ellos en Bizkaia, 5 en Gipuzkoa y 21 en Álava, según datos del TSJPV; unas cifras de tres meses que contrastan con los 68 iniciados en todo el año pasado: 13 en Álava, 12 en Gipuzkoa y 27 en Bizkaia. Los expertos vaticinan que a partir ahora esta cifra irá creciendo por la situación económica compleja derivada de la crisis de la guerra de Ucrania, que han incrementado los precios complicando, y mucho, las economías domésticas. Además, los cambios introducidos en la Ley en el mes de septiembre permiten agilizar los trámites y hacen el procedimiento más accesible y también más favorable para los afectados.
De entrada, tres juzgados de lo Mercantil centralizan desde ahora en Euskadi todos los casos relacionados con personas que se declaran en quiebra por no poder pagar sus deudas. Se trata del juzgado número 3 de Bizkaia, el número 2 de Gipuzkoa y el Instancia numero 7 de Vitoria, que han cogido el relevo a los juzgados de primera instancia, que hasta hace unos meses eran los encargados de ocuparse de los casos de quiebras de personas naturales no empresarias. Es decir quiebras que no son de empresas, sino de personas físicas, pero en las que tampoco la persona afectada es un empresario. Este cambio de jurisdicción a lo mercantil deriva de las modificaciones introducidas en la denominada Ley de Segunda Oportunidad y es importante porque permitirá otorgar mucha más agilidad en la tramitación de estos procesos de quiebras personales en un momento en el que parece predecible un aumento.
“A partir de ahora se espera que haya un gran crecimiento de peticiones para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Primero por la situación económica compleja, y segundo porque mucha de la gente que ya está en dificultades ha estado esperando a que entraran en vigor los cambios introducidos en la Ley”, señala el abogado donostiarra Rafael Dueñas, experto en este tipo de procesos. “De entrada, el hecho de que estén en la jurisdicción mercantil hará más rápidos los procedimientos porque estarán en manos de jueces acostumbrados a lidiar con procesos de quiebras”, dice. Los cambios introducidos por los legisladores en esta normativa acortan los plazos, y amplían la cantidad que es posible cancelar de la deuda que se tenga con Hacienda y con la Seguridad Social, hasta un máximo de 10.000 euros con cada institución. “Pero además, y esto es muy importante, el solicitante que tenga una vivienda en propiedad podrá ahora escoger ahora entre sacrificar su patrimonio y quedarse sin vivenda para cancelar sus deudas, o poder salvar su vivienda y asumir un plan de pagos a cinco años para saldar la parte de las deudas que no se puedan cancelar. Y claro, la gente quiere poder salvar su vivienda porque los alquileres tampoco es que estén muy asequibles”, señala Dueñas.
El número de quiebras de personas naturales no empresarios en Euskadi creció significativamente en Euskadi ya con motivo de la pandemia. En 2019, antes de la crisis de la COVID-19 se presentaron 89. Un año después había en los juzgados vascos 128 concursos personales no empresarios. El año pasado se redujo ligeramente el número, con 119, y este año hasta septiembre ya hay 113. “La previsión es que crezcan a partir de ahora por que la inflación y el euríbor al alza puede llevar a mucha gente a situaciones límites”, señala este abogado.
El peligro del crédito fácil “a golpe de click”
Según señala Dueñas, los casos que trata en su despacho de gente que no puede hacer frente a sus deudas son muy variados, pero predominan parejas de empresarios -en su mayoría mujeres- “que se les ha colocado como avalistas de empresas que han quebrado”; también gente con problemas de deuda de juego, señala. Pero alerta de que cada vez son más los casos de consumidores que han sucumbido a la facilidad que se tiene en estos momentos para acceder a créditos.
“Solo con un click accedes por internet a un crédito pero con unos intereses altísimos que luego no pueden pagar y acaban pidiendo otro crédito para hacer frente a los pagos del primero... y así sucesivamente engordando una bola de la que no pueden salir”, señala Dueñas que destaca como otro problema grave el de “las tarjetas revolving, que te permiten pagar a crédito, pero con unos intereses disparados”. “Al final es gente que se acaba metiendo en una espiral de microcréditos personales”.
Por eso, insiste en que la situación actual con la inflación disparada y la subida del euríbor puede ocasionar una “tormenta perfecta”. “Hay gente que con la subida del cesta de la compra y de la hipoteca tiene que elegir qué pagar, la comida o el banco. Acaba pidiendo un crétido personal para pagar la hipoteca esperando que vengan tiempos mejores, pero luego en el día a día de una familia hay muchos extraordinarios: gafas, dentista...y vuelven a pedir otro crédito hasta que se hace la gran bola de nieve”.