La Diputación de Bizkaia ha decidido clausurar durante un año la residencia Nuestra Señora de Leire de Barakaldo, en la que algunas noches no quedaba ningún trabajador a cargo de los ancianos. Los “muy graves” incumplimientos se percibieron, según ha explicado este martes el diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, después de que la clausura temporal de otro centro de la localidad, Íñigo de Loyola, los pusiera sobre la pista. “A la Diputación no le va a temblar el pulso si tenemos que cerrar un centro. La prioridad es garantizar los cuidados de nuestros mayores, por encima de cualquier otro interés”, ha señalado Murillo, en unas declaraciones que recoge Europa Press.
De titularidad privada, la residencia contaba hasta noviembre de 2021, sin embargo, con diez plazas concertadas con la Diputación. Fue el día 24 de ese mes cuando la Diputación dejó al centro fuera de la concertación por, según adujo entonces, “no cumplir los requisitos económicos establecidos”; desde ese momento, se invitó a los diez residentes que ocupaban una plaza concertada que buscaran otro centro al que acudir y la propia Diputación agilizó el traslado. El sindicato ELA señaló entonces el riesgo que corrían las catorce trabajadoras del centro. “El sindicato insiste en que, aunque es totalmente procedente que la Diputación vigile e intervenga en contra de las irregularidades y delitos fiscales, también lo es que tenga en cuenta las negativas consecuencias laborales que pueden tener determinadas actuaciones”, protestó.
Las inspecciones que arrojaron luz sobre los incumplimientos que se estaban produciendo en la residencia llegaron un mes antes de que se suspendiera la concertación, el 8 y el 18 de octubre. El 17 de noviembre, según ha explicado Murillo, se inició el expediente sancionador que, tras el periodo previsto para las alegaciones, se cerró el 28 de enero. “A la Diputación no le va a temblar el pulso si tenemos que cerrar un centro. La prioridad es garantizar los cuidados de nuestros mayores, por encima de cualquier otro interés”, ha sostenido, y se ha escudado para ello en unos datos propios según los que en 2021 se llevaron a cabo “más inspecciones que nunca” en esta clase de centros de Bizkaia: 473 en 2021 frente a las 436 de 2020 y las 398 de 2019.
Otra residencia con los ancianos “desamparados”
No es el primer centro de la localidad vizcaína que acaba cerrado por incumplimientos graves. Fue la propia Diputación, por boca de su diputado de Acción Social, Sergio Murillo, la que admitió en octubre que se habían detectado algunas deficiencias en Íñigo de Loyola y que, ante la falta de respuesta por parte de los dueños, se había optado por clausurarla de forma temporal. Esta residencia ataba a usuarios sin la prescripción médica procedente, tenía a trabajadoras de la limpieza cuidando de los ancianos y las empleadas denunciaban que algunas noches la única gerocultora tenía que ir turnándose entre el centro y otra residencia de la misma empresa. Situada a apenas unos metros del centro de la localidad vizcaína de Barakaldo, la residencia Íñigo de Loyola es de titularidad privada, propiedad de Residencias Aita y Ama, si bien algunas de las plazas están concertadas con el Ayuntamiento y otras con la Diputación de Bizkaia. A petición de EH Bildu, explicó que se tenía constancia de usuarios atados sin la prescripción médica pertinente y que también se habían detectado “vulneraciones sobre titulación de profesionales de enfermería y la ausencia de un programa de actividades”. Una queja llevó a la apertura de un primer expediente en julio, en septiembre se llevaron a cabo varias inspecciones, desde el 8 de octubre estas se tornaron diarias y, finalmente, el 12 de octubre se optó por cerrar el centro de forma temporal, a la vista de que las deficiencias sobre las que se había puesto el foco no se habían subsanado.
Las trabajadoras, consultadas por este periódico, apuntaban a otros aspectos que el diputado no llegó a mencionar en su comparecencia. Residencias Aita y Ama, titular del centro, cuenta con otros además de Íñigo de Loyola. Una trabajadora, Sonia Álvarez, denunciaba que, en ocasiones, la gerocultora que quedaba a cargo de los ancianos por la noche tenía que hacer turnos de tres horas entre Íñigo de Loyola y otro centro. Mientras estaba en uno y también a lo largo del trayecto, los ancianos del otro quedaban “desamparados”, sin nadie que los vigilase o que estuviese allí en caso de que lo necesitasen. Las trabajadoras, sin embargo, matizaban que la residencia sí contó en algún momento con los permisos para la sujeción de los ancianos y que, además, se tenía el visto bueno de los familiares, pero que esos permisos debieron de “perderse”. “No los teníamos maltratados. Era el último recurso y solo atábamos a los abuelos que iban a sufrir algún accidente”, se explicaban.
Los problemas, según las trabajadoras consultadas entonces, no se circunscribían únicamente a la falta de personal, sino que también implicaban malas condiciones laborales. “Nosotras teníamos contratos y de antigüedad, pero con la nueva gerencia venía gente que no tenía contrato y que cobraba en negro”, apuntaba Álvarez, que aseguraba que llegó a estar hasta tres meses sin cobrar. Las empleadas subrayaron también que se habían producido despidos injustos por coger la baja. “Estábamos saturadas de trabajo, con funciones que no nos correspondían, pero jamás ha sido posible hablar con la empresa. Querían que quienes teníamos antigüedad nos fuésemos voluntariamente. Decían que, como iba mal la empresa, nos teníamos que ir, para reflotarla sin nosotras”, añadían. “No está en buenas manos y deberían retirarles la licencia, porque juegan con el personal y los residentes”, zanjó entonces, cuando la clausura era todavía solo temporal. Las “tropelías”, aseguraba, se sucedían “una tras otra”.